España se alinea con las operadoras y se resiste a acabar con el sobrecoste del ‘roaming’ en la UE
La llegada de Letonia a la presidencia semestral del Consejo Europeo ha dado un impulso fundamental a la directiva para suprimir el sobrecoste por llamar con el móvil desde cualquier otro país de la Unión Europea. Letonia, que sucedió a Italia en enero a la cabeza de la UE, ya ha presentado un compromiso sobre el llamado 'roaming', también conocido como itinerancia de datos. Según el borrador letón, el sobrecoste por llamar desde otro país de la UE saldrá por 0,05 céntimos de euro a partir de julio de 2016, una solución que no convence a todos.
Entre los países más reacios aparece España. En una reunión técnica del Consejo que tuvo lugar el 13 de enero, España mostró sus reticencias al plan de Letonia, según fuentes del Consejo. Bélgica también protestó tibiamente, aunque los países más opuestos fueron Chipre y Grecia. Informalmente, las diferencias están entre los países “exportadores” de 'roaming' y los “importadores”, estos últimos generalmente países turísticos que reciben un flujo mayor de visitantes de la UE. Y aquí entran los mediterráneos España, Grecia y Chipre.
La confrontación ya quedó patente en el último informe del Berec, el órgano creado por reguladores de telecomunicaciones de los 28 al que pertenece la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España. Según la visión del superregulador de los mercados, las 'telecos' españolas se benefician más que las de otros países del uso de itinerancia de datos en suelo nacional por parte de visitantes de la UE. Como país turístico, ofrece estos servicios y en ocasiones, cuando el flujo de visitantes es mayor, proporciona una infraestructura adicional para que los clientes europeos puedan llamar y hagan uso de sus datos móviles (como acceder a Internet). Y el Gobierno ha comprado este punto de vista, trasladándolo a Bruselas.
“El Gobierno español no es partidario de aplazar la eliminación del 'roaming' sino que está defendiendo ante las instituciones comunitarias la rápida aplicación de la supresión del sobrecoste”, dice a eldiario.es un portavoz autorizado del Ministerio español de Industria, responsable en materia de telecomunicaciones, que dirige José Manuel Soria.
La defensa tiene matices: “España, como es lógico por ser un país que tiene un saldo neto positivo de recepción de visitantes de otros países de la Unión Europea, es contraria a propuestas que pretenden que la parte relevante de estos costes sean asumidos por los países receptores netos de visitantes”, responde la misma fuente. “Somos partidarios de soluciones que permitan una distribución de estos costes que sea equitativa”.
Pegas para forzar un retraso
La sensación, de acuerdo con varios eurodiputados consultados, es que los países airean que quieren acabar con el sobrecoste pero luego ponen pegas y actúan de manera contraria. “La parte técnica es un galimatías que hay que revisar sí o sí para que no se produzca fraude. Por ejemplo, en caso de no existir sobrecarga en el 'roaming', uno podría viajar a otro país a contratar a una compañía cuyos costes telefónicos fueran más baratos”, explica una fuente del Parlamento Europeo.
Ya se habla en el Consejo incluso de retrasar la directiva “hasta 2018 o 2019” en el caso de los países “importadores”. Y la española Pilar del Castillo (PP) se perfila como ponente del diálogo a tres bandas (Comisión-Eurocámara-Consejo) que podría arrancar en primavera para finiquitar el acuerdo. La exministra es una firme defensora de la eliminación del sobrecoste por itinerancia y lleva años bregando con la cuestión del recargo extra por llamar.
La negociación continúa. Chipre y Grecia, dos países claramente receptores de 'roaming', arguyen que acabar con el sobrecoste “matará” a los pequeños operadores que no ofrecen un servicio de itinerancia, sino que se sirven de las telecos más grandes. En abril de 2014, la Comisión Europea calculó que las operadoras europeas de telecomunicaciones perderían 1.600 millones de euros con la eliminación del 'roaming'.
Entonces parecía que la medida saldría adelante sin problemas, y de hecho la directiva fue uno de los principales argumentos de los partidos proeuropeos para animar a la ciudadanía a votar en las elecciones europeas. Hoy todo son obstáculos y el fin definitivo del sobrecargo parece más lejos.
