La Fiscalía se querella contra Shakira por un presunto fraude contra la Hacienda Pública de 14,5 millones
La Fiscalía de Barcelona ha presentado este viernes una querella contra Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió presuntamente impuestos a Hacienda por valor de 14,5 millones de euros entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales. En la querella, interpuesta en el Juzgado de Instrucción de Esplugues de Llobregat, la acusan de seis delitos contra la Hacienda Pública.
La fiscal Carmen Martín Aragón considera en el escrito que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e Impuesto de Patrimonio los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública, respectivamente, de 12.371.197,97 euros (IRPF) y 2.191.771,58 euros (IP).
La Fiscalía argumenta en la querella que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron “esporádicas”, por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario. Además, pide que se le requiera una fianza de 19.417.292,73 euros -equivalente a lo presuntamente defraudado a Hacienda más un tercio- o el embargo de bienes hasta cubrir este importe.
La fiscal argumenta que el plan de Shakira para conseguir no pagar impuestos “consistió básicamente en que fueran las sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar de que figurase ella misma”, quien aparecía en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, dice el escrito.
A dichas sociedades fue donde de “forma indirecta fue a parar la mayor parte de la renta y de la que dispuso en provecho y beneficio propio”, argumenta la fiscal, que también se querella contra un consejero legal, con despacho en Nueva York, de la querellada y que ejercía de director y manager de diversas compañías propiedad de la cantante.
Las empresas “fueron interpuestas con el único objetivo de ocultar a la Hacienda Pública las rentas y el patrimonio de la querellada”, ya que carecían de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos.
Así, según la fiscal, la única relación de Shakira con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional.
Residente en España
Según el cómputo de la Fiscalía, la querellada permaneció de manera efectiva en España 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014 y se ausentó de este país para atender sus compromisos profesionales y de ocio: 123 días en 2012, 153 días en 2013 y 121 días en 2014.
Por ello, la fiscal defiende en su escrito que al tener su residencia en España de manera habitual y haber permanecido más de 183 días en cada año natural, “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador”, así como por la totalidad de su patrimonio.
Shakira había asegurado “en multitud de ocasiones” que tenía residencia fiscal en Bahamas y presentó un documento de verificación de residencia expedido por el Department of Inland Revenue, con fecha 7 de septiembre de 2016, en que confirmaba que era y había sido residente de las Bahamas desde 2007 y se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales, recoge la Fiscalía.
No obstante, la fiscal considera que la cantante no estuvo ningún día entre 2012 y 2014 en el país y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio, ni declaración de ningún otro tipo de impuesto, y constata que el único vínculo con él es la existencia de un inmueble propiedad del 50% de la sociedad CBPI de la que ella es socia.
Shakira dice que ha pagado “hasta el último euro”
La cantante Shakira ha afirmado este viernes a través de un comunicado de su oficina de comunicación que “ya ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria y, por tanto, no debe nada al Estado español”.
La oficina de comunicación de la artista ha indicado que la cantante ya ha pagado los 14,5 millones y que “no tiene sentido” que el ministerio público le reclame una fianza, que la querella de Fiscalía cifra en 19,5 millones de euros.
El equipo de la cantante se muestra convencido de que “se inicia un procedimiento judicial con el objeto de meter miedo al resto de los contribuyentes utilizando a Shakira como chivo expiatorio, ya que ha sido una persona que ha contado toda su vida con una intachable reputación”.
También critica que Shakira no ha recibido la querella formalmente, sino que se ha enterado por la prensa, “y lo más grave es que Fiscalía lo ha filtrado repartiéndola a la prensa incluso antes que al Juez extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus”.
Contradice a la Fiscalía
El comunicado contradice a la Fiscalía e indica que Shakira no estuvo más de 183 días en España entre 2012 y 2014, y que la Agencia Tributaria ha utilizado criterios “muy forzados”.
Argumenta que el criterio de ausencias esporádicas que alega Fiscalía solo se aplica cuando hay presencia previa pero que en el periodo de discusión la cantante era una ciudadana extranjera y hasta 2015 nunca fue residente fiscal en España, por lo que su equipo considera que el criterio del ministerio público es un “atropello recaudatorio”.
“En el mismo momento en que Shakira pasa más de 183 días toma la iniciativa de declararse residente fiscal en España y tributar en este país”, señala, en referencia al año 2015.
Añade que la estructura societaria que se discute se formó en 2007 “años antes de conocer a su pareja cuando Shakira no vivía en España, ni tenía intenciones de hacerlo” y que fue validada por autoridades de la Unión Europea y por PriceWaterhouseCoopers (PwC).
Y reafirma que, al contrario de lo que dice la Fiscalía, Shakira, a través de sus asesores fiscales de Ernst and Young (EY), “ha colaborado con la agencia y prestado toda la información de forma clara y transparente con el fin de estipular las cuotas”.
