35 años de amenazas fantasmas al sistema público de pensiones

La manifestación masiva de miles de jubilados el pasado jueves para protestar contra la reforma del sistema público de pensiones de 2013 y la revalorización anual del 0,25% ha puesto al Gobierno contra las cuerdas. La falta de respuestas del Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre la debilidad del sistema público y unas pensiones menguantes en los próximos años, como apuntan numerosos expertos ha lanzado a los jubilados a la calle. 

El Gobierno niega que las pensiones vayan a caer debido a sus políticas, aunque no aporta datos ni estudios que lo respalden. Lo tangible es que el Fondo de Reserva alcanzó un importe de 8.095 millones de euros a 1 de diciembre de 2017, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002. Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Este instrumento creado en el año 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.

Las llamadas constantes, sin aclarar los intereses a los que respondían, desde diversas instituciones a la incapacidad del Gobierno a financiar las pensiones ha provocado mayor incertidumbre. La fecha del desenlace fatal se ha ido retrasando: primero era 2015, posteriormente la caída del sistema sería en 2020, unos años más tarde las pensiones públicas desaparecerían en 2030 mientras que en la actualidad la frontera en la que los expertos apuntan que el sistema no podrá pagar la jubilación es 2050.

El que fuera dirigente de UGT José María Zufiaur ya avisaba en un artículo en el diario Cinco Días en 2003 de las apelaciones al desastre para atemorizar a los ciudadanos sobre sus pensiones para que suscriban fondos privados.

En 1983, hace ya 35 años, el diario ABC llevaba en portada un informe de la Organización Internacional del Trabajo en el que alertaba que “el futuro de los jubilados estaba en peligro” porque la crisis y el desempleo obligaba  a detraer fondos del sistema de pensiones por lo que se animaba a que “cada persona invierta o ahorre para su propia vejez independientemente de la responsabilidad del Estado”. Desde entonces, las amenazas al sistema público de pensiones no han disminuido pese a las diferentes reformas que se han llevado a cabo.    

A pesar de esta temprana amenaza, las pensiones durante los años de Gobierno socialista de Felipe González se revalorizaron. Tuvo que salir el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en 1995 aponer en duda la viabilidad del sistema y proponer que los españoles eligieran o un sistema público o uno privado. El entonces ministro de Trabajo, Jose Antonio Griñán, apuntó que la idea de Botín tan solo conduciría a empobrecer las pensiones. 

En 1999, tras el cierre del acuerdo de revalorización de pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado que cerraron el secretario general de UGT, Cándido Méndez, su homólogo en CCOO, Antonio Gutiérrez, con el vicepresidente económica entonces, Rodrigo Rato, la patronal no dudo avisar que la subida podía afectar a la viabilidad del sistema.

No era una posición extraña para la CEOE. Su presidente José María Cuevas abogó en 1995 a eliminar las pensiones no contributivas mientras que su sucesor en la patronal apuntó la necesidad de “subir la jubilación a los 67 años me parece razonable y una tendencia de llegar a los 70 también me parece razonable con el tiempo. Hay que hacer un plan sensato”. La organización de empresarios siempre ha apuntado al peligro que corría el sistema de pensione si no se reformaba e iba acompañado de pensiones privadas. 

Cuando Rato ocupó el sillón de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había cambiado su percepción y avisaba en 2006 que “dejar las reformas para las crisis es la mejor manera de pasarlo mal. No podemos cerrar los ojos” . El FMI ha sido una de las instituciones que más ha puesto en duda a lo largo de los años la viabilidad del sistema de pensiones. El antecesor de Rato en el organismo internacional, Horst Köhler llegó a señalar que las pensiones en España “representa un riesgo importante a medio plazo”, aportando como solución “una buena mezcla, entre el sistema público y el sistema de pensiones privado”. 

En 2010 Dominique Strauss-Kahn salió en defensa de la reforma del sistema de pensiones planteada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyó retrasar la edad de jubilación oficial hasta los 67 años, con la justificación de que “la crisis en España es muy fuerte” y “los españoles deberán hacer un esfuerzo, un esfuerzo considerable”.  

Bajo la dirección de la actual directora gerente, Christine Lagarde, la organización internacional avisó en 2012 de que “vivir más es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante. Nos va a costar más”, por lo que proponía recortar las pensiones, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los Estados contraten con aseguradoras privadas para evitar que el “riesgo de la longevidad” no sea una “amenaza para sostenibilidad de las finanzas públicas”.

No ha sido la única institución que ha puesto en duda repetidas veces el sistema público de pensiones, en 2002 lo hizo mediante un informe la Comisión Europea avisando que en 2050 tendríamos que dedicar el 17,3% del PIB al pago de jubilaciones. En sucesivos documentos ha exigido cambios en la normativa sobre pensiones con el aviso de su inviabilidad. Incluso en un momento de ciclo expansivo de la economía, Bruselas le exigía en 2005 al vicepresidente económico, Pedro Solbles, reformas para “mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”.  

El ultimo informe de la Comisión Europea es de noviembre de 2017 y  añade que el envejecimiento “ejerce presión sobre las pensiones en el futuro” y “pone en riesgo el contrato social entre generaciones, creando una potencial división generacional y cuestionando la justicia entre generaciones”.

En el mismo sentido, la OCDE lleva décadas poniendo sobre la mesa la necesidad de desarrollar “un abanico de medidas tendentes a hacer al sistema de pensiones menos generoso”. En la misma línea se ha pronunciado durante los años el Banco Mundial, proponiendo como una solución tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la pensión, lo que supone rebajar la cuantía final que recibirá el jubilado. Ambas instituciones añaden la necesidad de compaginar pensiones públicas con planes privados para “evitar graves dificultades financieras” en 2025, llegando la OCDE en el año 2000 a proponer la posibilidad de “obligatoriedad” de su contratación. 

Hasta el Banco de España, bajo gobiernos de diferente signo, ha avisado del futuro negro de las pensiones.Incluso en el año 2000 propuso implantar un sistema de aportación “obligatorio, aunque sea simbólico” a planes privados de pensiones, con el respaldo del entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. 

Arma política

Además de este aluvión de amenazas por parte de instituciones a la viabilidad de las pensiones públicas, el sistema de jubilación español siempre ha servido de elemento de contienda política a lo largo de los años. En teoría, tras la creación del pacto de Toledo en 1995, las pensiones dejaban de ser un elemento de la lucha partidista pero la realidad ha sido muy distinta.

Desde el aviso del  vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, cunado aseguraba que si llegaba la “derechona” los mayores iban a perder las pensiones a  las amenazas del dirigente del PP, JaVier Arenas, que apuntaba que “los socialistas son un riesgo para las pensiones. Las personas mayores tienen motivos para perder el sueño”, son solo unos ejemplo de cómo la jubilación ha sido un arma política más. Tanto José María Aznar como José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy o Felipe González abogaron por anunciar subidas de pensiones para ganar las elecciones. 

Ahora los jubilados salen ante la amenaza real ante un Gobierno incapaz de asegurar que sus pensiones no bajaran y con la hucha de las jubilaciones al 10% de la capacidad que tenía hace siete años. Tanto el PSOE como Unidos Podemos han propuesto diferentes vías para recuperar el valor adquisitivo de las pensiones y distintas opciones para aumentar los ingresos mientras acusan al PP de ralentizar las soluciones que se deben de acordar en el Pacto de Toledo y de proponer como única solución la contratación de planes privados.