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Bruselas calcula que extender la excepción ibérica supondría un ahorro de 13.000 millones de euros

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson (iz) con la viceministra tercera del Gobierno español y ministra de Transición Ecológica en el Consejo Extraordinario de Energía en Bruselas, Bélgica, el 9 de septiembre de 2022.

Andrés Gil

25 de octubre de 2022 10:37 h

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El jueves pasado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo decía en Bruselas que la UE no apostaba por extender la excepción ibérica. Y este martes la Comisión Europea ha difundido un non-paper, un documento de reflexión, sobre cómo poner límites al precio del gas destinado a la generación de electricidad. Y calcula que el ahorro se situaría en torno a 13.000 millones de euros, si bien se repartirían de forma desigual en función del mix energético de cada país, siendo Francia el más beneficiado frente a otros como Holanda o Alemania.

“Los beneficios de la medida se derivarían del hecho de que el subsidio solo se paga a las centrales eléctricas a gas, y la reducción resultante del precio de compensación mayorista reduce los ingresos de los generadores inframarginales, que no reciben el subsidio”, explica la Comisión Europea: “Este aspecto del funcionamiento de la medida apuntaría a los mismos ingresos de los productores de energía que no utilizan gas que también son objeto del tope inframarginal introducido recientemente por el Consejo de la UE en el reglamento del 6 de octubre de 2022 [el que fija un tope a los beneficios de nucleares, renovables y del lignito, por ejemplo”.

“Por lo tanto”, dice Bruselas, “agregar este mecanismo [el tope al precio del gas para la generación de energía] al tope inframarginal produciría un beneficio neto de aproximadamente 13.000 millones de euros, que se sumarían a los 70.000 millones del tope inframarginal. Los beneficios netos resultantes podrían tener un efecto beneficioso sobre la inflación general”.

El documento ha sido distribuido antes del consejo de ministros de Energía que se celebra este martes en Luxemburgo.

“El documento oficioso se presentó ayer a última hora de la noche”, ha explicado el ministro de Energía checo, Josef Síkela, presidente de turno del Consejo de la UE: “Al menos para mí, faltan muchas cosas dentro de la propuesta”. El ministro checo, en efecto, señala que no se explica, por ejemplo, cómo será el índice de precios complementario al TTF holandés y qué mecanismo de transición se utilizará: “La Comisión Europea debe entregar las piezas restantes del rompecabezas como lo solicitaron los líderes, con su estudio del impacto y la propuesta concreta de la medida en sí”.

Aunque en el papel de la Comisión Europea faltan otras propuestas y falta concreción sobre el tope del precio del gas para electricidad, sí recoge algunas diferencias con respecto a la excepción ibérica que, como su propio nombre indica, es una excepción para la Península Ibérica.

Así, si el modelo para España y Portugal fija el precio de la electricidad derivada del gas en los 40 euros/MWh, si bien el precio crece desde el sexto mes de aplicación de la medida en 5 euros/MWh mensuales, hasta los 70€/MWh en el último mes. Y la propuesta de este martes de Bruselas habla de un precio en torno a 100-120 euros/MWh: “Otro objetivo de diseño importante sería evitar que el consumo de gas de la UE aumente como resultado de la medida. En el contexto actual, dicho aumento correría el riesgo de empeorar la ya difícil situación en lo que respecta a la seguridad del suministro de gas. El elemento más importante para evitar cambios en el orden de mérito es establecer el precio objetivo subsidiado lo suficientemente alto para que la energía a gas no se vuelva más atractiva (es decir, más barata) que producir electricidad a partir de otras tecnologías. Eso es lo que ha motivado el precio de 100-120 euros/MWh. Sin embargo, se estima que la demanda de gas aumentará incluso a este nivel de precios entre 5 y 9 bcm, principalmente debido a las exportaciones fuera de la UE”.

“El documento habla sobre sobre el mecanismo ibérico y apunta al final el compromiso que ha adquirido la presidenta de la Comisión Europea con respecto a presentar una propuesta de reforma estructural del mercado”, ha afirmado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a su llegada a la reunión en Luxemburgo: “Propone un precio de corte del gas más alto del que aplicamos en España y Portugal. Nosotros creemos que eso no es necesariamente la mejor opción. Plantea las dudas que han sido suscitadas por algunos Estados miembros y que probablemente es uno de los grandes quebraderos de cabeza que mantiene la Comisión, y es qué significa la aplicación del mecanismo ibérico si no hay alguna manera de evitar que se pueda beneficiar a terceros países en los que no se aplica, y reconoce que la propuesta más eficaz puede ser la que hicimos en su momento España y Portugal. Es decir, hacer una doble subasta, un mecanismo de casación en dos tiempos para que los importadores de terceros países paguen el precio original y ese mecanismo de reducción de precios medios solamente aplique a aquellos Estados miembros que estén incluidos dentro del mecanismo. Es decir, plantea cuáles pueden ser los puntos sensibles en el supuesto de una extensión al territorio común de la Unión Europea”.

Ribera ha añadido: “Todavía hay muchos Estados miembros donde la preocupación por cómo está afectando el precio del gas en su electricidad es muy alta y echan de menos propuestas concretas por parte de la Comisión. Pero, simultáneamente, los Estados miembros donde el carbón y el gas sigue siendo la fuente mayoritaria de producción de electricidad ven con preocupación que algunos tengamos precios más baratos y que ellos se mantengan en horquillas altas de precio precisamente por una mayor presencia de gas y carbón. Y esta división hace que sean más cautos con respecto a la extensión de esa solución que hemos venido aplicando en España”.

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha explicado por su parte: “Nos encargaron proporcionar un análisis sobre qué significaría extender la excepción ibérica al resto de Europa. La Península Ibérica no está suficientemente interconectada con el resto de Europa y fue posible probar esta opción allí. Nuestros líderes nos encargaron analizar cómo podemos extenderlo de manera que no provoque un mayor consumo de gas, porque los diferentes Estados miembros tienen diferentes combinaciones de energía y los costes de subsidiar el gas se compartirán de manera desigual”.

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