Nueve comunidades rechazan la fusión de ayudas a parados de larga duración diseñada por Empleo
El Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas se ven este martes las caras para, entre otras cosas, hablar de la fusión de ayudas a parados de larga duración. Sin embargo, la reunión se prevé tensa: al menos nueve comunidades rechazan la fórmula diseñada por el ministerio y que, tal y como adelantó eldiario.es, perjudicaría a la mayoría de beneficiarios. Este grupo crítico (Andalucía, Asturias, Navarra, Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura) ha preparado una propuesta alternativa que da cobertura completa al colectivo que ya tiene derecho actualmente a cobrar las ayudas que se van fusionar: el plan Prepara, el PAE y la Renta Activa de Inserción.
Dos sentencias de Tribunal Constitucional del año pasado cuestionaron la gestión de estas ayudas por invadir competencias autonómicas. En verano, y ante la premura de prorrogar estas prestaciones, las comunidades acordaron ceder la gestión al estado de forma temporal y hasta que se encontrara una nueva fórmula y diseño de estas ayudas. Abril es, sin embargo, la fecha límite para hacer ese rediseño.
Como solución, Empleo ha diseñado una fusión de las tres ayudas: el plan Prepara, el PAE, y la Renta Activa de Inserción se convertirán en la Renta complementaria de Desempleo (RED). Los criterios que introduce esta nueva ayuda perjudicaría a la mayoría de posibles beneficiarios, entorno al 60%, según cálculos técnicos. ¿Por qué? Porque con el nuevo sistema el periodo de tiempo que cobrarían una ayuda sería inferior al que existe actualmente, es decir, la percibirían durante menos meses que si se mantuvieran los programas vigentes y pudieran transitar de unos a otros.
Además, en el diseño preparado por Empleo establece que la cuantía de la ayuda será igual para todos los perceptores, independientemente de su situación personal: unos 430 euros, sin tener en cuenta si tienen cargas familiares o no.
Ni los sindicatos ni buena parte de las comunidades ven con buenos ojos este planteamiento por suponer un recorte de derechos. Las comunidades críticas plantean al Gobierno que se unifiquen las tres ayudas (Plan Prepara, PAE y RAI), que la cuantía que se cobre crezca si existen cargas familiares y que esta nueva prestación se cobre mientras se cumplan con los requisitos para percibirla, es decir, que no haya un tope de meses para cobrarla (como sí sucede hasta ahora) sino que se mantenga mientras la personas se mantengan en esa situación.
