Sindicatos y patronal se alían contra la reforma de las pensiones

El Consejo Económico y Social (CES) ha asestado un duro golpe al anteproyecto de ley de pensiones del Gobierno: acaba de aprobar por clara mayoría un dictamen muy crítico la norma que ha contado incluso con el apoyo de miembros de la patronal. El organismo es duro tanto con el contenido como con las formas en las que el Gobierno ha llevado a cabo el anteproyecto.

El organismo está formado por sindicatos, patronal, miembros de la economía social y expertos del Gobierno. Su dictamen es preceptivo (es decir, imprescindible en el trámite de una ley) pero no vinculante para el Ejecutivo, que este mismo viernes enviará la norma para su aprobación en el Congreso. La Comisión de Empleo del CES había respaldado unánimemente el documento, pero ha sido en su votación final en el Pleno cuando aparecieron las divergencias. Finalmente, el dictamen se ha aprobado por 43 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.

Los seis expertos nombrados por el Gobierno han presentado ocho enmiendas, de las que solo dos han sido aceptadas. Solo una de ellas es de calado y es la que, finalmente, ha permitido que el grupo formado por miembros de las patronales CEOE y Cepyme hayan dado el visto bueno al documento. La enmienda modifica una parte del texto en la que se aludía a la “pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos difíciles como el actual, que además no llegaría a recuperarse”. Finalmente, esa referencia incluye la expresión “en principio” y añade una frase en la que el CES considera que deben tenerse en cuenta medidas complementarias que permitan recuperar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones “cuando las circunstancias lo permitan, en el medio y largo plazo”.

Según fuentes conocedoras de la reunión, un representante de la CEOE defendió este cambio propuesto por los expertos para aliviar las tensiones internas del grupo empresarial y facilitar la votación. La postura pública de la patronal respecto a la reforma ha sido hasta ahora de apoyo, tanto en el adelanto de la aplicación del factor de sostenibilidad como en desligar las pensiones de la inflación. Sin embargo, el vicepresidente de la CEOE Javier Ferrer ha defendido su apoyo al dictamen porque considera que muestra que hay “otras posibilidades” a la reforma planteada. considera que muestra que hay “otras posibilidades” a la reforma planteada.

UGT presentará un voto particular contra esa enmienda, que considera incoherente con el resto del texto.

Un texto duro contra la reforma

En el dictamen, el CES critica los ejes sobre los que se asienta la reforma. Por un lado, el organismo advierte sobre el nuevo índice para revalorizar las pensiones (que se desligan del IPC): critica que el Gobierno proponga su uso para todas las pensiones contributivas, sin diferenciar entre cuantías ni clases, lo que para el CES supone actuar “en contra de la equidad del sistema de pensiones”.

No solo eso, el Consejo llama la atención sobre el hecho de que buena parte de los factores que se toman para calcular este índice son estimaciones a largo plazo con un “alto grado de incertidumbre” y tira por tierra la afirmación tan repetida por el Gobierno de que la reforma apartará las pensiones de las “decisiones políticas”. Al contrario, el organismo subraya que existe “un alto grado de discrecionalidad” en la aplicación de la fórmula, “en la medida en que algunas de sus variables dependen de decisiones políticas”.

En su dictamen, insisten en que este nuevo mecanismo no se contemplaba en la anterior reforma, que fue fruto de un amplio acuerdo con los interlocutores sociales. Por eso, el organismo lamenta que el procedimiento para concebir una medida “de consecuencias tan relevantes para las actuales y futuras generaciones de pensionistas se haya apartado de los cauces específicos por los que han discurrido las principales reformas en el ámbito de la Seguridad Social”.

Por otro lado, el Consejo dice compartir la necesidad de desarrollar el llamado factor de sostenibilidad, tal y como se contempló en la anterior reforma. Sin embargo, asegura que lo planteado en el anteproyecto de ley del Ejecutivo de Rajoy “no se ajusta en sus actuales términos a aquella propuesta, ni el la formulación concreta del factor, ni en el plazo previsto para su entrada en vigor”.

El organismo se muestra preocupado por los efectos de la aplicación automática de este nuevo factor, basado exclusivamente en la esperanza de vida. “Sería conveniente estudiar la posibilidad de modular dicha automaticidad combinándola con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral, como ocurre en otros países de nuestro entorno”, dice el texto.

Recomienda también aclarar algunas cuestiones a la hora de calcular el factor de sostenibilidad, por ejemplo, cuáles serán las bases de datos que se utilizarán para calcular las tablas de mortalidad de la población pensionista o la esperanza de vida.

El CES es crítico no solo con el contenido del anteproyecto, sino también con las formas. En su dictamen critican que el procedimiento seguido en esta ocasión “se aparta del habitual”, ya que el Gobierno lo ha hecho coincidir con las consultas a los agentes sociales, los grupos parlamentarios, y la Comisión del Pacto de Toledo, algo que, consideran, “resulta inadecuado al tener que dictaminar un texto que todavía no cuenta con el suficiente grado de madurez, siendo, en consecuencia, susceptible de modificaciones que no va a poder dictaminar este órgano”. El organismo insiste en que “la singularidad del procedimiento” y “la premura de los plazos” no ha facilitado la discusión y el acercamiento de posiciones sobre una norma especialmente trascendente.

Más transparencia

En el dictamen, el organismo dice echar en falta una diferenciación entre los retos de carácter coyuntural a los que se enfrenta el sistema de Seguridad Social (fundamentalmente, la caída de la afiliación) y los retos de carácter estructural, que tienen que ver con el envejecimiento de la población. El Consejo critica que en la memoria económica, el Gobierno solo mencione variables demográficas que influyen en la evolución de los gastos del sistema, pero no incluya un análisis sobre los ingresos.

El CES dice ser consciente de la adversa situación que atraviesa actualmente el sistema y comparte la necesidad de actuar al respecto. Para ello, recomienda llevar a cabo, en el marco del diálogo social y de la Comisión del Pacto de Toledo, una “profunda reflexión en torno a la posibilidad de estudiar vías alternativas de financiación del sistema que contribuyan a sus sostenibilidad y suficiencia. En el texto, además, se hace hincapié en la necesidad de realizar ”un mayor ejercicio de transparencia“ en este sentido.