El CSN cuestiona “la idoneidad del emplazamiento” del basurero nuclear de Cuenca

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha cuestionado “la idoneidad del emplazamiento” del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) promueve en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), en un informe en el que advierte de múltiples “carencias” en la documentación presentada por la empresa pública para la solicitud de la imprescindible autorización previa de la instalación por parte del organismo.

En el informe, un documento interno firmado por el director técnico de Seguridad Nuclear del regulador, Antonio Munuera, al que ha tenido acceso eldiario.es, el CSN remite a Enresa un extenso catálogo de “propuestas” e “iniciativas que pueden contribuir significativamente”, dice, a “resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento del ATC”.

Entre otras cosas, el documento, remitido al director de la División Técnica de Enresa, Álvaro Rodríguez Beceiro, el 17 de septiembre, solicita “aclaraciones e información adicional” sobre 124 aspectos relacionados con la documentación de la solicitud de autorización previa del almacén de residuos nucleares de alta actividad: geología y geoquímica del terreno, geotecnia, prospección geofísica, sismología, hidrogeología, hidroquímica e hidrogeología superficial y meteorología. También adjunta 49 “propuestas de iniciativas” que “pueden contribuir significativamente a la valoración integrada de información y a resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento”.

Las “deficiencias” detectadas en la documentación presentada por Enresa, que ya está embarcada en un rosario de licitaciones multimillonarias para acelerar la construcción del almacén, son múltiples.

En lo que respecta al área de “Geotecnia”, el director Técnico de Seguridad Nuclear del CSN advierte de que “la definición de las condiciones de cimentación de los diferentes edificios y servicios del ATC carecería de un conocimiento suficiente para garantizar el comportamiento seguro de los mismos”.

“No se ha hecho un análisis de sensibilidad correcto”

En lo referente a la posible inundación de las redes de transporte y comunicación, por ejemplo, “no se ha hecho un análisis de sensibilidad correcto”, señala. “En el estudio hidráulico se han observado deficiencias significativas tanto en los datos empleados como en las hipótesis realizadas para obtener los niveles de agua en la zona inundable que, en la mayoría de los casos, se refieren al empleo de valores o hipótesis no conservadoras cuya variación podría implicar niveles de inundación superiores a los calculados. Deben contemplarse otros parámetros más realistas”, añade.

En el apartado de “hidrología superficial y meteorología”, también critica que, para calcular la Precipitación Máxima Probable en el emplazamiento “se utilizan únicamente 5 tormentas, que se han seleccionando exclusivamente buscando las que dieron precipitaciones máximas elevadas, lo que podría excluir situaciones desfavorables de duraciones diferentes”. La normativa, recuerda, “recomienda trabajar si es posible con 24 tormentas y, si no es posible alcanzar este número, trasponiendo tormentas más alejadas”.

“En lo relativo a la inundación por falta de drenaje local, no se hace referencia a la necesidad de construir y mantener correctamente un sistema adecuado de drenaje de la parcela del ATC que impida su encharcamiento”. Respecto al sistema de alerta de inundación, “es necesario asegurarse” de que “no se producen problemas ante la presencia de algún fenómeno extraordinario. En los estudios realizados no se han encontrado referencias a la necesidad de contar con un sistema de alarma de lluvias o caudales extraordinarios que permitan poner en marcha los protocolos de emergencia con la máxima antelación”.

Un aspecto “de máxima importancia”

En el capítulo de “hidrogeología”, señala que “sin más información que la aportada es imposible establecer el funcionamiento hidrogeológico local”. También “impide establecer condiciones de borde que limiten las condiciones de flujo y que definan la zona de interacción del agua subterránea con la zona de ubicación de las instalaciones del ATC, aspecto de máxima importancia de cara a establecer la seguridad del emplazamiento en cuanto a su estabilidad (interacción agua/terreno) y en cuanto al hipotético transporte de contaminantes desde la instalación”.

Respecto al acuífero ubicado en el subsuelo del ATC, Enresa ha asegurado en sus análisis previos que “todo hace pensar que se trata de una formación acuífera superficial de poca entidad”. Sin embargo, el informe señala que “debe justificarse esta afirmación por cuanto una formación que aporta caudales de 12,5 l/s es muy relevante en el marco de un conjunto de materiales que se valora globalmente como de baja permeabilidad”.

También destaca que “el apartado de recopilación bibliográfica es insuficiente”: la unidad hidrogeológica y posterior masa de agua subterránea de Sierra de Altomira (donde se ubica Villar de Cañas) “han sido objeto de numerosos estudios hidrogeológicos desde los años 90, de los que no hay constancia que hayan sido consultados”.

En el apartado de “sismología”, subraya que, “en cuanto al potencial de fallas activas de la comarca, el que no estén en el catálogo QAFI [Base de Datos de Fallas Activas en el Cuaternario de la Península Ibérica] no significa que no existan fallas en el basamento con características similares a la de Escopete, que sí lo está”. “Que no se hayan publicado o no se observen evidencias de deformación reciente no significa que no sean potencialmente activas”.

También critica que “sólo se han tenido en cuenta las observaciones superficiales y de la geofísica, de escasa penetración desde un punto de vista de la sismicidad” para afirmar, como ha hecho Enresa, que “no existen estructuras potencialmente inestables por respuesta sísmica en el entorno del emplazamiento ni en sus alrededores”.

En lo referente a “Geología y Geoquímica”, advierte de que “faltan datos que permitan dilucidar la interpretación cartográfica y el sentido de movimiento de las fallas” en el emplazamiento y dice que “debe explicarse la relevancia” de una “importante falla” del anticlinal de Zafra de Záncara, a unos 16 kilómetros del emplazamiento.

El CSN solicita tres informes que “deberán contener evidencias y demostrar”, entre otros aspectos, la “estabilidad y competencia del terreno de cimentación, acotando los posibles riesgos de colapso”; un análisis más profundo del comportamiento de las áreas subterráneas; y “una ampliación de los estudios geofísicos destinados básicamente a descartar la presencia actual de oquedades en el terreno”.

Decisión política y calendario en contra

A lo largo de sus 32 páginas, el documento viene a poner en entredicho la decisión política, atribuida a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, de ubicar el ATC en esa localidad, la peor candidata de entre las finalistas a albergar la instalación desde el punto de vista geológico. Una decisión tomada por el Gobierno en tiempo récord (menos de diez días), tras dos décadas de retrasos, y que afecta a una infraestructura vital para garantizar la seguridad de los residuos nucleares, que no ha venido precedida de la misma celeridad para materializar el proyecto.

El presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, un expolítico sin experiencia previa en el sector nuclear, planteó en una carta remitida el 24 de septiembre al Ministerio de Hacienda su “extraordinaria preocupación” ante “cualquier circunstancia” que pueda “comportar una dilación en los plazos previstos para la puesta en marcha” del ATC.

La “primera” de esas circunstancias, decía, es la autorización de un polémico proceso de contratación de personal que, tal y como publicó el diario.es, abre la puerta a la colocación a dedo de 28 personas; pero son los requerimientos del CSN, subrayan fuentes del sector nuclear, los que deberían inquietar a Gil-Ortega.

El tiempo corre en su contra, ya que en junio de 2017 deberían volver los residuos de Vandellòs II que actualmente se almacenan en Francia y que, de quedarse allí pasada esa fecha límite, exigirían el pago de importantes penalizaciones por parte del Estado español. La otra derivada, aparte de un retraso cada vez más probable, es el incremento de costes de una instalación cuyo presupuesto ronda actualmente los 1.000 millones de euros, la mayor obra pública de esta legislatura. Y ante el temor a que no se cumplan los plazos, prácticamente todas las centrales nucleares (sólo falta Cofrentes) tienen o proyectan ya almacenes independientes para poder custodiar sus residuos, ante el previsible llenado de sus piscinas.