La ejecutiva española salpicada por el escándalo Wirecard deja sus cargos en la petrolera portuguesa Galp

Susana Quintana-Plaza, hasta ahora la ejecutiva española de mayor rango en Portugal, ha puesto fin a su periplo en la petrolera lusa Galp. La hasta ahora consejera ejecutiva y responsable de Renovables de la energética deja la compañía portuguesa más de un año después de estallar el escándalo de la tecnológica alemana Wirecard, a la que supervisó (sin funciones ejecutivas) hasta abril de 2020.

La ejecutiva manchega, de 47 años, ha renunciado a sus cargos en Galp en el marco de una reorganización de su cúpula en la que han salido otros dos directivos. Dimitieron el jueves, según explicó este lunes la petrolera en su presentación de resultados. El puesto de la española quedará vacante. Sus funciones las asume provisionalmente el consejero delegado de Galp, el británico Andy Brown (nombrado en febrero), mientras llega un recambio al frente de la dirección de la unidad de Renovables y Nuevos Negocios, que lideraba Quintana-Plaza.

“Susana fue muy eficaz en la creación de un negocio significativo de energías renovables, así como en la identificación de nuevas oportunidades de negocio y start-ups”, destacó Brown en una nota remitida a la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), equivalente a la CNMV, en la que agradeció los esfuerzos de los tres miembros salientes de su comisión ejecutiva.

Poco conocida en España pero con una destacada trayectoria en gigantes extranjeros de primer nivel, Quintana-Plaza llevaba tiempo en el punto de mira de medios y partidos políticos portugueses por su pasado en Wirecard. Fue una de las seis integrantes del consejo de supervisión de la firma alemana de pagos electrónicos hasta que dimitió en abril de 2020. Unos días después, salió a la luz el multimillonario fraude, definido hace meses por la presidenta de la CMVM, Gabriela Figueiredo, como “ejemplo” de “malas prácticas y conductas impropias” que ha puesto de relieve las “vulnerabilidades de los mecanismos de gobierno corporativo”.

Brillante currículum

Nacida en Ciudad Real en 1974, Quintana-Plaza, ingeniera aeroespacial formada en Estados Unidos con un MBA en Harvard, tiene un brillante currículum en grandes multinacionales de la industria aeronáutica, la energía, la consultoría y el capital riesgo, con cargos de relevancia en firmas como Boeing, E.ON, Siemens o, hasta ahora, la energética lusa.

Una hoja de servicios ensombrecida por su paso por Wirecard, a la que asesoró desde junio de 2018, adscrita, como vocal independiente, al comité de Remuneraciones, Recursos Humanos y Nombramientos, hasta que la empresa anunció su salida (con efectos desde el 7 de abril de 2020) el 29 de abril de 2020, un día después de publicar los resultados de una auditoría de la firma KPMG en la que se reconocían las primeras irregularidades.

Quintana-Plaza, que adujo “razones personales” para abandonar Wirecard y “concentrarse” en Galp, fichó en abril de 2019 por la compañía portuguesa como responsable de Renovables, Nuevos Negocios e Innovación. Allí tenía una remuneración de más de 765.000 euros brutos anuales, según recogía el último informe de Gobierno corporativo del grupo luso, que omitía su paso por Wirecard, como destacaba recientemente el semanario Expresso.

La firma alemana de pagos electrónicos comenzó su andadura gestionando pagos para juegos de azar y sitios web para adultos y acabó procesando transacciones para gigantes como Visa y Mastercard. Llegó a superar la capitalización bursátil de Deutsche Bank, con un valor de más de 25.000 millones, pero en junio de 2020 admitió un agujero de 1.900 millones en sus cuentas, tras haber inflado presuntamente su balance en una cuarta parte del total con fondos que supuestamente estaban en dos cuentas de un banco de Singapur en Filipinas y que, según reconoció la compañía, probablemente “no existían”.

Tras ser expulsada del selectivo bursátil DAX, Wirecard se convirtió en la primera firma de ese índice (el Ibex germano) que se declaró en bancarrota. La Fiscalía de Múnich investiga a la compañía por “fraude comercial organizado” y estima que se podrían haber perdido más de 3.000 millones. Su ex CEO Markus Braun, y Jan Marsalek, miembro del consejo de administración, supuestamente falsearon las cuentas para hacerlas más atractivas a ojos de los inversores. Braun está en la cárcel, pendiente de juicio, mientras que Marsalek está en busca y captura.

El caso, que se compara con la quiebra de la eléctrica estadounidense Enron, ha puesto en entredicho el papel del auditor de la compañía germana (la firma EY) y al supervisor financiero alemán (BaFin). El escándalo ha propiciado la apertura de una comisión de investigación parlamentaria en la que ha tenido que rendir cuentas la canciller, Angela Merkel, y ha llevado a la Comisión Europea a plantearse imponer a los auditores de las empresas más responsabilidades en casos de negligencia o irregularidades intencionadas.

“Acción inmediata”

Según publicó hace un año Financial Times, en junio de 2019 la consultora McKinsey advirtió a Wirecard de la necesidad de adoptar una “acción inmediata” para hacer frente a la ausencia de controles en sus mayores negocios. El informe fue remitido al consejo de administración del grupo y al consejo de supervisión al que pertenecía entonces Quintana-Plaza. El influyente diario económico británico, clave en la caída de la tecnológica (empezó a cuestionar sus prácticas en 2015), ya advirtió en febrero de 2019 de un “escándalo contable” por sus operaciones en Singapur.

Galp, que obtuvo un beneficio neto de 232 millones en el primer semestre de 2021, frente a las pérdidas de 410 millones de un año antes, es la mayor petrolera portuguesa y la cuarta distribuidora de carburantes en España por número de gasolineras (cerró 2020 con 570 estaciones de servicio en nuestro país), donde también comercializa gas natural o electricidad. Hasta ahora, la compañía había ratificado su confianza en Quintana-Plaza, que tenía encomendada la tarea de liderar su transición verde, un puesto crucial en un momento en el que todas las grandes compañías del sector (y en especial, las europeas) están girando hacia la descarbonización.

En esa apuesta se enmarca la adquisición, en enero de 2020, de una participación mayoritaria en el negocio fotovoltaico de la constructora española ACS por 2.200 millones para convertir a Galp en “el principal player de energía solar de la Península Ibérica”, con una cartera de 3.300 megavatios (MW) hasta 2023 en España.

Una operación que podría no ser la última, pese a la sobrevaloración que, según el primer ejecutivo de Galp, tienen muchos activos renovables en venta. No obstante, el español es un mercado que “tiene una gran importancia en la estrategia de Galp hacia la descarbonización porque es el país donde más renovables tenemos y vamos a tener, dadas las oportunidades y el potencial que existe en el mercado”, destacaba Brown en junio en una entrevista a Expansión. A partir de ahora, será sin Quintana-Plaza a los mandos de su negocio verde.