España reduce la desigualdad al mínimo pero 12,7 millones de personas están en riesgo de pobreza

Casi la mitad de la población en España tiene dificultades para llegar a fin de mes. El precio de los alquileres y la inflación ha hecho que más del 10% tenga problemas para hacer frente a los pagos relacionados con la vivienda o que el 20,7% no pueda permitirse mantener la casa a una temperatura adecuada. Si se habla de gastos imprevistos, poco más del 60% de la ciudadanía puede afrontarlos y una de cada tres personas no puede permitirse ir de vacaciones. La XIV edición del informe 'El Estado de la Pobreza en España', muestra que España aunque la desigualdad se ha reducido a su mínimo histórico, el país se ha desviado del objetivo comprometido en el marco de la Agenda 2030.

El informe, que cada año elabora la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), utiliza una metodología homologada en la Unión Europea para definir la evolución estatal de la pobreza y la exclusión. En concreto, en el año 2023, el 26,5% de la población española, 12,7 millones de personas, estaba en riesgo, según la tasa Arope, que tiene en cuenta diversos indicadores.

Como muestra el siguiente gráfico, esta tasa ha experimentado en el último año una “subida ligera, en la que hay que considerar el margen de error”, explica el responsable de investigación de EAPN-ES, Juan Carlos Llano, que indica que “aunque ha mejorado mucho, todavía estamos muy por debajo de antes de comenzar la Gran Recesión, en el año 2008”, cuando se situaba en el 23,8%.

Como muestra el siguiente gráfico, la tasa Arope dibuja una curva descendente, pero “absolutamente insuficiente”. Esta se ha desviado de lo marcado para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que preveía para 2023 situarse en el 21%. “Se ha hecho menos de la mitad de lo necesario”, indica el informe, que cuantifica en 2,6 millones las personas “por encima de las que debería haber para cumplir” con el compromiso de España con la Agenda 2030.

La tasa Arope tiene en cuenta tres factores fundamentales: la tasa de riesgo de pobreza, la carencia material y social y la baja intensidad del empleo. “Aquí hay una pequeña contradicción”, explicaba el investigador en la presentación del estudio, porque “el factor más importante que hace subir el Arope, ha bajado”. España ha conseguido reducir su tasa de riesgo de pobreza a niveles anteriores a niveles a 2008. En 2023, estaba en el 20,2%, la más baja desde 2009 y más de dos puntos por debajo del máximo que supuso 2016.

El gráfico anterior dibuja la curva de la tasa de pobreza a nivel estatal, pero informe bucea en las causas y las soluciones. Por ejemplo, entre las personas que alquilan, la tasa de pobreza se dispara al 33,1%. Es decir, una de cada tres personas que tienen que pagar una renta son pobres. Es el doble que quienes viven en una vivienda en propiedad, con hipoteca o no.

El informe detecta una “reconfiguración de la estructura del régimen de tenencia”. “Cada vez más personas viven de alquiler (19,2% en 2023, frente al 14,3% en 2008) y cada vez pagan más por ello (en 2023 la media mensual era 604 euros, mientras que en 2008 era de 520)”, indica el trabajo. Ello acompañado de unos salarios que han crecido tres veces menos que los alquileres, lo que ha provocado que de cada 1.000 euros que ingresa un hogar pobre, 364 se vayan a pagar gastos de vivienda.

¿Qué limita el incremento de las tasas de pobreza? “Las medidas basadas en afianzar derechos sociales”, señalaba la responsable de incidencia de EAPN-ES, Ruth Caravantes. El Estado es la gran red para millones de personas. Según los cálculos del informe, la “acción protectora” de las administraciones evita que 10,6 millones de personas en España entren en situación de pobreza y otros 2,4 millones, en pobreza severa. Entran aquí las pensiones públicas, que por si solas reducen el riesgo de pobreza en 16,4 puntos y 7,8 millones de personas.

Sin embargo, el encarecimiento de la vida ha tensionado esas redes. “Hay que mantener esas políticas y reforzarlas en intensidad y en extensión”, señala Caravantes, porque “el aumento de la inflación está provocando que su efecto no sea de reducción de pobreza, sino de contención”.

El informe se conoce el mismo día que la Seguridad Social marca un nuevo récord de afiliaciones, con 21,3 millones de personas trabajando en mayo. “Vemos una bajada importante de la tasa de desempleo”, admite Llano, que señala que la pobreza severa sí se ha reducido. Esto hace que el empleo de baja intensidad se reduzca, reforzando el Arope, que cojea por el frente de la carencia material y social. Este indicador combina 13 variables, desde las más sociales, como tener capacidad para salir a tomar algo, a las más puramente económicas y que tienen que ver con las obligaciones de la vida, como hacer frente al pago de la vivienda, la climatización del hogar o poder comprar carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Como puede verse en la siguiente tabla, en los tres casos hay más personas con dificultades que antes de la pandemia.

“Las medidas de protección social están actuando como un elemento de protección ante la pobreza, pero no están funcionando para que esta no aumente o vaya a peor”, ha lamentado el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, que ha recordado que si se trabaja “en justicia social, trabajamos para la inmensa mayoría de la población y la economía”. Además, durante la presentación ha recordado que, pese a las diferentes definiciones de pobreza, “la familia lo vive como un todo”. “Si una familia es pobre, en esa familia hay pobreza infantil, alimentaria, farmacéutica, energética...”, ha puesto como ejemplo.

El informe recoge también la evolución anual de la población con alguna dificultad para llegar a fin de mes. Los datos están alejados de los que marcaban los años anteriores a 2018, pero aún no se sitúan en los registros previos a la pandemia. De hecho, casi la mitad de la población llega al día 30 apretada.

El trabajo no esquiva los avances que se han producido en España. El más relevante puede ser el recorte en desigualdad. El informe toma como referencia el índice Gini, que se sitúa en 31,5 puntos, su mínimo desde 2008. Y ello pese a que, desde ese año, la rente media nominal se ha reducido en un 7,7% respecto al incremento del IPC, o que, en 2023, la rente del 20% más rico de la población multiplicaba por 5,5 la del 20% más pobre.

Con todo, el informe de la EAPN apuesta por la “importancia de la acción de las Administraciones del Estado en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas”. “Si no hubiese justicia social”, señaló Susías, “estaríamos en un mundo en el que el más fuerte se comería al más débil, como ha ocurrido muchas veces y como sigue ocurriendo en algunos lugares”.