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El Gobierno aprueba el “rescate” de las autopistas en quiebra
- Las pérdidas que se asumen son de al menos 2.000 millones de euros, de los que se espera recuperar hasta 1.000
Como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el 'rescate' de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al “tomar razón” de la resolución de los contratos con sus actuales concesionarios.
A partir de ahora, se determinarán las fechas exactas en que cada una de las vías serán asumidas por el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, según indicó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En concreto, el Gobierno ha autorizado la rescisión de siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y de la Circunvalación de Alicante.
Por el momento, sólo hay fecha para el 'rescate' para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado.
En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato de dado que el proceso de concurso de acreedores en que han estado inmersas todas las vías en el caso de esta vía acumula cierto retraso y aún no ha llegado a la fase de liquidación.
El objetivo de Fomento con este 'rescate' es “garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios” tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que “lanzará en los próximos meses”, según recordó Méndez de Vigo.
Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.
El Estado había anunciado que se disponía a empezar a hacerse cargo a partir de febrero de las autopistas de peaje quebradas cuando eran gestionadas por constructoras (ACS, Abertis, FCC...), y que ahora están en su mayoría en manos de “fondos buitre”. Según los cálculos que manejan hasta el momento las partes, el erario público asumirá en todo este proceso unas pérdidas de entre 2.000 millones (lo que espera el Estado según las estimaciones que envió a Bruselas) y 4.500 (lo que calculan los acreedores) en concepto de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA).
No obstante, el Gobierno espera recuperar entre 700 y 1.000 millones cuando vuelva a sacar a concurso las autopistas quebradas a final de este mismo año, según fuentes del Ministerio de Fomento. Además, como el tráfico se está recuperando, aún podría intentar rebajar lo que considera que debe pagar en concepto de RPA, según las fuentes. Si los acreedores no aceptan los cálculos del Ejecutivo (han dicho que están dispuestos a pleitear y por el momento no se ha llegado a un acuerdo) serán los jueces los que decidan la cantidad, y el proceso podría prologarse.
