El Gobierno se plantea aprobar por decreto el registro obligatorio de la jornada del trabajador
El Gobierno se plantea aprobar el registro obligatorio de la jornada laboral a través de un decreto. Así lo confirman fuentes oficiales a eldiario.es y desde los sindicatos explican que es la opción que parece imponerse en el ministerio dirigido por Magdalena Valerio. La última propuesta del Ejecutivo a la patronal y los representantes de los trabajadores consiste en la obligación de las empresas de documentar la jornada diaria de los trabajadores, con el momento concreto de entrada y salida, y en sanciones a las empresas por cada trabajador en caso de incumplimiento, según ha adelantado Cinco Días y ha confirmado eldiario.es.
El registro obligatorio de jornada de los trabajadores es uno de los cambios legislativos en materia laboral prometidos por el Gobierno. La medida busca combatir los abusos en los tiempos de trabajo, como las horas extraordinarias no pagadas (casi la mitad de las que se realizan) y los contratos a tiempo parcial fraudulentos, en los que los trabajadores solo cotizan por las jornadas reducidas que figuran en sus contratos pero finalmente son obligados a trabajar más horas.
La última propuesta del Gobierno presentada a los sindicatos y la patronal pretende que las empresas tengan que dejar constancia diaria de las entradas y salidas de sus empleados, e informarles de este registro de jornada al menos mensualmente, y que se concrete de forma expresa en el contrato el horario habitual de trabajo.
Además, los empleadores deberán facilitar la información sobre la jornada de la plantilla a los representantes sindicales y guardar esa documentación durante cuatro años para que esté disponible para la Inspección de Trabajo, según fuentes de la negociación. El nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha negado este miércoles tener constancia de la esta propuesta, que según explican desde los sindicatos les han hecho llegar a la mesa de diálogo social.
Iniciativa “bloqueada” en el Congreso
La ministra Magdalena Valerio ha asegurado hasta ahora que su intención es aprobar los cambios legislativos en materia laboral a través del consenso, con los agentes sociales y el resto de fuerzas políticas, y ha criticado utilizar la regulación vía decreto por ser una manera de legislar que no garantiza la estabilidad en el tiempo.
Sin embargo, dadas las complicaciones para encontrar apoyos a los Presupuestos del Gobierno, Valerio ya ha defendido que el Ejecutivo contempla recurrir a esta fórmula para aprobar algunas de las medidas prometidas, como el subsidio para desempleados mayores de 52 años o la ampliación de los permisos de paternidad.
El registro obligatorio de la jornada laboral era también un objetivo del PSOE desde la oposición, cuyo grupo parlamentario registró una proposición de ley el pasado año. La iniciativa legislativa se admitió a trámite en octubre de 2017 y en la actualidad se encuentra todavía en periodo de enmiendas en el Parlamento.
Desde los grupos parlamentarios del PSOE y Unidos Podemos critican “el bloqueo” de la proposición por el Partido Popular y Ciudadanos, que solicitan sistemáticamente que se posponga la fecha límite para presentar emniendas al articulado de la norma. La última fecha es el 4 de diciembre.
Rocío de Frutos, portavoz del PSOE en la Comisión de Trabajo, explica que la proposición “es una norma sencilla que admite pocas enmiendas en el fondo”, por lo que no ve justificación para que PP y Ciudadanos sigan solicitando la ampliación de este trámite más de un año después. De Frutos explica que lo ideal sería que los grupos pudieran participar en el debate de esta proposición, pero cree que es “mejor que se haga por decreto a que no se haga”.
Su homólogo en la Comisión de Trabajo de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, ataca la estrategia de las formaciones de Pablo Casado y Albert Rivera: “Se está hurtando el debate parlamentario y esto tiene nombre y apellidos: PP y Ciudanos”. Desde le grupo confederal no se oponen a que finalmente el registro de jornada –que ha incluido en varias iniciativas legislativas con algunas modificaciones respecto al PSOE– se regule mediante un decreto. “Nuestra posición es que esto tiene limitaciones y no se puede gobernar vía decreto. Esta es una modificación legal muy pequeña y la realidad es que el Congreso está bloqueado”, añade Rodríguez.
Fuentes del grupo parlamentario del PP justifican la ampliación del periodo de enmiendas por el gran número de iniciativas legislativas en el Parlamento. Según explican, siguen “analizando el tema porque hay casi 50 proyectos y proposiciones de ley en fase de ponencia y dictamen y no pueden ir todas a la vez”.
Ciudadanos se opone
Fuentes de Ciudadanos explican que “aunque comparten la necesidad de que se lleve a cabo este control de la jornada”, no creen que “obligar a llevar un libro registro de jornada de todos los trabajadores como propone el PSOE sea una solución”. Según argumentan, el control que se aplica a los contratos a tiempo parcial no tiene resultado: “Este es uno de los colectivos donde se producen más abusos en este sentido”.
Por ello el partido liderado por Albert Rivera apuesta por que “sean los convenios colectivos los que estipulen los medios de control que resulten más adecuados al caso”, y confían en que las nuevas tecnologías sean la herramienta para aplicar esta vigilancia.
