El Gobierno sacará a decenas de miles de empresas de la tarifa regulada de la luz

El Gobierno planea una criba en profundidad en el número de empresas que todavía hay acogidas al precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz.

Los suministros acogidos a esta modalidad tarifaria son en su inmensa mayoría hogares. Pero, según fuentes del sector, hay también “decenas de miles de contratos de empresas” que siguen en PVPC y que no van a poder acogerse a él cuando esté en vigor la reforma legal que ha propuesto el Ministerio para la Transición Ecológica.

En el borrador del decreto que ha sacado a consulta, en el que se prevé dar más peso a los mercados de futuros en la formación del PVPC para hacerlo menos volátil, el departamento de Teresa Ribera también plantea que a partir de enero de 2024 solo puedan acogerse a ella las microempresas: aquellas con menos de 10 trabajadores o con una facturación anual por debajo de los 2 millones de euros.

Con ello, se quedarían fuera contratos de empresas –incluyendo pymes y, apuntan en el sector, algunas grandes compañías– que ahora están acogidos al PVPC para el suministro de, por ejemplo, pequeñas oficinas.

En la actualidad, la única limitación para acogerse a esa tarifa regulada es que esos suministros tengan contratados como máximo 10 kilovatios (kW) de potencia. La inmensa mayoría corresponde a hogares, pero entre ellos hay también empresas. ¿Cuántas? No hay una estimación oficial, y el Gobierno no precisa el número de contratos que se quedarían fuera tras la entrada en vigor de la reforma, a principios de 2024.

Tampoco lo hace Aelec, la patronal de las grandes eléctricas, que en el pasado ha pedido exactamente esto: dejar fuera a las pymes del PVPC. Esta asociación, que a preguntas sobre este asunto dice en un correo electrónico que está “valorando el tema”, también ha reclamado que esa modalidad tarifaria sea una verdadera tarifa refugio para los vulnerables o que se rebaje a la mitad la potencia máxima para acogerse a ella. 

Fuentes del sector explican que hay un número relevante de contratos de empresas acogidos a la tarifa regulada de la luz, aunque proporcionalmente sean muy pocos: “La cifra es residual en relación al volumen total de clientes PVPC, hablamos de unas decenas de miles en toda España”, según esas fuentes.

Casi 900.000 micropymes

La memoria de análisis del borrador de Real Decreto que el Ministerio ha sacado a consulta pública recoge que aproximadamente el 10% de los puntos de suministro con hasta 10 kW contratados son de empresas.

Teniendo en cuenta que hay unos 9,2 millones de suministros acogidos al PVPC, “el número de microempresas susceptibles de acogerse a PVPC sería de 881.360”, dice el Ministerio, que recuerda que el 95,8% de las empresas en España entran en esta categoría.

El experto en energía Pedro Fresco, director de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, cree que probablemente la medida afecte a un número limitado de empresas, porque “al final son contratos de muy poca potencia” los que siguen en PVPC. Puede tratarse, apunta, de “algunas empresas que trabajen en despachos con distintas ubicaciones, o tiendas pequeñas de alguna cadena”, como por ejemplo, de telefonía.

La propuesta que el Ministerio ha sacado a consulta dispone que, “de forma transitoria, todas las empresas continuarán con su suministro a PVPC, hasta el momento de renovación de su contrato en el que tendrán que acreditar la condición de microempresa”. Para ello, deberán remitir una declaración responsable que supervisará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para justificar esta medida, el Ejecutivo alude a una directiva europea de 2014 que obliga a liberalizar el mercado eléctrico permitiendo solo “intervenciones públicas en la fijación del precio para el suministro de electricidad a los clientes domésticos y a las microempresas”.

El Gobierno recuerda que, hasta 2021, “la tarifa PVPC ha ofrecido precios más competitivos a los consumidores finales frente a los sistemas de fijación de precios fijos en el mercado libre”, de acuerdo con los sucesivos análisis de la CNMC, si bien desde entonces se ha disparado al estar referenciado el coste de la energía a la cotización horaria del mercado mayorista.

Esa vinculación con el mercado diario ha llevado a forzar la implantación de la denominada solución ibérica, que ha permitido rebajar los precios desde su entrada en vigor en julio. Este miércoles, en un contexto de saturación de las regasificadoras españolas y alto nivel de llenado de los almacenamientos, que ha propiciado una fuerte caída del gas en el mercado ibérico MIBGAS, el precio que paguen los consumidores en PVPC se va a situar en el nivel más bajo desde octubre de 2021.

La reforma del PVPC se enmarca en los profundos cambios que prepara el Ejecutivo en la factura de la luz, que se va a reformar para hacerla menos volátil a partir de 2023. El cambio más inminente se ha incluido en el nuevo decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, con 3.000 millones de euros con cargo al presupuesto público que incluyen ayudas al gas (con la creación de una nueva tarifa bonificada para las comunidades de vecinos con calefacción central) y la ampliación del bono social eléctrico y térmico.

Ese paquete prevé que la nueva factura de la luz incluya en el futuro el consumo medio de las viviendas de los distritos de los usuarios, permitiéndoles compararlo con el de sus vecinos. Además, regula la información sobre las reducciones fiscales que actualmente están en vigor para el IVA o el Impuesto eléctrico y desde diciembre se va a obligar a informar con transparencia de cómo se está aplicando el mecanismo ibérico, incorporando información objetiva sobre su coste e impacto en el mercado mayorista para que los consumidores sean conscientes de sus beneficios: un ahorro de unos 3.000 millones de euros desde su puesta en marcha a mediados de junio, según las estimaciones del Gobierno.