Hacienda se reafirma en su guerra con las televisiones públicas: las subvenciones cobradas hasta 2017 deben liquidar el IVA

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del Ministerio de Hacienda acaba de confirmar su criterio en el contencioso que desde hace años enfrenta a la Agencia Tributaria con las televisiones públicas (en especial, las autonómicas, pero no solo) a cuenta del IVA y de si la totalidad de las operaciones de estos entes están sujetas a ese impuesto, incluyendo las subvenciones que reciben de los respectivos Gobiernos.  

En una resolución dictada el 22 de julio que acaba de publicar en su web, el TEAC determina que “se confirma que las cantidades recibidas de la CA son contraprestación de servicios sujetos al tributo”.

El órgano de Hacienda reafirma el criterio de la Agencia Tributaria, que en los últimos años ha dictado liquidaciones millonarias por el IVA de prácticamente todas las televisiones autonómicas: desde la catalana (a la que en noviembre pasado Hacienda reclamó más de 117 millones en concepto de IVA por el periodo 2015-2017) a la madrileña (a la que exige 17 millones por ese mismo periodo) y otras como la andaluza, la aragonesa, la extremeña, la gallega o la castellano-manchega. La propia RTVE tiene también un contencioso multimillonario por esta cuestión. 

La resolución del TEAC se refiere a la televisión manchega. Confirma que “la prestación de servicios de radiodifusión y televisión por parte del Ente Público de Radio Televisión de Castilla La Mancha y sus sociedades dependientes a la Comunidad Autónoma es una actividad sujeta y no exenta del impuesto (al tratarse de una actividad económica realizada por empresarios o profesionales), a la que no resulta de aplicación el supuesto de no sujeción previsto en el artículo 7.8.º de la Ley de IVA, y las transferencias percibidas de la Comunidad de Castilla La Mancha, en la medida en que constituyen la contrapartida del servicio prestado, forman parte de la base imponible del impuesto”.

En esta resolución, el TEAC ha resuelto de forma acumulada tres reclamaciones de la televisión manchega (que no comenta este asunto) que comprenden solo dos ejercicios (2016 y 2017) y por las que confirma tres liquidaciones por IVA por importe de 6, 67 millones. 

Esa cifra, según fuentes jurídicas, se puede quedar en anécdota si se extrapola al conjunto del sector público. Hay muchas reclamaciones pendientes de otras televisiones autonómicas por este mismo conflicto y de un ámbito temporal idéntico, y la resolución deja claro que este es el criterio “reiterado” del TEAC, lo que indica que es vinculante para el futuro.

Existen conflictos similares que se arrastran con multitud de sociedades públicas que tienen cientos de ayuntamientos en España. Y la propia RTVE tiene abierto un contencioso similar por un importe de 250 millones de euros.

Tras el pronunciamiento del tribunal adscrito a Hacienda, el conflicto está abocado a dirimirse en el Tribunal Supremo o ante la justicia europea. El propio TEAC había elevado en octubre de 2018 una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la consecuente suspensión del procedimiento económico-administrativo.

Pero en enero pasado, el órgano comunitario resolvió que los Tribunales económico-administrativos (como es el caso del TEAC) no son “órganos jurisdiccionales” y por tanto no con competentes para plantear cuestiones prejudiciales. 

Tras la decisión del TJUE, el TEAC desistió de ese procedimiento, aunque entiende que hay mimbres para fijar la posición de la Administración dado que “existe una abundante doctrina y jurisprudencia acerca del carácter de las actividades realizadas por el sector público a través de la creación de sociedades privadas íntegramente participadas por la Administración territorial que las crea, para la realización de actividades de servicio público”.

El fiscalista Antonio Durán-Sindreu, que asesora a las televisiones autonómicas agrupadas en la Forta, señala en conversación con elDiario.es que la resolución “es importante porque el TEAC dice que las subvenciones tienen que llevar IVA” y esto es algo que “afecta a la financiación de un servicio público esencial” y que puede tener importantes consecuencias económicas, dado que hay millonarias reclamaciones en juego. 

No obstante, este experto precisa que el criterio fijado aplica a las liquidaciones realizadas por Hacienda hasta la reforma legal que se introdujo en la ley de Contratos Públicos de noviembre de 2017.

Sucesión de cambios

Esa reforma cambió la Ley del IVA que, a su vez, ya había sido modificada en 2015, cuando ya había estallado el conflicto entre la Agencia Tributaria y las televisiones autonómicas por las deducciones que estas se habían aplicado de forma indebida, a juicio de la Inspección.

En esa reforma de 2015, se estableció que la actividad de las televisiones públicas es comercial en la medida en que sea susceptible de generar ingresos por publicidad, lo que, a efectos prácticos, convertía en deducibles por IVA casi todos sus ingresos. Una tesis que choca con lo que ahora ha determinado el TEAC. 

En 2017, cuando las reclamaciones por este asunto ya rondaban los 200 millones de euros, según contó entonces La Información, volvió a cambiarse la ley y se estableció que las subvenciones no debían incluirse en la base imponible y que por tanto no debía repercutirse el IVA. 

Pero esa modificación, recuerda Durán-Sincreu, dejó pendiente “la problemática que subsiste respecto a si las televisiones tienen o no derecho a deducirse la totalidad del IVA que están soportando” por actividades que sí generan IVA (esencialmente, la publicidad). 

Para intentar despejar esta cuestión e intentar aclarar a futuro el tratamiento del IVA de las televisiones autonómicas y la financiación de otros servicios públicos como el transporte o la cultura, el PNV presentó en febrero una enmienda en el Congreso junto a ERC y Junts pel Sí a un proyecto de ley aún en tramitación y relativo a la adaptación de una directiva comunitaria sobre contratos menores. La iniciativa data de antes de la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy, pero no ha podido cristalizar por ahora.