La guerra por el monopolio de las rutas de autobús mantiene la mitad de las concesiones caducadas

Si va a reservar un vuelo Madrid-París es posible optar por varias aerolíneas, en cambio para realizar una ruta en autobús entre Madrid y, por ejemplo, Granada, solo podrá optar por una compañía. El sistema de concesión de contratos de autobús en España es monopolístico, es decir, la gestión de una ruta se adjudica a una única empresa para su explotación durante un periodo de tiempo mediante un concurso en el que el Gobierno fija una serie de condiciones como una tarifa máxima o la frecuencia de viajes.

En la actualidad, Fomento licita 84 contratos de gestión de servicios de transporte de viajeros (el resto de las rutas, las que se hacen dentro de la misma comunidad, están en manos de los gobiernos autonómicos) de los que 41 están caducados y prorrogados. De estos, un 75% lleva desde 2013 en esta situación. Además este año caducan otras cinco concesiones más.

La batalla de recursos entre las compañías de transporte por las condiciones de licitación es en gran parte la responsable de esto, a lo que se suman los últimos cambios normativos y la parálisis gubernamental vivida con la repetición de elecciones.

La pelea en el sector ha llegado con la entrada de un nuevo actor para conseguir estas concesiones: Globalia (el grupo que tiene como empresa bandera a Air Europa). “Nuestro objetivo es acabar con el monopolio que siempre ha existido en el transporte por carretera”, dijo el presidente de la compañía, Juan José Hidalgo, en un comunicado cuando se conoció que iba a operar la línea Alicante-Cartagena-Murcia.

Esta es la primera de las licitaciones que han conseguido. Pero no descartan concursar por más, según explica Manuel Panadero, director de relaciones institucionales de la empresa, aunque no irán a por todo, solo a aquellas que consideren estratégicamente interesantes.

Fuentes de Fomento aseguran que los concursos están en marcha y que ya hay nueve en alguna fase previa a la concesión. Sin embargo, esto podría verse retrasado por nuevos recurosos. De hecho, dos empresas recurrieron una parte de las condiciones de las licitaciones de los dos últimos concursos ofertados por el ministerio (que cerraron hace un par de semanas la fecha para presentar ofertas) Son las rutas de Madrid-Guadalajara y Madrid- Segovia.

La consecuencia de los recursos es que puede retrasar la concesión de las rutas (un proceso que en condiciones normales puede tardar alrededor de un año). Rafael Barbadillo, presidente de la patronal de autobuses Confebus, explica que en esta situación es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales quien debe decidir si estima o no los recursos administrativos. “Si se decide que los pliegos son correctos entonces se abrirían los sobres, pero si dicta a favor de las empresas empresas esto conlleva a que tengan que volver a redactarse los pliegos y volver a publicarse la licitación”, apunta.

Finalmente los dos últimos recursos han sido desestimados por el órgano administrativo y ahora las compañías deberán decidir si presentan un recurso contencioso-administrativo. “Ha pasado de todo en el proceso: se ha judicializado, ha habido cambio de gobierno, un ministro en funciones...”, explica al preguntarle por las razones del retraso en la concesión.

Ya en 2014, tras la aprobación de la última reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, el ministerio tenía previsto sacar a concurso las licencias caducadas y al ritmo previsto se esperaban unas 25 licitaciones en ese ejercicio. Ahora fuentes de Fomento ponen en 2018 el nuevo límite temporal para acabar con este proceso.

¿Quiénes están en la batalla?

En la batalla por las concesiones del transporte de viajeros, no todos los contratos son igual de apetecibles. Así no es lo mismo una ruta Madrid-Málaga que una Eibar-Pamplona. Son las que tienen una mayor afluencia de viajeros y donde puedan obtenerse mayores rentabilidades las más buscadas por las compañías.

Entre las rutas que se tienen que licitar ahora se encuentran algunas de largo recorrido como, por ejemplo, la que une Irún con Madrid, que actualmente está gestionada por Next Continental Holding (nombre bajo el que se engloba el grupo Alsa y que se hizo con la marca Continental) u otras de más corto recorrido como la que une Madrid con Segovia.

En la pelea por conseguir estas concesiones están otras compañías como Auto Res o Socibus y otros de ámbito más regional como La Sepulvedana o Autobuses Jiménez.

Las historia de las concesiones

Bajo el embrollo jurídico hay un enfrentamiento entre las compañías de transporte de pasajeros y un marco legal que se remonta a 1987, con la primera Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Antes de esa fecha las concesiones de transporte por carretera eran de hasta por 90 años.

En el momento de aprobación de la ley del 87, el Gobierno dio una prórroga de 20 años a las concesiones que había en ese momento, por lo que el problema se trasladó a 2007. De esa forma, se dio una patada hacia adelante en las rutas que habían sido repartidas antes de la Transición, durante el régimen franquista.

En 2007, es cuando Fomento desarrolla un protocolo para la concesión de licencias de autobús y se plantea la licitación de nueve rutas. Sin embargo, tampoco estuvo exento de polémica. Con este documento se licitó un nuevo bloque de licencias, que acabaron en los tribunales recurridos por Globalia Autocares. En total fueron cinco concesiones: Madrid-Sevilla-Ayamonte; Zaragoza-Murcia; Madrid-Córdoba-San Fernando; Madrid-Almería y Ayamonte- Santa Coloma de Gramanet. Panadero señala que, aunque Fomento las da como adjudicadas en su listado, estas rutas se deberían volverse a licitar porque fueron anulados los pliegos por los tribunales.

Lo que en la práctica está ocurriendo es que el reparto de las rutas de autobuses se mantiene prácticamente inalterado desde la época franquista. Se están perpetuando las mismas concesiones en empresas que ya existían. Algunas han vivido cambios en el capital, pero otras se mantienen de forma similar a la de hace años.

Competencia recurrió este decreto que acabó siendo modificado en 2008 para recoger algunas de las recomendaciones del organismo. Tras esto, entre 2011 y 2013 hubo una nueva tanda de adjudicaciones que, en parte, también acabaron siendo recurridas. Ya con la nueva normativa de ordenación de transportes terrestre, en enero de 2015 se volvieron a comenzar a licitar algunas rutas aunque con el retraso en los procesos anteriores se ha acabado en esta situación. Durante todo este proceso, la entrada en vigor de un Reglamento Europeo ha hecho que el plazo máximo por el que se puedan licitar estos contratos sean diez años.