Las mentiras del think tank de CEOE sobre el bono social de la luz: “Desconocen profundamente la realidad”

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la patronal CEOE, ha publicado un informe con datos falsos o sesgados sobre el bono social eléctrico, los descuentos para consumidores vulnerables que costea el sector. Así lo denuncia una ONG muy centrada en la lucha contra la pobreza energética.

El presidente del IEE es el actual consejero de Iberdrola en Reino Unido, Íñigo Fernández de Mesa, que presentó hace unos días un informe de “buenas prácticas regulatorias” sobre el sector eléctrico. El documento carga contra la reforma propuesta por el Gobierno en Europa, muy criticada por las empresas, plantea cargar a Presupuestos las ayudas a vulnerables y arremete contra esos descuentos apoyándose en algunos casos en datos erróneos. 

Así lo denuncia la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan. Esta entidad consultiva especial del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU lleva 35 años ayudando a mujeres que afrontan solas su maternidad y tiene conocimiento directo de la pobreza energética. Ha publicado una breve nota para “matizar determinados datos” del informe que “nos parecen erróneos y que llevan a unas conclusiones totalmente contrarias a la realidad actual”.

La entidad pide al IEE “que antes de publicar un informe que pueda tener tanta difusión se realice un control de la información”. Afirma que el estudio “comete un grave error” al afirmar que un decreto de 2017 “permitió multiplicar por algo más de 2 el número de consumidores acogidos al bono social, de 600.000 en enero de 2018 a 1.300.000 aproximadamente en mayo de 2020”. 

“Desconocen profundamente la realidad del bono social en España”, critica la fundación, que recuerda, citando datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en enero de 2018 el bono social tenía “un total de 2.307.065 hogares beneficiarios”. Actualmente son unos 1,28 millones.

En octubre de 2018 el bono se reformó para vincularlo a criterios de renta, salvo para las familias numerosas, que lo siguen recibiendo independientemente de sus ingresos. Ese año se suprimió de los posibles beneficiarios a los suministros con menos de 3 kilovatios (kW) contratados. Entre ellos, muchas segundas viviendas y rentas altas sin cargas familiares. Con ello, se pasó de 2.512.053 beneficiarios en septiembre de 2018 a 815.591 en octubre. Así lo reflejan las estadísticas de la CNMC.

Preguntado por este asunto, el IEE niega “rotundamente” que use datos falsos en su informe. Indica que ese decreto de 2017 “estableció un marco de entrada en vigor retardado en el tiempo, y los beneficiarios que pudieron acreditar debidamente sus condiciones en un primer momento fueron menos que los que había hasta entonces, aunque a lo largo del tiempo ha aumentado el número de perceptores del mismo que han podido acreditar en el tiempo el cumplimiento de estas condiciones”. No responde a por qué obvia que en el camino se quedaron esos 1,4 millones de beneficiarios.

La fundación también incide en varias afirmaciones del IEE “complejas de demostrar” o sin “suficiente consistencia”. Como cuando sostiene que el bono “provoca en los beneficiarios una falsa sensación de abundancia de electricidad, al ver estos consumidores en sus facturas un precio más bajo que el que refleja la verdadera escasez de la energía, lo que lleva a un mayor consumo”.

Para rebatirlo, la fundación se remite a los datos de la CNMC, que muestran que los hogares acogidos a la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), requisito imprescindible para tener el bono social, consumen menos energía que las familias en mercado libre. “Es una constante”. La entidad añade que en el mercado regulado “está presente el precio de mercado que pagan por su energía, algo de lo que carecen miles de hogares que pagan tarifas planas en el mercado libre”. 

Preguntado por el origen de esos datos, el IEE indica por correo electrónico que “en un contexto de menor precio por la intervención, su consumo será ineludiblemente mayor, que en relación a su misma realidad con un precio mayor, siendo esta una de las leyes universales de la demanda”. “El precio y la cantidad demandada son variables que se comportan de forma inversa, ante un menor precio, una mayor demanda o consumo”. 

La entidad señala que Fernández de Mesa, secretario del Tesoro con Mariano Rajoy y, entre otros cargos, consejero de Scottish Power desde 2018 (Iberdrola le ascendió el año pasado), “no ha participado en la elaboración de este estudio, limitándose su contribución al mismo a su presentación pública institucional a los medios, a partir de sus conclusiones”. El vicepresidente de CEOE lo presentó junto a Gregorio Izquierdo, director general del IEE y presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) con Rajoy.

“Ventajas de la liberalización”

El estudio de la patronal afirma que, al tener que contratar el PVPC, los consumidores con bono social “no pueden aprovechar todas las ventajas de la liberalización y las posibles mejores ofertas de precio o de perfil de pagos que podrían añadirse a la protección que proporciona el Gobierno”. Sin embargo, como recuerda la fundación, el mercado libre ha sido más caro, “de media, en cinco de los últimos siete ejercicios”.

Según el IEE, que el PVPC sea obligatorio para tener bono social “priva a los consumidores más vulnerables de la posibilidad de acudir al mercado a buscar coberturas de riesgo de precio” y “tiene efectos perniciosos”. 

“La cuestión clave es que la existencia de una tarifa regulada en el mercado minorista de electricidad puede ser innecesaria y se superpone con soluciones que ya provee el mercado”, como “contratos a precio fijo para los consumidores aversos al riesgo o contratos a precio indexado al mercado al contado para quienes la volatilidad de precio no sea un problema, y que quieran beneficiarse de los precios más bajos cuando estos se produzcan”, sostiene el IEE. 

“Por eso, la solución es eliminar la tarifa regulada igual que se eliminó en el sector de los derivados del petróleo hace ya décadas”. Propone hacerlo “de forma gradual” y reduciendo paulatinamente la potencia que puede tener PVPC, actualmente fijada en 10 kW. 

El think tank de CEOE también plantea que, “sin entrar en la definición de aquellos consumidores que deberían ser elegibles” para recibir el bono, “una buena práctica” sería sustituirlo por una ayuda directa, costeada por los presupuestos, “en forma de un cheque anual/mensual, calculado para compensar un determinado nivel de consumo eléctrico acorde con las características de cada grupo familiar”.

“Un tema filosófico”

“Es un tema filosófico”, dijo Fernández de Mesa en la presentación del estudio. Según el think tank de CEOE, “los consumidores elegibles verían el precio real de la electricidad y tendrían libertad para asignar el monto del cheque al consumo de cualquier bien. Con ello, se evitan distorsiones en las decisiones de consumo entre los distintos bienes de la cesta de la compra de estas familias, se elimina la falsa sensación de electricidad abundante y se desincentiva el derroche”.

“El bienestar social de este colectivo puede ser mayor si se les ayuda vía apoyo a su renta, ya que en este caso, se les apoya en sus necesidades de consumo, a la vez que se deja que los precios sigan funcionando como indicadores para mejorar la eficiencia y el ahorro en su consumo de energía, a semejanza del resto de consumidores”, dice el IEE en un correo.

La Fundación Isadora Duncan insiste en que los datos de la CNMC “y la experiencia de diversas entidades del ámbito social, académico y ambiental” reflejan “que el limitante de ingresos obliga a tener un consumo inferior al de la media”. Recuerda que “exceptuando una de las opciones de bono social eléctrico”, las familias numerosas, “todas cumplen requisitos de renta y absolutamente todas” tienen “un límite de consumo bastante estricto”, recuerda. 

En estos descuentos “no se tiene en cuenta la tipología de la vivienda, si existe una calefacción eléctrica o si el hogar cuenta con personas que requieren un alto consumo energético por problemas de salud, casos en los cuales hablar de ”derroche o sensación de abundancia“ debería tenerse en cuenta por respeto a su situación personal o familiar”, añade la entidad.

En el informe del IEE, añade, “se pone de ejemplo el bono social térmico”, un pago anual en efectivo que gestionan las comunidades autónomas. Según la fundación, esta ayuda “tenía una muy buena intención, pero está resultando realmente problemática”, ya que se paga con mucho retraso. 

En opinión de esta ONG, un cheque único “no vinculado a la energía, y que no es mensual como el actual bono social, conllevaría la generación de deudas que podrían empeorar la efectividad de la medida”. Su cobro “podría estar vinculado a cuentas bancarias en las que se cobren comisiones, se exijan certificados o documentación por la que esas entidades financieras requieran un pago”, con el riesgo de que “no llegue de manera íntegra”.

La Fundación Isadora Duncan subraya que la vulnerabilidad energética va “más allá de la simple falta de ingresos, ya que incluye la calidad de la vivienda y el precio de la energía”. “Miles de hogares han caído durante los meses de invierno de 2022 en riesgo de pobreza energética, aun teniendo unos altos ingresos”. Por ello, reclama que se aplique ya la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética de 2019, “con especial incidencia en lo relativo a la automatización del bono social eléctrico y con el necesario análisis de cómo abordar la pobreza energética en todo lo relacionado con la vivienda”.

La creación de un nuevo bono social energético “en base a criterios de renta disponible” es una de las asignaturas pendientes de esta estrategia. Figura en la actualización del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que aprobó el martes el Gobierno.

Las eléctricas llevan batallando en los tribunales para no costear el bono desde su creación en 2009. Los descuentos se han reforzado en la última crisis energética y con ello, su coste se va a disparar hasta los 880 millones este año. El 94% corre a partes iguales a cuenta de generadores y las comercializadoras, que lo acaban trasladando al consumidor. La vicepresidenta Teresa Ribera prometió una reforma tras la polémica de políticos madrileños con renta alta que cobraban el bono social para familias numerosas. Pero “difícilmente podrá salir antes de las elecciones”, confirmó este jueves.

En octubre, un decreto amplió los descuentos para vulnerables y vulnerables severos hasta el 65% y el 80%, respectivamente, y duplicó las ayudas para el bono social térmico. También se han reducido los umbrales de renta, se ha dispuesto la renovación automática de las ayudas y se ha creado el denominado “suministro mínimo vital”. En octubre se creó una nueva categoría para trabajadores vulnerables que cubre el 40% de la factura para hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos veces el IPREM. El Gobierno dijo que podría llegar a 1,5 millones de hogares, pero ha tenido escasa acogida.