El Pozo de San Nicolás, único testigo del esplendor del carbón en España

La minería del carbón ha quedado reducida en España a un único pozo activo, el de San Nicolás, en Mieres (Asturias), en el que actualmente trabajan entre 350 y 400 personas, frente a los 53.000 trabajadores que alcanzó el sector en sus mejores momentos. En ese pozo superviviente, propiedad de la empresa pública Hunosa, se extrae carbón, aunque no se comercializa, sino que se envía directamente a la central térmica de La Pereda, propiedad de la misma compañía, en la que se desarrollan proyectos sobre captura de CO2, nuevos combustibles y generación de energía por hibridación de diferentes materias (carbón, biomasa, estériles).

El futuro de La Pereda está condicionado por el régimen retributivo y el mercado de emisiones de CO2, aunque su futuro está garantizado al menos hasta 2021. El resto de las explotaciones echaron el cierre el 31 de diciembre de 2018. En España, el origen de la minería del carbón se sitúa en 1593 en la localidad asturiana de Arnao, con la concesión por el rey Felipe II de la primera licencia minera, que se otorgó a fray Agustín Montero.

La extracción y el uso del mineral se vio impulsada en la segunda mitad del siglo XVIII y siguió avanzando durante el XIX, pero no fue hasta el siglo pasado cuando el número de mineros en Asturias rozó los 13.000. Las guerras mundiales y el autoabastecimiento impulsaron la minería en España, aunque los récords de producción de carbón autóctono llegaron en la década de 1980, pese a que ya para entonces la liberalización del mercado había elevado las importaciones de hulla extranjera y el petróleo le había comido terreno.

Según datos de la patronal del carbón, Carbunion, en 1985 se extrajeron 39,8 millones de toneladas, más del doble que en 1963, mientras que el número de empresas carboneras pasó de las 150 en 1977 a 222 en 1991. Esas empresas daban empleo a principios de la década de 1990 a 53.000 personas, 35.000 en explotaciones subterráneas. Fue su momento de mayor esplendor, antes de que llegasen los primeros cierres de explotaciones y la pérdida masiva de empleos. En 2000, la producción había caído a 23,5 millones de toneladas y sólo quedaban operativas 57 empresas, con 16.600 trabajadores.

El siglo XXI agudizó ese declive. Entre 2000 y 2011 la producción se redujo a 6,6 millones de toneladas y el número de mineros a 5.800, empleados en quince mineras. El plan de cierre de la minería del carbón no competitiva, autorizado en 2016, ha acelerado este proceso. Ese plan establecía que las minas no competitivas podían recibir subvenciones para cubrir pérdidas a cambio de cerrar antes de diciembre de 2018. Las que quisieran continuar con la actividad debían devolver las ayudas recibidas. Casi todas las explotaciones españolas (26 centros de quince empresas) participaron en el plan.

El año 2016 fue especialmente aciago para el sector, ya que se cerró con una decena de empresas activas, que empleaban a 2.000 mineros y producían 1,7 millones de toneladas de carbón. Un año después, la producción remontó hasta los 2,8 millones de toneladas, aunque sólo quedaban ocho empresas que daban trabajo a 2.197 mineros, entre plantillas propias y personal de contratas.La producción volvió a caer en 2018, año en el que había sólo seis empresas activas con 1.149 empleados.

En octubre pasado, poco antes de que venciera el plazo para la devolución de las ayudas, el Gobierno, la patronal y los sindicatos firmaron un acuerdo para un cierre ordenado del sector, que se aplicará entre este año y 2027. El plan prevé prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores afectados por los cierres de explotaciones y la creación de una bolsa de trabajo para quienes no puedan beneficiarse de esas medidas.

En cuanto a las explotaciones a cielo abierto, dejaron de recibir ayudas en 2013, pero aún así produjeron entre 2016 y 2018 más de 6 millones de toneladas de carbón, frente a las 950.000 toneladas de las minas subterráneas. La patronal defiende que esas explotaciones habrían podido continuar de no haber sido por la obligaciones de devolver las ayudas y el cierre de centrales térmicas. Un ejemplo de ello es la aragonesa Samca, que en enero pasado anunció el cese de la producción de carbón en las minas de Ariño y Foz de Calanda, en Teruel, por el cierre de su único cliente, la central térmica de Andorra, propiedad de Endesa.

Ligado a las minas, en España, como en otros países, nació un potente movimiento sindical, que arrancó en los primeros años del siglo XX. Los mineros fueron protagonistas de la revolución de octubre de 1934 en Asturias y el norte de León, y en la década de 1960, en plena dictadura franquista, llevaron a cabo una huelga de dos meses por el despido de ocho compañeros del pozo Nicolasa, en Mieres, que habían protestado por las duras condiciones de trabajo. Ya en democracia, los mineros se opusieron a la reconversión del sector y a la supresión de ayudas: en el imaginario colectivo permanecen las dos “marchas negras” mineras de 1992 y 2012 y el encierro de 65 días de cinco mineros en León en 1999, el más largo en la historia del sector.

También en los noventa se produjo la incorporación de la mujer al trabajo en los pozos subterráneos, a raíz de la victoria legal lograda por Concepción Rodríguez Valencia, quien había sido rechazada por la empresa Hunosa pese a haber superado las pruebas para un puesto de ayudante-minera. Las normas vigentes desde principios de siglo prohibían el trabajo de las mujeres en el interior de las minas, que sí podían trabajar en los lavaderos de carbón y en duras tareas en el exterior.