El Gobierno quiere evitar que la vivienda pública acabe en el mercado libre al cabo de unos años

El Gobierno quiere impulsar una ley básica en materia de vivienda que se aplique en todo el país. Entre los objetivos, dotar a la vivienda de rango de servicio público y blindar su función social, según lo declarado por Pedro Sánchez, que ha llamado a un pacto de estado en estas políticas. “Vamos a impulsar una Ley de Vivienda para asegurar a todas las personas el derecho a un lugar digno en el que desarrollar su proyecto de vida, para impedir que se trate como un bien especulativo”, dijo esta semana. En dicho contexto, anunció que se prohibirá la venta de vivienda pública a fondos buitre.

Otro de los cambios legislativos que se proyectan es que la vivienda de protección pública (VPO, VPP...) construida sobre suelo público no acabe pasando al mercado libre, explican a eldiario.es fuentes del Ministerio de Fomento. Se trata de un cambio que afectaría a las nuevas viviendas que se construyan, no a las actuales. Entre otras cosas, este tipo de soluciones habitacionales dejarán de perder la calificación pasado un determinado número de años, como ocurre ahora.

Las leyes de vivienda son competencia de las Comunidades Autónomas. Lo que pretende el Ejecutivo es fijar unos parámetros básicos de igualdad de todos los españoles en el derecho a la vivienda, sin entrar en colisión con las normas autonómicas, aseguran. En la futura ley básica se enmarcan iniciativas que se han ido conociendo como la promoción de 20.000 viviendas para alquiler público, subir de 3 a 5 años la extensión de los contratos de alquiler, elevar la calidad mínima de las viviendas o facilitar la salida de los hogares deshabitados al mercado.

España podría tener 7 millones de viviendas públicas

Hace décadas que las administraciones subvencionan la construcción de viviendas de protección oficial en España, que se van incorporando al mercado privado. Tradicionalmente el plazo de duración de la calificación ha oscilado según las comunidades autónomas: para algunas 30 años (Andalucía, Aragón) o 20 (Extremadura, Rioja). Otras, como la Comunidad de Madrid, presenta plazos de 15 años en algunos casos. Vencido este plazo pueden volver al mercado libre –también pueden desclasificarse antes bajo ciertos criterios y sólo en algunas comunidades–, recuerda el investigador social Mario Espinoza Pino. 

Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea lleva tiempo reclamando un parque de vivienda pública en España que sirva para dar respuesta a los colectivos que lo necesiten y que también colabore a controlar los precios desbocados. 

Esta política de estímulo de la propiedad, frente a la promoción destinada mayoritariamente al alquiler que se lleva a cabo en otros países de Europa, ha colocado a España a la cola en porcentaje de vivienda pública del continente (entre un 1,5 y un 2,5% del total, según distintos cálculos y en ausencia de cifras oficiales).

De no ser así, gozaríamos hoy de un parque protegido de cerca de 7 millones de unidades de inmuebles en España, –casi el 40% del parque de viviendas principales– según explica el estudio “El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo”, de Carme Trilla Bellart y Jordi Bosch Meda.

Presentado en la Fundación Alternativas hace unos meses, este informe calcula que España necesita 1,5 millones de viviendas para alquiler social. Recalcan que en España, la propiedad del suelo, la actividad urbanizadora, la promoción residencial y la propiedad del parque de viviendas existente se hallan mayoritariamente en manos privadas. “De hecho, el marco legislativo históricamente ha favorecido la actuación de estos operadores privados”, subrayan. España cuenta con el mayor parque de viviendas en propiedad per cápita de toda la Unión Europea.

Panorama de la vivienda social en Europa

Consecuencias de la liberalización de vpo

Mario Espinoza opina que “para responder las necesidades habitacionales de la población y poner freno a las burbujas, lo ideal sería que la administración gestionase un parque de viviendas protegidas con carácter permanente, centrado en el alquiler social”. Su impresión es que si se sostuviese una política de vivienda protegida de duración permanente se incidiría en la regulación de precios y además “se podría atender a la situación de urgencia habitacional que padece todo el país”. 

Las figuras de las VPP o VPO han tendido a perder su antigua definición a lo largo de los distintos ciclos inmobiliarios, advierte. Por ello, “lo ideal sería evitar la liberalización de este parque y que el Estado pudiese gestionarlo de forma permanente”. Su apuesta es que existiendo un parque vacío “tan desmesurado”, no haría falta acudir a la construcción y podrían buscarse fórmulas para darle un uso protegido desde la administración pública.

Más cauta sobre la medida de evitar la liberalización de vivienda protegida se muestra Elena López, la coordinadora del área jurídica de Provivienda. Esta organización no gubernamental lleva desde 1989 mediando entre población con dificultades de acceso a la vivienda, propietarios e instituciones. Recalca que el mantenimiento de este tipo de domicilios es costoso y que en el caso de que los inquilinos no sean propietarios en algunos casos cuidarán menos el parque.

También aboga porque las ONG puedan alquilar viviendas protegidas para ser las encargadas de hacer un seguimiento. En estos momentos las personas jurídicas, como lo son estas organizaciones, tienen vetado el acceso a dichos alquileres.

Los profesores Trilla y Bosch concluyen que apenas existen mecanismos capaces de ejercer algún tipo de acción amortiguadora ante las eventuales ineficiencias del mercado, “sobre todo cuando éstas afectan de forma grave a segmentos de población que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada por sus propios medios”.

Por ello, las leyes de la vivienda aprobadas por las comunidades autónomas en el contexto de la crisis económica trataban de garantizar estos derechos frente a los desahucios y la acumulación de pisos vacíos de los bancos. El Estado entendió menoscabadas sus competencias y recurrió al Constitucional quince leyes autonómicas sobre vivienda. La ley básica de vivienda del estado que prepara el Gobierno trataría de acabar con la confusión, la dispersión y la inseguridad jurídica tanto en vivienda protegida (las vpo se regulan por una ley de 1978) como en otros aspectos.