Un Gobierno de cara a Europa

Ya tenemos Gobierno y mucho se habla de la multiplicación de ministerios, del perfil de los ministros y ministras, de las complicaciones de crear un ejecutivo de coalición, de quién ha llevado la iniciativa política, del elevado número de vicepresidencias… y hay quien, desgraciadamente, insiste en calificar al nuevo gabinete de contubernio comunista. Sin embargo, se ha prestado menos atención a un asunto clave: la configuración del gobierno de cara a Europa.

Cualquiera que pertenezca o haya pertenecido a un club sabe que a cambio tendrá que cumplir una serie de reglas. No solo las que estaban vigentes en el momento en que el club se fundó o cuando nos admitieron, sino todas aquellas que se han ido añadiendo o modificando a posteriori. Si además ese club posee una zona restringida, más exclusiva, a la que también pertenecemos, las reglas se multiplican.

España pertenece a varios clubes. Algunos con reglas muy laxas, otros donde son algo opacas y otros con normas muy exigentes, pensadas para cambiar nuestras políticas, instituciones y procedimientos. Este último es el caso de la Unión Europea y la Eurozona, cuyas reglas condicionan el desarrollo de nuestro país, especialmente en el ámbito económico.

En los clubes hay quien está para figurar, quien se hace miembro para beneficiarse de ciertas instalaciones o servicios y quien lo hace por necesidad o convencimiento. Si consideramos que estas últimas son las razones que impulsaron a España a ingresar en la Comunidad Económica Europea en 1986, cuando se hallaba en mitad de una transición política de profundísimo calado, y que la instan a permanecer en ella hoy en día, cuando la globalización abandona el multilateralismo y la riqueza y la capacidad de innovación sufren procesos de concentración cada vez más radicales, parece evidente que la mejor opción para nuestro país es involucrarse profundamente en el diseño y gobierno de dicho club.

No se puede decir que España haya estado ausente de los espacios de diseño y toma de decisión comunitarios, pero sí que en algunos momentos no ha participado en ellos en la medida que lo han hecho los socios fundadores, países más centrales o que han sabido posicionarse mejor dentro de la arquitectura comunitaria. De ahí que un gobierno que mire a Europa no es solo una gran noticia, sino un imperativo que tenemos que atender si queremos seguir formando parte de ese club, algo que, en mi opinión, resulta ahora mismo incuestionable.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha reforzado en el ámbito económico y lo ha hecho con la mirada puesta en la Unión Europea. La Unión que conocemos nació del horror de la última gran guerra, pero desde el primer momento eligió la economía como argamasa, como vínculo primordial entre los países miembros. La consecución del mercado único, de la moneda única y de las instituciones económicas comunes han sido empeños y logros —si bien no siempre equilibrados— de la actual Unión Europea. Aunque la Unión ha ido ampliando su ámbito de actuación, las instituciones económicas que definen o implementan las políticas económicas siguen siendo en gran medida el tablero de juego donde se desarrolla la partida, también en lo que se refiere a otros ámbitos políticos. Y esas reglas y las herramientas que se han diseñado para hacerlas cumplir han sufrido cambios sustanciales en los últimos años, limitando la acción política –sobre todo económica–, de los estados miembros en sus propios territorios.

La pertenencia a la Unión Europea y a la Eurozona nos obliga a cumplir con unas reglas de gobernanza económica en materia macroeconómica y fiscal y de reformas estructurales que se supervisan y coordinan a través de una herramienta denominada Semestre Europeo. El Semestre Europeo exige que los estados miembros discutan sus planes económicos y fiscales con el resto de sus socios europeos en momentos específicos a lo largo de la primera parte del año tras los informes pertinentes de la Comisión Europea, para que la acción que se requiera pueda ser adoptada en la segunda parte, determinando claramente el proceso de diseño presupuestario para el año sucesivo, antes de que los presupuestos nacionales sean aprobados por sus respectivos parlamentos.

Se trata de un mecanismo de supervisión constante que no solo se realiza ex post, sino también ex ante, con objeto de que las reglas del juego sean más claras, pero también de imponer un mayor control y reducir el margen nacional de maniobra. Si bien este proceso favorece que los estados miembros sean más conscientes y obren en consonancia con los desafíos comunes, también releva a un segundo plano las prioridades políticas de cada socio, limitando de manera clara la soberanía económica y fiscal de los miembros del club. Un resumen de la arquitectura económica de la Unión y su coordinación a lo largo del semestre puede consultarse aquí.

Esta supervisión constante no se implantó en una fecha cualquiera. Fue diseñada en 2010, año bisagra para las respuestas políticas a la crisis económica y financiera de 2007-2008. Muchas personas recordamos ese año, especialmente el mes de mayo, como el momento en el que el entonces presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, dio un giro a su política y decretó lo que acabamos identificando como políticas de austeridad, que no eran otra cosa que las políticas deflacionistas de toda la vida pero que, al cambiar de nombre y gracias al valor performativo de las palabras, significaron un traspaso de la responsabilidad sobre la situación económica de las instituciones económicas y los gobiernos a la ciudadanía, lo que justificó el desarrollo de políticas contrarias a los intereses de muchos grupos de personas. No fue solo España la que viró el rumbo, lo hicieron todos los países miembros, aunque con distinta intensidad y, sobre todo, desiguales efectos, como no podía ser de otra manera dados los diferentes cuadros macroeconómicos y colchones sociales de los distintos estados integrantes.

Conforme las economías europeas fueron saliendo de la crisis, la naturaleza y el horizonte de este mecanismo de coordinación y supervisión se fue transformando y, progresivamente, ha ido incluyendo otros aspectos de índole social y laboral que la ciudadanía reclamaba a gritos y que empiezan a considerarse como esenciales también para la evaluación económica de los países. La puesta en marcha del Pilar Social Europeo en 2017 ha representado sin duda un punto de inflexión en este proceso. Como consecuencia, el Semestre Europeo exige ahora a los países miembros que alcancen determinados resultados sociales o vinculados con la igualdad de género. Otra cuestión es el diferente grado de disciplina con el que se impone Europa en los ámbitos considerados económicos y en los que no tienen esa consideración. Pero lo que parece claro es que se camina hacia una mayor y constante supervisión en cada vez más ámbitos de gobierno.

Esta es precisamente una de las claves, pues todavía queda mucho por diseñar, desarrollar y aplicar en y desde Europa, sobre todo con el Pacto Verde europeo, y el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, que se acaba de presentar y que pretende movilizar un billón de euros entre 2021 y 2030. Ese pacto implica que muchas cosas tienen que cambiar para poder cumplir sus objetivos, y ahí radica la importancia de contar con un gobierno reforzado en el ámbito económico que mira a Europa, y con una vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Esta apuesta estratégica del nuevo Gobierno es asimismo significativa en un momento en que la situación internacional no deja mucho margen para la inacción. La economía internacional se enfrenta a notables turbulencias provocadas por las guerras comerciales, el ataque al multilateralismo, la continuada financiarización de la economía, y la inestabilidad y creciente desigualdad que la acompañan. Y es imperiosa la necesidad de responder a la emergencia climática, que necesariamente implicará cambios en nuestro modelo productivo, y a los desafíos vinculados con la revolución digital, basada en tecnologías disruptivas que están cambiando nuestra forma de producir, comercializar, consumir bienes y servicios, trabajar y vivir, y que pueden hacer que muchos empleos acaben siendo redundantes y acabar con una distribución de la riqueza aún más desigual.

Estos desafíos son de tales dimensiones que una economía como la nuestra no puede enfrentarse a ellos para garantizar el bienestar de su ciudadanía y preservar las instituciones y los valores democráticos sin pertenecer a un club más amplio. De modo que, más allá de las limitaciones y oportunidades propias del diseño de un gobierno de coalición, Pedro Sánchez acierta al configurar su Ejecutivo de cara a Europa, porque es en ese terreno donde nos toca jugar. La Unión Europea no es aún lo social, feminista, verde, inclusiva e igualitaria que a muchas personas nos gustaría que fuera, pero qué mejor manera de cambiar España que participando más activamente y con intereses más claros en el cambio de Europa.