México: Estado de impunidad

Desde principios de año, seis periodistas han sido asesinados en México. Uno cada veinte días. En 2016 fueron asesinados once y la organización internacional Artículo 19 registró más de 400 agresiones a periodistas. Igual de alarmantes son los asesinatos a defensores de los derechos humanos y líderes indígenas, y los índices de feminicidios.

México vive hoy una crisis de derechos humanos y una situación dramática de impunidad ante la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones arbitrarias. Esta realidad inadmisible de flagrante vulneración de los derechos humanos y de la libertad de expresión ya la denunció en 2015 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad.

La realidad de México contrasta con el retrato que se quiere vender de un país moderno, de progreso, que respeta las obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos. México es hoy la segunda economía más importante de América Latina y un socio estratégico de la Unión Europea. A partir del acuerdo comercial y de cooperación económica que entró en vigor en el año 2000, llamado “Global Agreement”, México se ha convertido en uno de los aliados comerciales más importantes de Europa en América Latina. Es por esta razón que, una vez cerrado el acuerdo con Canadá (CETA), la Comisión Europea, siguiendo la estrategia de liberalización comercial con los países del hemisferio norte de América, está en plenas negociaciones de renovación del acuerdo con México que, según la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, habrían de concluir este año.

Hasta hoy, el acuerdo comercial con México ha tenido una cláusula de respeto a los derechos humanos que ha sido totalmente ninguneada y probadamente ineficaz, tal como evidencian los trágicos datos. Por esta razón, hemos de exigir a la Comisión Europea que el nuevo acuerdo comercial UE-México incluya una disposición vinculante de cumplimiento de respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión, que vaya acompañada de un mecanismo efectivo de seguimiento y control, y si es necesario, de sanción o de finalización del acuerdo.

Además, tal como reclaman múltiples entidades de derechos humanos mexicanas, se ha de reclamar al Gobierno de Enrique Peña Nieto que implemente la primera y más importante de las 14 recomendaciones que el Alto Comisionado de Naciones Unidas dirigió al Gobierno mexicano: la creación de un Consejo Asesor contra la impunidad, integrado por expertos en el ámbito de los derechos humanos que ayudaría al Estado mexicano a revertir la impunidad imperante en el país.

El Gobierno mexicano ha de acabar con la violencia y la persecución que amenaza diariamente a activistas y periodistas. Sin este claro compromiso democrático, la UE no puede firmar un acuerdo. Lo han denunciado Human Rights Watch, Artículo 19 y Naciones Unidas. Hoy lo hacemos también desde el Parlamento Europeo.

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Josep-Maria Terricabras es eurodiputado por ERC y miembro de la Delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México.