¿Cómo es posible que vayan a destruir una zona verde, calificada así en el Plan General Urbanístico de San Sebastián, para levantar un artefacto comercial de franquicias que no se justifica desde la primacía del interés general? Los discursos políticos insisten en la sostenibilidad, en el respeto al arbolado y a los espacios verdes, más aún si aportan calidad medioambiental en el paisaje urbano. Pero la ciudadanía donostiarra parece consentir el atropello que provocará el Gobierno municipal en la ladera de San Bartolomé.
Hablamos de un espacio libre verde que, además, está protegido en el Plan de Protección del Patrimonio Local y en sentencias judiciales, al ser parte del conjunto formado por la fachada del convento y el muro de San Bartolomé. Dicha norma señala: “Se prohíbe la implantación en esa ladera de elementos de urbanización y edificación que impidan la integración visual del conjunto desde la cota del Ensanche y/o supongan interferencias visuales significativas”.
Sin embargo, en vez de dignificar esa zona verde, van a excavar la ladera para levantar un edificio de 45 metros y 10 plantas. El envoltorio del hormigón será un entramado de tuberías de riego y mallas de sujeción para las plantas que cubrirán paredes de grandes pendientes, casi verticales. Ahí está el fraude de ley: en la degradación de una ladera que es dominio público y a la que, tras las obras, el actual alcalde Goia califica como parque (!).
¿Que hay detrás? Este centro comercial insostenible añade más ingresos a la sociedad mixta San Bartolomé Muinoa de la que forman parte el Ayuntamiento y cuatro constructoras e inmobiliarias; es la sociedad que ha gestionado toda la operación de regeneración de Amara Viejo-Alto de Aldapeta que nos permitió el realojo de 170 vecinos. Obtiene así otros 12 millones de euros a cambio de vender el terreno para hacer un centro comercial que albergue más franquicias, restaurante, gimnasio, gran supermercado y un parking de rotación en plena Zona de Bajas Emisiones para colmo de contradicciones.
El centro comercial es posible porque el exalcalde Juan Karlos Izagirre (Bildu) promovió y tramitó en 2014 una reforma del Plan General para ese territorio, introduciendo cambios no recogidos en el Plan que los socialistas dejamos aprobado y en ejecución en 2011. Con los cambios querían garantizar mayores ingresos. La misma actitud mantenida por el actual alcalde Goia (PNV) con la aprobación final, en enero de 2023, de un Plan Especial que detalla el proyecto de urbanización de la ladera. Mientras, el mismo alcalde impide el derecho de acceder a documentos públicos para conocer los resultados económicos de la actuación urbanística en el barrio, actuando así en contra de la Ley de Transparencia como señala el Ararteko.
Se pretende justificar “el favor” haciendo alusión a que las expectativas de beneficios de las constructoras experimentó una ligera rebaja en los precios de venta de los nuevos pisos con motivo de la crisis inmobiliaria que explotó en 2009. ¡Se trata de compensar! ¿Acaso el principio de riesgo y ventura empresarial no es de aplicación a las constructoras en una ciudad como Donostia, con el suelo más caro de España? Calculo que el Ayuntamiento ha obtenido 40 millones de ingresos tras la actuación global en el barrio.
El último episodio ha sido sacar a venta los aprovechamientos de suelo municipal en el barrio para la construcción de 36 pisos de precio libre en una ciudad con una oferta de vivienda pública inexistente durante doce años. En marzo de 2023 solicité al alcalde la recuperación de la ladera verde de San Bartolomé, un sitio vinculado a la historia de la ciudad. Mi alternativa es un proyecto de jardinería y paisajismo en favor de un parque urbano de 3.800 m2, con arbolado y una configuración armónica con el Ensanche Romántico de San Sebastián ideado por el arquitecto Cortázar en el concurso de 1863. Nunca obtuve respuesta.
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