Conducir por la 'derecha'

No es para olvidar lo del famoso Carromero. ¿Se imaginan a un cubano involucrado en un accidente de tráfico en España provocando víctimas mortales, extraditado a su país y, lejos de cumplir la condena allá, dispusiera de un flamante despacho oficial y, después... 'pelillos a la mar'? ¡A qué no! Imaginen, por un solo segundo, que alguno de esos fallecidos en un temerario accidente de tráfico fuese uno de sus familiares.

Tampoco es para olvidar lo del concejal del de Seguridad Ciudadana de un pueblo de Tarragona, del Partido Popular, que triplicaba la tasa de alcohol permitida cuando le paró su propia Policía Local. Me refiero a Fermín Díaz, edil de Mont-Roig del Camp, una localidad cercana a Cambrils. En un alarde de soberbia, que yo denominaría una cutre actitud chulesca, prepotente y caciquil, reconoció los hechos pero se negó a dar explicaciones. Ni tan siquiera ante sus convecinos, muchos de los cuales fueron sancionados por infracciones de tráfico que él mismo rubricaba.

La concejala de Servicios Sociales, Discapacidad, Inmigración, Cooperación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), Pilar Araque, también del PP, fue detenida en la Nochebuena de 2013 tras atropellar a a una mujer de más de 70 Años y superar la tasa de alcoholemia permitida tras un control que realizó la Policía Municipal. Al menos fue detenida. Si no se llega a producir aquel fatídico atropello y sus posteriores denuncias de parte afectada en vía penal, llegaría a dudar sobre la práctica de aquélla detención.

El diputado y presidente de Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte, fue imputado por un delito contra la Seguridad Vial tras sufrir un accidente en la céntrica calle Serrano de Madrid y dar positivo en el control de alcoholemia que se le realizó a continuación. A raíz de aquel incidente, el diputado del PP (por Valencia) presentó su dimisión en la Comisión No Permanente de Seguridad Vial y Prevención Accidentes de Tráfico de la Cámara Baja, de la que era miembro como vocal.

Y sí, han leído bien: en la Comisión Permanente de Seguridad Vial, en la misma en la que se elaboran los estudios legislativos para proponer cambios legales en materia de sanciones y en la misma en la que se dilapidan cientos de millones de euros en campañas de prevención. Tiene pelotas... o cojones; según la RAE es lo mismo que lo mismo es: gracias Camilo José...

Quizás sea bucear mucho en un pasado reciente pero, tengo la extraña sensación de que a quien adelanta por la 'derecha' no le pasa absolutamente nada. Puedo, incluso a tener la percepción (como cientos de miles de ciudadanos) de que los Agentes de Tráfico (muchas veces a las órdenes directas de éstos citados y otros muchos más) intentan actuar de una manera reglamentaria pero que, sin intencionalidad probada, se pueden llegar a ver 'obligados' o presionados a actuar de una forma totalmente diferente a la forma con la que actuarían ante el común de los ciudadanos.

Recientemente (y ésta confirmación ya es oficial, según lo declarado por el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Madrid, Diego Sanjuanbenito, en la Comisión ordinaria del ramo y en la base de la información trasladada por el cuerpo de agentes de movilidad a instancia de la alcaldesa de Madrid), la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, NO entregó (el pasado 3 de abril a los agentes de movilidad que iban a proceder a multarla por estacionar indebidamente en el carril bus a la altura del número 44 de la Gran Vía) el permiso de circulación, NO entregó la tarjeta de inspección técnica (ITV) y NO entregó la documentación del seguro obligatorio. Algo requerido a cualquiera de nosotros y algo que debemos entregar aunque no seamos de sangre brava porque somos una 'Aguirre' que embiste de forma brava como uno de esos pobres toros que pierden su vida en una plaza para regocijo de esa noble condesa consorte de Bornos ('grande' de España) y de cuatro ceporros o abencerrajes más... de esos que hacen la ola a esta 'friki' venida arriba.

Haciendo un inciso, conste que semejante pija-noble-añorante conmigo casi acierta de pleno con eso de que “quién es antitaurino es antiespañol”. Y acierta, casi de pleno, ya que, aún siendo antitaurino (que lo soy), por ese mero hecho tampoco es que sea antiespañol. No me considero tal sencillamente porque soy vasco. Sin más. Sé que lo decía por Catalunya pero, en todo caso, cada vez que la lideresa 'Espe' abre la boca (como cada vez que queman una senyera -estelada o no- en una Final de Copa) suman desde la hermana 'nació catalana' otras 5.000 firmas independentistas, que, no necesariamente nacionalistas. Pero dejemos lo del legítimo derecho a decidir y volvamos a las absurdas y anacrónicas leyes españolas. Volvemos a la Ley de Tráfico a medida del PP.

¿Alguien de ustedes cree que, en la misma situación que la de la expresidenta de esa artificial comunidad de Madrid, iban a poder arrancar su vehículo, llevar por delante una moto de los agentes, irse sin entregar la documentación, no ser sometida a un control preventivo de alcoholemia, darse a la fuga, cobijarse en su domicilio y negarse a bajar a instancia de los requerimientos de la autoridad? Pues no. Estamos hablando de tres faltas administrativas, sí, pero también de dos delitos perfectamente tipificados en el ordenamiento penal. Cualquier ciudadano hubiese sido detenido, hubiese pasado la noche en la comisaría y puesto a disposición judicial en cuestión de horas. Seguramente en la mañana siguiente a su detención y privación de libertad. Es lo normal. Es lo establecido mediante protocolo y lo que se hace al uso. ¿Sería conveniente aleccionar a los ciudadanos sobre la posibilidad de interesar un 'habeas corpus' alegando semejante precedente de hecho?

Pues sí. Claro que sería factible ya que si a ésta señora le vale (no sé por qué le vale, pero le vale) pues vale al resto de ciudadanos: que yo sepa, no está ni tan siquiera en la ampliación de aforados. Encima, ya que su papel teatral dice que tiene que ir de campechana, se jacta de ello utilizando una consabida sobreactuación de esa ficticia cercanía de noble a plebeyo ante las cámaras y resto de medios de comunicación.

Todo ello como alguien que se cree por encima del bien y del mal y con un evidente complejo caudillista (aún mayor que el de la caudilla neo-falangista y magenta Rosa Díez). Pero, y volviendo a su fuga, ante la inactividad de la Autoridad policial madrileña, ¿Dónde estaba la Fiscalía? ¿De vacaciones?. No estaría mal que, entre 'Marcha Verde' y 'Marcha Blanca', una concentración de cientos de conductores 'multi-sancionados' en ese mismo carril bus exigieran el mismo trato. Ni mejor ni peor: El mismo. ¡A ver qué pasaría!

Y no todo acaba aquí (ni acabará). Por la 'derecha' también se adelanta en Navarra. Otro concejal de UPN (socio del PP), Ignacio Polo Guilabert. Conduce un coche oficial. También es concejal de Seguridad Ciudadana. Obra su firma en unas 48.600 sanciones. Solo un 0,3% de los recursos contra esas sanciones por él ratificadas han sido admitidos. En teoría una persona que ejercía su cargo de forma tajante... pero humana.

Y, así, como cualquier otro humano, golpea levemente a otro vehículo de forma involuntaria al 'desaparcar' el mismo frente a la plaza de tortura animal de Iruñea. La Policía Municipal lo observa. Le identifican (por hacer algo) y le someten a una prueba de alcoholemia que triplica la tasa permitida. Sabemos que tenemos derecho a efectuar una segunda prueba ya que el etilómetro 'manual', aún fiable, no es tan exacto en su metrología como el equipo denominado 'fijo'. Y si no existe ese segundo equipo (como en los controles de carretera), el presunto infractor tiene derecho a acudir a comisaría para realizar esa segunda prueba. A cualquier conductor se le otorga un plazo de unos 10 minutos entre la primera medición y la segunda. A cualquier conductor menos al sr. Polo. Él dispuso de 22 minutos, sin custodia, a puerta cerrada, lo que desencadena en que de una tasa de 0.75 pasa a 0,64 en esos 22 minutos. Incomprensible. Cualquier agente de Tráfico sabe que eso es, sencillamente, una supuesta manipulación de prueba. En efecto, la sanción administrativa está impuesta: 500 euros y la detracción de 6 puntos en su permiso de conducir. En este caso, la responsabilidad política, aunque suene extraño, también está adoptada de 'mutu proprio': La dimisión (que no cese inmediato por el alcalde de Iruñea/Pamplona, sr. Maya). Pero, ¿dónde está la responsabilidad penal? Pues en ningún lado.

Solo en éstos dos últimos casos podemos observar cómo las Leyes y Reglamentos no se aplican a todos por igual. Ante todo ello, animaría a la gente a exponer dichos casos a la hora de tener que presentarse ante un juzgado. Dicho sea de paso, quién vulnera la Ley de Seguridad Vial y pone en peligro la vida de terceros, bien llevado ante un juzgado está, pero, puestos en el caso, los que tengan que acudir, que acudan y carguen con sus responsabilidades penales, también que exijan igualdad. Todos y todas. Exceptuar a algunas y a algunos no hace otra cosa que corroborar la percepción general sobre lo que ocurre en esa España de pandereta que no es otra cosa más que la corruptela y la corrupción están a la orden del día.

Y, por ser de Justicia, destacar que ni esas policías ni esos jueces de Instrucción tienen culpa de nada. Yo apuntaría más alto. ¿Cómo es normal que un presidente del Gobierno español pueda poner a su propia Dirección General de Tráfico como blanco de sus acusaciones? Criticar algunos letreros colocados en autopistas -así como campañas publicitarias de esa DGT- (por él ordenadas y por todos pagadas), en especial, la del eslogan “No podemos conducir por tí” diciendo, nada menos, que “Yo siempre pienso, ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero conduzcas por mí?” da una imagen sobre como esos Carromeros, Díaz, Araques, Uriartes, Aguirres y Polos pueden campar a sus anchas por las carreteras parcheadas de España con total impunidad. Esa frase no es mía: es de José María Aznar.

Y, para lo demás, siempre les quedará Gallardón y sus indultos. Cosas de olés, paellas, siesta, botijo y pandereta. Hay hasta quién le llama “Españistán”. Venga, Margallo, ¿Dialogamos en serio?