El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español incluye 120 reformas legislativas (adenda incluida), como por ejemplo la ley de Vivienda o la reforma laboral. Las reformas son una parte de los objetivos perseguidos, parte de los 'qués', y una vez aprobadas entran en vigor con impacto en todo el territorio.
El Plan también concentra 135 líneas de inversión, otra parte de los 'qués', para canalizar 163.800 millones de euros (12% del PIB de España 2022), gestionados por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Sin duda, son muchos millones y muy variadas líneas de inversión, pero no son los únicos recursos económicos disponibles para un propósito común y un destinatario último que es el ciudadano y la sociedad española, pues podemos añadir buena parte de los casi 37.000 millones de euros de los Fondos Estructurales (2021-2027); y los recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado aprobados cada año. Todos estos recursos comparten en gran medida, objetivos estratégicos, transformadores y de impacto.
Existe, por tanto, gran complementariedad entre las distintas líneas de inversión abiertas desde la administración pública, pero, sin embargo, la forma en que se canalizan los fondos asignados a tales líneas de inversión, los requisitos de adjudicación y el seguimiento de la ejecución de los proyectos adjudicatarios, esto es, el 'cómo', siguen teniendo tal complejidad que genera desconexión con la sociedad.
Los Fondos Next Generation pueden ser el impulso necesario para transformar el modelo de gestión de los recursos económicos de las administraciones públicas, el 'cómo', y lograr una mayor eficiencia a la hora de ponerlos a disposición de empresas, pymes, autónomos y particulares. Para cambiar en gran medida el 'cómo', se ha de partir de una reflexión: o toda la maquinaria de acceso a la inversión, sigue construyéndose y girando alrededor de la “micro-trazabilidad” y el control ad-hoc de cada una de las convocatorias, o se posibilita más una visión “cliente final”, en donde la trazabilidad y el control garantizan la adecuación y eficacia del proceso de asignación de recursos pero no lo condicionan de inicio.
En mi opinión la segunda opción debe imponerse y ello implicaría, gobernar la disponibilidad de recursos públicos con una mayor transversalidad, generar grandes convocatorias con presupuestos relevantes y en donde el acceso a posibles préstamos sea, con carácter general, mediante financiación directa o intermediada (EEFF), establecer plazos de convocatorias suficientemente razonables, estandarizar y simplificar los requisitos solicitados para acceder a los recursos, apostar por digitalizar procesos, simplificando y creando un espacio transversal alrededor del acceso a las ayudas públicas (transferencias, préstamos…) con visión “cliente”.
Los Fondos Next Generation pasarán; tendremos que devolverlos de manera directa o indirecta, y nuestro país recibirá el impacto de los 'qués' implementados, fruto de las reformas y multitud de proyectos. Pero más allá de su efecto, seguirá habiendo otros recursos públicos (en mayor o menor medida) a disposición de la sociedad; por eso, debemos plantearnos la necesidad de seguir impulsando los 'qués' cambiando el 'cómo', de hoy y de mañana, con independencia de si los fondos son Next Generation o no.
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