Con el hogar no se juega

Si algo nos está enseñando la situación actual es a darnos cuenta de cuáles son las cosas importantes en la vida. Sin ir más lejos, el coronavirus nos ha dejado claro que la mejor garantía para proteger nuestra salud es disponer de un buen sistema sanitario público.

El confinamiento también nos ha permitido valorar más nuestro hogar como refugio, como un espacio donde cobijarnos cuando fuera vienen mal dadas. Me refiero al hogar en un sentido amplio: el lugar que compartimos con nuestros seres queridos, el espacio donde desarrollamos nuestras aficiones, el sitio que nos conforta.

Sin embargo, en medio de esta nueva conciencia colectiva, el Gobierno Vasco ha permitido que 500 familias de los barrios de Salburúa y Zabalgana sientan amenazado el futuro de sus hogares. Ha autorizado que 500 pisos de VPO destinados al alquiler social pertenecientes a la Caja Vital pasen a manos del fondo de inversión Catella, perteneciente al dueño de Ikea. Con su permiso, nuestro Gobierno facilita que las decisiones sobre el precio y las condiciones del alquiler de estas 500 familias pasen a tomarse en Suecia, donde nadie sabe quién vive en esos pisos, ni cuáles son sus preocupaciones o necesidades. Es el mercado, oiga.

Tampoco se entiende por qué la Caja Vital ha decidido vender esos pisos a espaldas de la sociedad alavesa, aprovechando que ahora mismo la ciudadanía no tiene capacidad de respuesta. En este momento no tiene necesidades de dinero para mantener su obra social. ¿Es acaso una imposición de Kutxabank, que lleva años vendiendo sus inmuebles y sus participaciones industriales para hacer caja? ¿Dónde han quedado los objetivos sociales bajo los que se crearon las cajas vascas? Eso es algo que tendrán que explicar los patronos del PNV y PSE.

Porque, incluso si fuese necesario vender, ¿no habría sido más lógico que estos pisos los adquiriese el propio Gobierno Vasco, a través de la agencia Alokabide? Si los compra un fondo de inversión es porque a medio plazo prevé que esa inversión le proporcione intereses sustanciales. Entonces, ¿por qué no mantener ese beneficio en el ámbito de lo público, al mismo tiempo que se garantiza el interés social y la estabilidad de las familias? ¿A quién interesa que las ganancias se las lleve la iniciativa privada? Sin duda, a quien antepone el mercado a las personas y defiende una concepción neoliberal de la economía y de la vida.

Es evidente que esta venta perjudica gravemente a la ciudadanía alavesa pero, más aún, a la juventud gasteiztarra, que a partir de ahora verá reducidas sus opciones de encontrar vivienda de alquiler pública y social en Vitoria. Más pisos en manos de fondos de inversión hoy, es garantía de más especulación mañana, y de futuras subidas en los precios de los alquileres en toda la ciudad.

En momentos de incertidumbre como éste, nuestra sociedad necesita disponer de un mercado de vivienda de alquiler asequible para quien más la necesite. Necesitamos gobernantes que refuercen la sanidad pública y garanticen el derecho a una vivienda digna para todas las personas.

La crisis del coronavirus también nos ha hecho caer en la cuenta de que nuestra salud o la seguridad de nuestros hogares enlaza con lo que pensamos pero también, por supuesto, con lo que votamos. Nuestra salud y nuestra estabilidad futuras dependerán de quién nos represente, nos defienda y nos guíe en la travesía incierta que se nos avecina… sin dejar a nadie atrás.