TISA, el otro acuerdo

Como comentaba en la columna anterior el sábado día 18 es la jornada de acción global para detener los tratados de libre comercio e inversiones en proceso de negociación o de ratificación, y de promover una economía que funcione para las personas y el medio ambiente. En el contexto de esta red de tratados que se esta está volviendo cada vez más densa y más restrictiva, en estas líneas de hoy voy a esbozar unos apuntes de uno de los tratados que se está negociando en estos momentos y que tiene una gran transcendencia para nosotros los ciudadanos y es el Acuerdo de Comercio de los Servicios (TISA en inglés). Este mega Tratado de nueva generación se está negociando entre 24 países (con la reciente incorporación de Uruguay), considerando la Unión Europea como un solo país, y sus propuestas de acuerdos se debaten y negocian de manera secreta. Los campos afectados son los servicios públicos, los servicios financieros, la privacidad de datos, los servicios postales y la logística, el comercio electrónico, los servicios ambientales, los servicios profesionales, etc.

La estrategia clave de los impulsores del mismo, llamados así mismo los verdaderos buenos amigos de los servicios, es profundizar en la globalización neoliberal, colocando a las transnacionales fuera del ámbito de las legislaciones nacionales y preparando el camino para acabar, a través de las privatizaciones de servicios esenciales, con las últimas reminiscencias del estado del bienestar y de privilegiar las ganancias de las empresas y países más ricos a costa de las necesidades de los más necesitados . Y eso que el AGCS de la OMC ya es bastante desregulador.

No debemos de olvidar que uno de los sectores potenciales de generación de beneficios para las grandes corporaciones son los servicios públicos, si estos son liberalizados de manera ambiciosa (es decir que las inversiones y los suministros de servicios a escala transnacional se rijan según los principios del libre mercado). Y estamos hablando de agua, sanidad, educación, pensiones, seguros, etc. Y son los servicios públicos los que garantizan que los bienes comunes son compartidos, son un elemento esencial para garantizar la cohesión social y territorial, e insisto deben estar disponibles para todos, al margen de sus posibilidades económicas.

Unas ideas de que es de lo que hablamos cuando planteamos los grandes riesgos de este Tratado, son algunos de los elementos sobre los que se está trabajando y que son la unidireccionalidad de la privatización de los servicios públicos tratando de impedir la marcha atrás, es decir la resocialización de sectores ya privatizados, desde un punto de vista legal (cláusula de trinquete), la erosión del derecho a regular, la erosión de los derechos humanos y los derechos laborales, la pérdida de democracia y soberanía, la idea de que cualquier servicio que se torne comercializable como resultado de la innovación tecnológica y que forme parte de una categoría incluida en las listas de compromiso pueda ser provisto internacionalmente sin necesidad de ninguna negociación adicional, no poder rescindir compromisos que incluso se adquieran de manera inadvertida, etc.

Y continuamente nos dicen que hay líneas rojas que no van a ser superadas, que los servicios no están en venta, que no se incluyen capítulos de movimiento de personas, el derecho a regular totalmente preservado, que la protección de datos no está en peligro, que se evitará el dumping social en construcción y transporte, etc. Pero nos siguen pidiendo la fe del carbonero, pues los documentos que se filtran nos cargan de razones fundadas para sostener que las amenazas que vislumbramos están ahí.

Así que para que nuestra fe no se vea quebrantada planteemos una propuesta: una declaración política clara, legal y por tanto exigible, de exclusión de los servicios específicos de educación, salud, agua, etc. y que se inserte en el texto principal que los servicios públicos están eximidos de la manera más amplia de la aplicación del acuerdo y no exista restricción a prestarlos sean o no económicamente viables. Y por supuesto no deben rebajarse un ápice los estándares de protección europeos o de los estados miembros, y debe de garantizarse que los acuerdos comerciales, en general, no tengan ningún impacto en los servicios públicos y las normas de protección.

En nuestra mano está que no nos consideren idiotas, es decir no sujetos y no nos vean como “más bien una existencia floral: simple apertura hacia la luz”.