Errenteria será el primer municipio vasco en convertirse en zona tensionada y topar los alquileres de las viviendas

El municipio guipuzcoano de Errenteria, gobernado por EH Bildu en coalición con Elkarrekin Podemos, es el primero en Euskadi que será declarado “zona tensionada” al calor de las posibilidades que permite la ley de Vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados y que, por cierto, el PNV tiene recurrida por considerar que invade competencias autonómicas. El vicelehendakari y consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en funciones, Iñaki Arriola, ha firmado este jueves la orden por la que se activa el procedimiento de declaración de Errenteria como zona tensionada después de que el ayuntamiento tramitara la pertinente solicitud en el mes de febrero, haya acreditado y documentado que cumple los criterios establecidos por la normativa española y haya presentado la propuesta de plan de acción a tres años para solventar en problema de vivienda en el municipio. A partir de que la orden del consejero se publique en el Boletín Oficial del País Vasco y el Boletín Oficial de Gipuzkoa, a lo largo de los próximos días, se abrirá el plazo de 20 días hábiles para su exposición pública y la presentación de alegaciones.

Errenteria es uno de los 43 municipios vascos identificados en un diagnóstico realizado por el Ejecutivo a través del Observatorio vasco de la Vivienda como lugares que podrían ser declarados zonas tensionadas por cumplir con los requisitos establecidos por la ley estatal. En el mes de diciembre del pasado año, tras identificar estos municipios susceptibles de realizar la petición Vivienda se puso en contacto con los Ayuntamientos pero, de momento, solo Errenteria ha iniciado el procedimiento formal. El propio viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, ha reconocido este jueves en declaraciones a la Cadena Ser que entre 20 y 30 municipios han contactado con el Gobierno vasco o han realizado ya acuerdos en pleno para pedir la declaración de zona tensionada, pero que deben cumplimentarse una serie de requisitos que retrasan la petición formal, ya que debe acompañarse de un diagnóstico de situación, una memoria justificativa y una propuesta de plan de acción a tres años.

Los municipios que pueden declararse como zona tensionada deben cumplir uno de estos dos requisitos que marca la ley: que el precio de alquiler haya subido en los cinco años anteriores a la declaración 17%, el porcentaje que se entiende equivalente a al menos tres puntos porcentuales superior al crecimiento acumulado del IPC de Euskadi; o que sea una zona en la que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia más los gastos y suministros básicos (suministros energéticos de electricidad, gas, gasoil u otros, agua corriente, servicios de telecomunicación y contribuciones a la comunidad) supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Con cumplir uno de los dos requisitos el Ayuntamiento puede pedir la declaración de zona tensionada de toda la población o por distritos.

En el caso de Errenteria, el diagnóstico del municipio plantea que la vivienda en alquiler en la actualidad es “prácticamente inexistente” en la localidad, con ofertas que superan los 950 euros mensuales. El precio medio de las compraventas registradas supera los 200.000 euros y el precio medio del metro cuadrado supera los 3.000 euros en el primer trimestre de 2023. El documento señala que la renta media de la población del municipio está “muy por debajo de la de Donostialdea y de la media guipuzcoana”, y que el 75% de las familias que están inscritas como demandantes de vivienda protegida lo son en régimen de alquiler, entre ellas “buena parte” con reducidos niveles de ingresos y solicitando un hogar en alquiler. La memoria señala que el esfuerzo económico para pagar la renta y los gastos básicos del hogar se encuentra en el 33% -por encima del 30% establecido como criterio para la declaración de zona tensionada en la Ley estatal de Vivienda.

Topes al alquiler

De acuerdo con la legislación vigente, una vez finalizada la redacción de la documentación definitiva de la zona tensionada, se publicará una nueva orden del Departamento de Vivienda en el BOPV declarando definitivamente el municipio como tensionado, extremo que se comunicará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. A partir de este momento, la declaración de zona tensionada supondrá que las personas arrendatarias a quienes se les finaliza el contrato puedan acceder a un máximo de tres prórrogas anuales en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Es decir, un tope al alquiler.

En el caso de los nuevos arrendatarios, se limita el precio del alquiler a la renta de quienes alquilaron anteriormente la vivienda, con una cláusula de actualización anual. Si la vivienda hubiera estado vacía en los cinco años precedentes, el precio tendrá que atender a los futuros índices de precios de referencia, un sistema que deberá establecer el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para Euskadi y que también tendrán que seguir los grandes tenedores –propietarios de diez o más inmuebles de uso residencial en la zona tensionada-. En paralelo a estas medidas, el municipio deberá poner en marcha su plan de acción, con actuaciones que van desde la colaboración entre administraciones o con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible hasta la movilización de hogares deshabitados, pasando por el establecimiento de ayudas específicas o medidas de financiación para la contención o reducción de los precios de alquiler o venta.

El Ayuntamiento de Errenteria ha mostrado su satisfacción porque el Gobierno vasco haya dado el visto bueno a la solicitud del Consistorio y ha asegurado que va a utilizar “todos los instrumentos que tiene a su alcance” para que la vivienda “sea más asequible”. La alcaldesa, Aizpea Otaegi, (EH Bildu), ha señalado que esta orden supone “un importante paso” para que el Ayuntamiento “cuente con más herramientas para poder intervenir en la realidad de la vivienda que se vive en el municipio”, pero ha recalcado que “es necesario fijar el índice de precios de referencia”, un trámite para lo que es “es imprescindible” que la Diputación Foral “ponga a disposición del Gobierno vasco los datos necesarios”, ha denunciado.