Euskadi accede a pagar 580.000 euros a la Iglesia católica para la “atención espiritual” en los hospitales públicos

El pasado 9 de junio, la directora general de Osakidetza, Rosa Pérez Esquerdo, y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, actuando también “en representación” de los de Donostia y de Vitoria, suscribieron un acuerdo por el cual el Gobierno vasco va a abonar 581.616,85 euros en 2023 y previsiblemente también en 2024, 2025 y 2026 por un servicio de “atención religiosa y espiritual en las organizaciones sanitarias de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud”. Argumenta la Administración pública que “la atención espiritual, como atención a las necesidades existenciales de sentido (religiosas y otras), está adquiriendo gran relevancia desde un enfoque de atención sanitaria integral centrada en cada persona, en su autonomía y autorrealización personal”.

Osakidetza justifica que el acuerdo se sustenta en el concordato entre España y el Vaticano de 1979 y recalca que ya desde 1987, en los inicios de la Sanidad pública vasca autónoma, se firmaron unos primeros acuerdos. Se renovaron en 1994 y el anterior convenio es de 2018. En principio, la vigencia del de 2023 es para cuatro ejercicios prorrogables si hay acuerdo entre las dos partes, según consta en el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

El objeto de acuerdo es la “debida coordinación” para que sacerdotes u otras personas de la Iglesia católica puedan trabajar en los hospitales vascos. Osakidetza pondrá “a su disposición” medios humanos y materiales “para garantizar la prestación del servicio en las debidas condiciones” a personas ingresadas o también a sus familiares. En no pocos hospitales hay capillas dentro de las propias instalaciones. Se avisa de que el dinero pactado puede ser revisable cada anualidad “en función de las circunstancias”.

En concreto, se habilita a la Iglesia católica a que, en las instalaciones públicas, celebre “sacramentos” tales como bautizos, comuniones, matrimonios, “reconciliaciones” (en posible referencia a confesiones), unciones o eucaristías y a que preste “atención al final de la vida” consistente en “oración de bendición” o de “despedida”. Podrán emplear “enseres” propios de los ritos católicos. Podrán hacer también “acompañamiento”, es decir, “afrontamiento de las pérdidas de capacidades”, y “búsqueda de sentido” a las situaciones de los pacientes.

Hay un punto en el que faculta expresamente a los externos religiosos a la “coordinación” con los profesionales sanitarios, “en especial para las situaciones de gran sufrimiento, exclusión o riesgos graves para la persona o para terceros, siempre asegurando la confidencialidad exigida a todo profesional”. De hecho, hay una cláusula que permitirá a los sacerdotes o asimilados acceder a datos médicos de los historiales, siempre con una garantía de reserva y solamente para sus fines espirituales. Su misión es de “colaboración en la humanización de la asistencia sanitaria”.

Admite Osakidetza en el documento que la sociedad vasca ha “experimentado” un “cambio” en materia religiosa “en los últimos años”, que existe un “nuevo contexto más heterogéneo y plural”. En concreto, en 2021 el 30% de la población afirmaba no tener ninguna vinculación con el catolicismo. Ello “obliga a los poderes públicos a diseñar un modelo de gestión adecuado”. Sin embargo, abre la puerta a que los ministros católicos “en el supuesto de que la persona paciente, familiar o allegada” lo solicite “expresamente” ejerzan una “mediación con otras religiones e iglesias, facilitando a personas de otras culturas espirituales o confesiones espirituales personas idóneas para su acompañamiento y que puedan ayudarles de sus propios valores y creencias”.

El acuerdo tiene un capítulo de “obligaciones” para las partes. La Iglesia católica “se compromete a realizar una prestación adecuada del servicio”, con personas con “la debida formación y preparación”, ya sean “sacerdotes o laicos”. Deberá proporcionar un listado a Osakidetza y los turnos de disponibilidad para que se pueda publicitar el servicio entre los usuarios. Se deja claro que es una atención “permanente”, con “presencia estable”. Y “será responsabilidad de las diócesis el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral”, es decir, dar de alta en la Seguridad Social y similares a sus enviados. En cuanto a Osakidetza, además de facilitar los espacios y recursos, lo que implica una “capilla, oratorio o similar” y “despachos”, se obliga a informar de la oferta católica “en los protocolos de recepción de pacientes”.