Euskadi no considera “esenciales” a los profesores universitarios y no los vacunará como a los profesionales de colegios o institutos

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado este miércoles en el Parlamento Vasco que la vacunación de los profesores universitarios no es prioritaria y que no se habilitará un turno especial para ellos como ha ocurrido con los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional, así como con otros servicios considerados esenciales como ertzainas, policías nacionales y municipales, bomberos, guardias civiles o pescadores. “La priorización era la educación considerada esencial. Por eso en Euskadi no se ha vacunado al colectivo del profesorado universitario”, ha asegurado Sagardui en respuesta a una pregunta de Rebeka Ubera (EH Bildu). Este grupo deberá esperar a ser convocado cuando corresponda a su edad y ahora mismo solamente se está citando a mayores de 80 años y a los nacidos en 1956.

Sagardui se ha escudado en que la “priorización” no ha sido una decisión política sino técnica. “Los colectivos docentes calificados como esenciales se han vacunado todos. Esa priorización no la estableció esta consejera, sino el grupo de expertos que elaboran la estrategia de vacunación en función de la población a la que va dirigida la docencia, en función de la modalidad docente o en función de las modalidades”, ha explicado en la Cámara. Según los datos oficiales, el 100% del personal no universitario con menos de 55 años ha recibido ya la primera dosis de AstraZeneca y en estos días se completa el proceso con aquellos de 55 a 65 años -incluso de más edad, si los hubiere- fruto de los cambios introducidos en el manejo de esta vacuna de Oxford.

“Nos tienen con 100 alumnos en clase...”, lamenta una profesora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). “Es de risa”, apostilla otro compañero, que no aprecia la diferencia entre impartir clase en una facultad o en un instituto. En la Universidad de Deusto también existe malestar. “Creemos que también somos trabajadores de riesgo. Estamos delante de los alumnos todo el día”, señala un profesor del campus de Donostia. Solamente en la UPV/EHU se han registrado más de 1.500 positivos en la pandemia entre personal y alumnado, aunque la institución matiza que ni las aulas ni los despachos han sido focos de contagio.

La propia rectora de la Universidad pública, Eva Ferreira, ha enviado una carta a la plantilla en la que se adhiere a la petición de que el claustro universitario y el resto de trabajadores de la UPV/EHU tengan “la misma prioridad en el proceso de vacunación que el profesorado de educación secundaria”. “Estamos difundiendo esa reclamación en todas las entrevistas institucionales que hemos establecido a lo largo de los últimos meses”, asegura Ferreira. El sindicato CCOO ha hecho extensiva esta exigencia al personal de conservatorios de música, centros de idiomas y enseñanza para adultos, igualmente excluidos.

Según datos recopilados hasta el 31 de diciembre de 2020, en la UPV-EHU trabajan 6.378 personas incluidos docentes, administrativos e investigadores. En Deusto son 1.410 profesionales y Mondragon Unibertsitatea 707. A ellos se les añadiría el persona adscrito a los centros de la UNED en Euskadi. Sagardui ha indicado que serán 42.300 las dosis de AstraZeneca que se han reservado para iniciar la vacunación población desde los 65 años hacia abajo. Otros colectivos que sí que habían sido inicialmente priorizados han sido eliminados y sus integrantes se han subsumido en los grupos correspondientes a su año de nacimiento. Es el caso, principalmente, del personal de los supermercados. “La inclusión de este colectivo en la fase 6 respondía al riesgo constante al que está expuesto el colectivo en su día a día laboral, situación que, evidentemente, no ha cambiado de un día para otro”, se han quejado desde el sindicato ELA.

Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, ha preguntado a Sagardui por la vacunación de personas migrantes o sin permiso de residencia. La consejera ha respondido que Osakidetza se guía por criterios de “universalidad”, por lo que “todas las personas reciben atención sanitaria”. Este colectivo ha tenido acceso a “pruebas diagnósticas”, como las PCR. “No los hemos dejado sin atención y no les dejaremos”, ha explicado la titular de Salud. Según ha indicado la consejera, el Gobierno colabora con entidades sociales y asociaciones para que dispongan de información de sus derechos y para que pierdan el miedo a acudir a “ámbitos más institucionalizados” donde puedan temer alguna redada policial. Serán convocados cuando les vaya correspondiendo.

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