Euskadi no descarta “más recursos” para atender a afectados por las subidas del precio de la energía

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha presentado este miércoles en el Parlamento el plan de contingencia energética ante los riesgos internacionales derivados de la guerra de Ucrania- La consejera ha destacado que no tiene afán coercitivo. Además, ha asegurado que, si es necesario, el Gobierno vasco pondrá “más recursos” a disposición de los sectores más vulnerables de la población con el fin de ayudarles a hacer frente al encarecimiento de la energía. Además, ha explicado que las diputaciones forales “están trabajando” en la posibilidad de aprobar cambios fiscales que acompañen a las medidas contempladas en el plan.

Tapia ha comparecido este miércoles con el documento, titulado 'Plan de Contingencia de la Energía de Euskadi'. Tiene el objetivo de contribuir a la reducción del consumo de gas y de energía ante los problemas de suministro o de encarecimiento de precios que afectan a toda la Unión Europea. En el plan, entre otras medidas, se plantea al Ejecutivo central recuperar el mecanismo de interrumpibilidad de electricidad y extenderlo al gas, informa Europa Press.

La aprobación de una medida de este tipo, a la que Tapia ha concedido este miércoles gran importancia, permitiría que grandes consumidores de energía que están dispuestos a no usarla en momentos puntuales de alta demanda reciban una compensación económica. La consejera ha afirmado que la aplicación de este sistema en los contratos de electricidad y gas permitiría reducir “muchísimo” el consumo.

En su intervención, la consejera ha reiterado sus dudas ante las sanciones que plantea el Gobierno central en la normativa estatal para la disminución del consumo de energía, si bien ha subrayado que el Gobierno autonómico cumplirá lo establecido en dicha normativa. En la misma línea, ha insistido en reclamar “flexibilidad” para la aplicación de determinadas medidas establecidas por el Ejecutivo español en materia de ahorro energético.

En respuesta a las críticas de EH Bildu al plan de contingencia vasco, ha pedido a la coalición que más allá de dar “lecciones”, plantee cuáles son las medidas concretas que propone para hacer frente a la situación actual. De hecho, el Gobierno sostiene que es el único grupo que no ha hecho aportaciones al documento del Gobierno. Asimismo, en respuesta a Elkarrekin Podemos-IU, Tapia ha asegurado que, aunque le gustaría que Euskadi contara con una gran empresa pública dedicada al fomento de las fuentes renovables de energía, carece de los “recursos” necesarios para ello.

La consejera también ha manifestado, ante la demanda que le ha planteado PP+Cs en este sentido, que el Gobierno vasco está dispuesto a introducir cambios en el plan con el fin de reforzar las medidas de apoyo a los sectores más vulnerables. De esa forma, ha abierto la puerta a la posibilidad de que los hogares que no participen en la conformación de comunidades energéticas para la instalación de paneles solares en los edificios de viviendas “también puedan beneficiarse” de una disminución del coste de la energía. “Si hace falta poner más recursos para los colectivos vulnerables, se pondrán”, ha manifestado. Además, ha recordado que en la actualidad, el Parlamento esta tramitando la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con el fin de “mejorar” esta prestación destinada a las personas con escasos recursos económicos. “No hay ninguna duda de que la voluntad de ayudar a las personas más vulnerables es clara”, ha afirmado.

Por otra parte, ha recordado que el pasado mes de junio, en una reunión en la que participaron el Gobierno vasco, las diputaciones forales, y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), se planteó la posibilidad de que las instituciones forales -que son las competentes en materia tributaria en Euskadi- analizaran la posibilidad de poner en marcha medidas fiscales que acompañen a las medidas de ahorro energético acordadas en aquel encuentro. Tapia ha afirmado que le “consta” que las diputaciones “están trabajando” en este asunto, aunque ha subrayado que “a día de hoy no hay ninguna propuesta concreta”. También en materia fiscal, ha reiterado la demanda de que los nuevos tributos sobre las empresas energéticas que puedan aprobarse en el Congreso de los Diputados se concierten con las instituciones vascas, de forma que sean estas las que -al igual que ocurre con la mayor parte de los tributos existentes- recauden y gestionen estas nuevas figuras fiscales.

Por parte de la oposición, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha reprochado a Tapia que pretenda “vender como participativo” el proceso para la elaboración de este plan, cuando -según ha destacado- los grupos no han podido registrar aportaciones de forma oficial. Además, ha criticado que las 60 páginas del plan “básicamente” se limitan a “recoger el cumplimiento” del real decreto del Gobierno central para la reducción del consumo de energía. “No veo medidas a corto plazo”, ha reprochado a Tapia, a la que también ha criticado por limitar sus propuestas a recomendaciones de carácter “voluntario”. “Eso no cambia las conductas a corto plazo”, ha advertido.

Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha recordado a Tapia sus “rifirrafes” con el Gobierno central respecto a los programas para reducir el consumo energético, y se ha mostrado sorprendido de que ahora, la consejera apele al “consenso”. Además, ha subrayado que las instituciones vascas deberían aprovechar el autogobierno del que disponen para impulsar medidas fiscales que contribuyan a la eficiencia energética y el fomento de las energías de origen renovable. La parlamentaria del PP Muriel Larrea ha afirmado que el plan le ha “gustado”, si bien ha lamentado que no se incluyan más medidas destinadas a los colectivos “más vulnerables”. Además, ha advertido de la necesidad de que el documento sea “claro” en cuanto al establecimiento de fechas y objetivos, con el fin de garantizar que se cumplen las metas planteadas. Desde Vox, Amaia Martínez Grisaleña ha denunciado que el plan vasco se limita a hacer “seguidismo” del Gobierno central, al condenar a los ciudadanos al “racionamiento” de la energía.