Competencia da un respiro a Airbnb y recurre la norma de pisos turísticos de Bilbao y San Sebastián por restrictiva
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un respiro a Airbnb y todas las plataformas dedicadas a la oferta de alojamientos turísticos a particulares al recurrir la normativa que regula este tipo de viviendas en las capitales de Bilbao y San Sebastián. Según Competencia, las dos normativas municipales “no protegen adecuadamente a los ciudadanos”, son “contrarias a la competencia y los principios de regulación económica eficiente” y “perjudican a los consumidores y usuarios”. Todo un varapalo que deja en el aire el futuro de estas regulaciones, nacidas para frenar un fenómeno que amenazaba con desbordarse. Un informe del Gobierno vasco encargado por el Parlamento reveló en su día que apenas 1.599 de los 3.648 apartamentos de Euskadi constituyen una “oferta reglada”.
Competencia solicitó a los dos ayuntamientos vascos que “justificaran la necesidad y la proporcionalidad de una serie de restricciones impuestas a la hora de alquilar apartamentos y viviendas turísticas”. Y si no podían hacerlo, directamente les pedía que anularan esos requisitos. Al no recibir ningún tipo de contestación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha presentado recurso contencioso-administrativo.
En el caso de la normativa de Bilbao, solo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, se exige autorización y registro para las viviendas de uso turístico y límites para las mismas. También se incluyen otros obstáculos, como exigencias de oferta máxima de tres habitaciones por vivienda y limitación a edificios de uso residencial.
Desde el Ayuntamiento bilbaíno recuerdan que el pleno municipal ya rechazó en mayo por unanimidad el requerimiento que en su día les hizo Competencia. Incluso muestran su tranquilidad porque el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao estableció hace más de dos décadas que, en los edificios destinados a viviendas, toda actividad económica (comercio, oficinas, pensiones...) estaría limitada únicamente a los bajos y los primeros pisos. De ahí para arriba “se prohibieron los usos terciarios”, apuntó hace unos meses a El Correo Mikel Ocio, director del área de Planificación Urbana en el Ayuntamiento bilbaíno.
Así, en el caso de que la CNMC lograse el respaldo de los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y estos obligasen al Ayuntamiento a revocar la regulación actual se volvería a la de 1995 que dice lo mismo. Y contra ella “no se puede recurrir al tener más de dos décadas y haber pasado todos los plazos para hacerlo”, enfatiza Ocio.
Restricción de la competencia
Mientras, el debate sobre la masificación turística que sufre San Sebastián ha estado muy vivo desde el verano pasado. En aquel momento, el alcalde Eneko Goia, y el edil de Urbanismo, Enrique Ramos, presentaron la nueva ordenanza municipal reguladora de los apartamentos turísticos, que se habían multiplicado en muchos casos de manera ilegal (2.000 disponibles en Airbnb frente a 889 registrados por el Gobierno vasco). La gran novedad de este nuevo reglamento pasa por el veto a la oferta de nuevos alojamientos vacacionales en el corazón de la ciudad, en la Parte Vieja y en la zona del puerto al ser consideradas zonas “saturadas”, una medida novedosa en el País Vasco
Además, limita las viviendas de uso turístico a las plantas bajas o primeras de los inmuebles salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, la normativa donostiarra prohíbe nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad.
Según Competencia, estas medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar las ofertas de alojamientos turísticos ya instalados. De esta manera, provocarán “precios más elevados en el alojamiento turístico y se reducirá la calidad, la inversión y la innovación en los alojamientos turísticos de estas tres ciudades”.
Por eso, Competencia considera que estas medidas “no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos.
Frente a estos argumento, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha defendido la autonomía con la que cuenta el Ayuntamiento donostiarra para regular los usos del suelo. Esta competencia es “un instrumento fundamental para poder articular la convivencia entre ciudadanos”, que es “el bien supremo que debe ser preservado”, lo que “pretendió y consiguió” la ordenanza recurrida. Según el alcalde, la interpretación de Competencia únicamente “da alas al libre mercado sin tener en consideración ningún otro principio ni valor”.
