Euskadi denuncia el “interés en echar tierra sobre la historia” ante las críticas a la ley de víctimas policiales

Los Gobiernos central y vasco ultiman en este final del mes de julio la redacción del acuerdo político que posibilitará la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de 2016 de víctimas policiales a cambio de una modificación 'exprés' en el Parlamento Vasco que suavice sus aristas más espinosas para evitar que se interprete como un cauce paralelo a la Justicia para investigar estos casos. En medio de este complejo debate jurídico se ha conocido la sentencia del Tribunal Constitucional (y sus votos particulares) que tumba la normativa de Navarra para reparar a estas mismas víctimas. “Creemos que no hay dudas, nuestra ley es totalmente constitucional”, ha enfatizado este lunes el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, que ha subrayado las diferencias entre el texto vasco y el navarro “desde su primer artículo” a pesar de abordar el mismo tema. Con todo, Erkoreka ha querido hacer constar el “interés tan notable” en España por “echar tierra sobre un episodio concreto de la historia”.

El punto de discusión en ambas normativas autonómicas es que se plantea la creación de una comisión administrativa que atenderá las denuncias de las víctimas. El Gobierno de Mariano Rajoy interpretó que un Gobierno autonómico no podía arrogarse competencias exclusivas del poder judicial y además abrir procesos sin garantías de presunción de inocencia o derecho a la defensa para los victimarios, en este caso miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Precisamente el Gobierno actual de Pedro Sánchez ha accedido a desistir de su impugnación en el caso vasco si se cambia la redacción original de la ley y se enfatiza que sólo se atiende a la víctima desde un punto de vista de la asistencia social, sin buscar depurar responsabilidades.

Erkoreka ha mostrado la perplejidad de ciertos sectores en el Estado en “reconducir exclusivamente al ámbito judicial unos hechos que pudieran ser delictivos” cuando “todo el mundo sabe” que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ha condenado a España ocho veces por denuncias de torturas que no se han investigado”. Además, ha remarcado que hay “algunos” que “se jactan” en público de haber practicado la violencia, en referencia al libro de Manuel Pastrana.

Agarrándose a los votos particulares de la sentencia del Constitucional sobre Navarra, Erkoreka ha remarcado que “en muchos casos hay investigaciones con actuaciones administrativas tendentes a fijar hechos” y que ello “es lícito salvo que la finalidad sea la de provocar una resolución privativa de libertad”. Son habituales, por ejemplo, las comisiones de investigación en los Parlamentos. La negativa a autorizar la reparación de estas víctimas, según el portavoz del Ejecutivo vasco, integrado por PNV y PSE-EE, sólo se explicaría desde un interés en “echar tierra” sobre las víctimas policiales.

La normativa de 2016 cubría las actuaciones ilícitas de las Fuerzas de Seguridad desde 1978 a 1999, en el período democrático. Antes en Euskadi se atendió a las víctimas del período 1960-1978 con un decreto. En total, hubo 187 beneficiarios y se esperaba del orden de 400 con la nueva ley. “Cubre una laguna que venía siendo reclamada por documentos internacionales. Los derechos de verdad, justicia y reparación no habían encontrado satisfacción adecuada. Y esas normas internacionales no distinguen entre poderes públicos, sean judiciales o administrativos deben comprometerse con que prevalezca los derechos de verdad, justicia y reparación”, ha explicado Erkoreka.

La batalla jurídica en torno a la norma, en todo caso, no acabará con la retirada del recurso, previsiblemente este viernes tras el Consejo de Ministros. Por una parte, el Constitucional puede decidir no atender al acuerdo político y resolver sobre la ley vasca de manera autónoma, un escenario en el que podría repetirse la misma mayoría que ha tumbado la norma navarra. Por otro lado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en nombre de una plataforma de sindicatos policiales y asociaciones de víctimas, ha activado un proceso contencioso-administrativo contra la comisión de valoración de las víctimas con el ánimo de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco active una cuestión de inconstitucionalidad.