Calparsoro: “Personas poderosas afectadas” por corrupción tienen “buenos abogados y más medios”
La corrupción ha sacado la cabeza de nuevo en el Parlamento vasco. Y una vez más, de la mano de la última memoria de la Fiscalía vasca, referida al 2012. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en su comparecencia en la comisión del Parlamento vasco para presentar este documento, ha enumerado algunas de las razones por las que muchos de los casos de corrupción quedan en nada y ha señalado las dificultades del ministerio público para desentrañar unas conductas que tienen un gran reproche social. Entre ellas ha citado “la complejidad del delito”, la “opacidad y clandestinidad” con la que se ejecuta por parte de los delincuentes y los “plazos de prescripción” que existen para este tipo de delitos, que empiezan a correr desde el mismo momento de su realización, aunque se conozcan normalmente “mucho tiempo después”, según ha reconocido el propio fiscal superior.
Además, se ha quejado por la tardanza muchas veces por parte de la policía en responder a la petición de información y al envío de los informes solicitados, algo que incrementa “la pena de banquillo” y los “años sometido a un proceso penal”. “No se puede demorar [la investigación] indebidamente, supone una indebida actuación pública”, le ha admitido a la parlamentaria socialista, Miren Gallastegui. “La falta de respuesta en plazo es una carencia”, reiteró, que deteriora la justicia y la percepción de la ciudadanía sobre su eficacia para perseguir el delito.
Pero Juan Carlparsoro ha ido un poco más allá en su comparecencia y ha evidenciado otra de las realidades, absolutamente compatible con el derecho a la defensa de todo ciudadano, como él mismo ha reconocido, en este tipo de casos: que la corrupción “afecta a personas mucho más influyentes y poderosos”, personas que cuentan con “buenos abogados y más medios” para soslayar la persecución judicial y de los fiscales anticorrupción. Calparsoro, con todo, ha indicado que este tipo de delitos en Euskadi son mucho menores que en otras comunidades como “Baleares o Valencia”, ha citado en concreto, aunque “en Euskadi también se dan”. La última memoria revela que estos casos -los delitos contra la Administración Publica, que es donde están detallados los casos de corrupción- han descendido en Euskadi al pasar de los 103 (2011) a los 68 del pasado año.
Pese a todo, para el parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, el listado de delitos de corrupción recogido en la memoria conforma una “listado desesperanzador” y se preguntó sin en algunos casos -como los de la prevaricación- no se produce cierta “impunidad” al ser derivados a la jurisdicción Contencioso Administrativo. El fiscal ha señalado que efectivamente ese delito tiene un especial complejidad probatoria y que la denuncia ha partido de la fiscalía de Bizkaia, que es la que ha reparado en ella. En cualquier caso, Calparsoro ha querido resaltar que “el compromiso de la Fiscalía es luchar hasta el final contra estos delitos, caiga quien caiga y afecte a quien afecte”.
El Gobierno se mueve tímidamente
Por la información que ha trasladado hoy a la Cámara, el Gobierno vasco ha empezado a mover ficha, tímidamente, en algunas de las exigencias que venían recogida en la memoria para hacer frente a estos comportamientos delicitivos. En concreto, dentro de la reordenació en curso de la Ertzaintza, el Departamento de Seguridad se ha comprometido a “reforzar” la Unidad de Delitos Económicos, según ha anunciado el fiscal superior. Y desde el Deparatamento de Administraciones Públicas y Justicia, su titular ha anunciado novedades en dos aspectos: por un lado, los fiscales van a tener acceso a los servicios de dos empresas que el Departamento que dirige Josu Erkoreka va a contratar en relación para el tratamiento de las bases de datos de la información mercantil, fundamental para el control, análisis de la información económica societaria. Y, además, los fiscales podrán asistir a los cursos del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) que puedan tener relación con su trabajo en la lucha contra la corrupció.
El fiscal ha reiterado su petición de una unidad contra la corrupción similar a la creada en la Seguridad Social e Inspeccion de Trabajo para luchar contra el fraude. Una unidad que a su juicio debería servir de “punto de enlace” de datos, informes, reuniones de las partes involucradas en una “investigación penal” relacionada con los delitos de corrupción.
