El Gobierno y el PNV recuperan el compromiso de que los convenios vascos prevalezcan sobre los estatales

El Gobierno de Sánchez ha recuperado este martes la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, cumpliendo de este modo uno de los compromisos que el PSOE adquirió con el PNV en el acuerdo de investidura, pero que decayó en el primer intento porque la batería de medidas en las que iba incluida no contó con mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la medida, tras pactarlo con el PNV, y entrará en vigor de forma inmediata al incluirse en el decreto-ley de subsidios que se ha aprobado.

Se trata de una modificación del Estatuto de los Trabajadores que es una “reivindicación histórica” del nacionalismo vasco, tanto de partidos como de sindicatos, que supone el “blindaje” de los convenios vascos sobre los estatales, una de las patas del denominado marco vasco de relaciones laborales, aunque el acuerdo se hacer ahora extensivo a todos los convenios autonómicos. Precisamente, el no introducirse en el reforma laboral esta cuestión fue uno de los argumentos utilizados por el PNV para no votar a favor en el Congreso. El portavoz del PNV en Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha felicitado por el acuerdo porque “permitirá mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores vascos, y también de las personas trabajadoras del resto del Estado”. También le ha servido para sacar pecho frente al que es ya su competido directo por el espacio electoral en todos los ámbitos, EH Bildu: “El Grupo Vasco continúa siendo la voz de Euskadi en Madrid para dar cauce a las necesidades de nuestra ciudadanía”, ha señalado Esteban.

En concreto, la modificación del Estatuto de los Trabajadores supone que “en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales de comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales”. También se incluye esta prioridad los acuerdos provinciales “siempre que su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales”. Quedan como “materias no negociables el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica”.

En Euskadi está vigente un pacto entre patronal vasca Confebask y todos los sindicatos, ELA, LAB, CCOO y UGT, que se firmó en 2017 en el marco de la mesa de diálogo social vasca que establecía la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, y que sobre el papel ya recoge esta prevalencia de los convenios vasco. Pero esta modificación del Estatuto evita lagunas jurídicas posteriores. Ni a CCOO ni a UGT a nivel confederal les gusta mucho la medida, porque consideran que una modificación de Estatuto de los Trabajadores debería pactarse en cualquier caso en la mes de diálogo social. En Euskadi, estos dos sindicatos sí apoyan la prevalencia de los convenios vascos, aunque siempre han defendido que no era necesaria la modificación legal porque ya figuraba la cuestión en el acuerdo entre empresarios y sindicatos vascos.

Aunque el acuerdo se extiende a todos los convenios autonómicos que mejoren los estatales, lo cierto es que afectará sobre todo a los trabajadores vascos por el juego de mayorías sindicales que hay en Euskadi, donde son mayoritarios los sindicatos nacionalistas ELA y LAB que no tienen representación en los convenios de ámbito estatal. El acuerdo de prevalencia de los convenios estuvo en vigor entre diciembre de 2023 y enero de 2024 al estar incluido en el Decreto-ley 7/2023 que decayó tras el voto contrario de Podemos al texto legislativo por otras razones diferentes al tema de los convenios.

En el pacto de investidura entre PNV y PSOE se incluía otra medida laboral que no se ha puesto aún en marcha, que es dotar a Euskadi de capacidad normativa para decidir los salarios de los funcionarios vascos, pudiendo superar el porcentaje de incremento fijado en los presupuestos. Precisamente la mayoría de los sindicatos de los funcionarios están presionando a los partidos vascos para que introduzcan en el Congreso una enmienda que permita aprobar esta cuestión en el Congreso y no en la Comisión Mixta del Concierto, como se recoge en el acuerdo de investidura. EH Bildu ya ha confirmado que registrará la enmienda y la apoyará.