El Gobierno de Urkullu gastó 13.744,62 euros en la edición del libro de 700 páginas que denuncia la invasión competencial del Estado

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha informado en el Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta del nuevo parlamentario del PP y de la coalición PP+Cs Luis Gordillo que ha desembolsado 13.744,62 euros en la edición, maquetación, publicación y traducción del documento ‘La erosión silenciosa’, un informe de 700 páginas en el que se denuncian las constantes invasiones competenciales del Estado en Euskadi. Ninguno de los juristas que firman el trabajo ha cobrado por ello, puntualiza el Ejecutivo. No obstante, parte de esa inversión se puede recuperar porque el libro se vende por 26 euros en papel y por 6,05 euros en PDF en la página 'web' del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).

Este libro fue presentado en septiembre y el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, lo ha esgrimido en más de una ocasión e incluso en el pleno de política general del Parlamento como un argumento más para justificar la necesidad de dotar a Euskadi de un nuevo marco de autogobierno bilateral que blinde las competencias autonómicas. “La progresiva intromisión y, en ocasiones, laminación de las capacidades de las administraciones vascas a través de ingeniería jurídica es moneda corriente por parte del Estado español”, dijo la propia Garamendi en la presentación, en la que señaló el barniz legalista de esa erosión al partir de jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Explica el Gobierno que ha sido un trabajo coordinado por la directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, que es un alto cargo político. Y añade que “todas las personas que han participado en la publicación están o han estado vinculadas al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno” y que “el único criterio seguido” para participar “ha sido su conocimiento jurídico del tema”. Según Garamendi, no se trata de un posicionamiento propiamente dicho del Ejecutivo, compuesto por PNV y PSE-EE y que tienen visiones diferentes en este debate, sino simplemente una colección de opiniones “expertas” para comparar el autogobierno “real” del modelo teórico establecido en el Estatuto de Gernika de 1979.

“Los autores de los informes que configuran el libro son, tal y como se ha indicado anteriormente, personas vinculadas a Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por tanto, en aplicación del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ha de señalarse que no les corresponde remuneración alguna por la publicación de sus informes, dado que estamos ante autores asalariados por la entidad editorial, y, en estos supuestos, ha de entenderse cedida la explotación de la propiedad intelectual que pudiera corresponderles, de forma exclusiva, a la entidad en la que prestan sus servicios”, explica Garamendi a la Cámara. Y añade: “Todas las personas que han participado en la publicación están o han estado vinculadas a al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Por tanto, el único criterio seguido ha sido su conocimiento jurídico del tema a abordar”.