El Gobierno vasco inicia los contactos con empresas de ambulancias para sustituir de urgencia a Grup La Pau

El Departamento de Salud ha iniciado ya los contactos con empresas del sector de las ambulancias para realizar una sustitución por el procedimiento de urgencia de la cooperativa catalana Grup La Pau, adjudicataria del servicio urgente y programado en Álava y en Bizkaia y con la que se ha acordado esta semana una salida “ordenada” para antes del 30 de noviembre. Aún no hay nombres encima de la mesa, pero se ha producido ya alguna reunión, como constatan varias fuentes. No obstante, según ha explicado en el Parlamento Vasco el consejero, Alberto Martínez, Grup La Pau ni siquiera ha plasmado por escrito todavía su renuncia, aunque se la confirmó verbalmente a la Administración en una reunión bilateral que tuvo lugar el martes pasado. La compañía no ha realizado desde entonces ningún comentario.

Martínez ha comparecido en la sesión de control al Gobierno de la Cámara a instancias del PP. Su portavoz sanitaria, Laura Garrido, ha llamado la atención del hecho de que se argumente con insistencia de que los problemas con la contrata de ambulancias se iniciaron “en julio” cuando con anterioridad ya los había. De hecho, ha recordado que el actual equipo, que ahora critica las deficiencias de las ambulancias externalizadas en Álava y en Bizkaia, llegó a ratificar una adjudicación pendiente de la pasada legislatura, algo que se produjo a finales de julio.

El consejero, sin críticas a sus predecesores por este tema, ha recalcado que desde el verano se han podido “objetivar” los problemas con Grup La Pau y ha indicado que la orientación de las actuaciones de Salud está presidida por garantizar el servicio a los pacientes usuarios del transporte sanitario y por preservar igualmente los derechos laborales de la plantilla subcontratada. La Inspección de Trabajo ha constatado más de medio centenar de irregularidades en estos años, las más graves asociadas a impagos de las nóminas. Asimismo, ha apelado a la realización con garantías y seguridad jurídica de los procesos de contratación, siguiendo la estela de las resoluciones del denominado OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales), que ha revisado recursos sindicales. “Creo que los pasos que hemos dado hasta el momento cumplen con estos tres objetivos y seguirán siendo nuestros criterios a futuro”, ha manifestado el titular de Salud. Y ha añadido: “El servicio está garantizado”.

El PP no ha salido del todo convencido de las explicaciones. “Los pacientes nos preocupan, porque deben estar en el centro de cualquier política y actuación sanitaria. Eso es un objetivo compartido. Pero es que hasta ahora en la prestación de este servicio no lo han estado. Y por eso le pedimos garantías específicas. Está claro que el Departamento de Salud -y el anterior equipo- no han velado por el cumplimiento de que se prestara un servicio de calidad”, ha expuesto Garrido.