El PNV y Urkullu celebran un año de la victoria electoral y de un Gobierno “eficaz” y bien “engrasado”

En el período democrático nunca había habido elecciones tan en medio del verano como las vascas -y gallegas- del 12 de julio de 2020, de las que ahora se cumple un año. Fueron excepcionales en todo, ya que venían de ser suspendidas el 5 de abril, con el país confinado en sus casas. Hubo una prohibición expresa de que quienes tuvieran COVID-19 fuesen a votar, a pesar de ser un derecho constitucional que luego fue permitido en las catalanas o en las madrileñas, y la mezcla de vacaciones y pandemia elevó la abstención hasta casi el 50%. Ganó Iñigo Urkullu por tercera vez y el PNV subió en escaños como el PSE-EE, lo que ha dotado de mayoría absoluta a un Gobierno autonómico que se constituyó dos meses después, en septiembre, con el relevo de todos los responsables de los servicios básicos, Sanidad, Educación o Seguridad, y con solamente un consejero, Pedro Azpiazu, repitiendo en las mismas funciones que en la anterior legislatura.

En el PNV destacan no solamente la victoria sino el hecho de que se pudieran celebrar las elecciones entonces. “Se ha demostrado que era el momento más oportuno frente a las voces agoreras”, enfatizan desde Sabin Etxea. De hecho, en plena campaña ya empezaron los rebrotes, días después de los comicios se hizo obligatoria en todo momento la mascarilla y el 15 de agosto se regresó a la emergencia sanitaria dejada atrás en mayo precisamente para poner las urnas. En las filas nacionalistas no quieren imaginar qué habría ocurrido de haber esperado a septiembre o si se hubiese superado el plazo legal de cuatro años de los mandatos. “Sin embargo, tenemos un año de Gobierno combatiendo de forma eficaz la mayor crisis sanitaria que hemos conocido”, enfatizan desde el PNV, que asume que la pandemia ha condicionado “el 100% de la acción de Gobierno” en este año, tanto en los estrictamente asistencial como en sus derivadas económicas y sociales.

No ha habido una conmemoración como tal, pero Urkullu sí se ha referido a la efeméride en sus redes sociales. Sin autocrítica tras un año no exento de polémicas -y de choques con el juez Luis Garrido-, ha destacado como hitos la aprobación del presupuesto más elevado de la historia o los 3.000 millones de euros de medidas de choque. El PNV destaca también que a corto plazo se volverá al paro por debajo del 10%, el objetivo de la pasada legislatura desbaratado por la pandemia. En cuanto a la COVID-19, Urkullu ha añadido: “Nos encontramos mejor en términos de salud y bienestar de la ciudadanía. En Euskadi hay menos personas hospitalizadas, ingresadas en UCI o fallecidas que la media del Estado”. Esta vez no ha usado un dato que ha solido repetir para indicar que ha habido menos contagios también, pero llevaba semanas repitiendo que los positivos en Euskadi eran el 5,9% de la población cuando era un dato desactualizado desde diciembre. Precisamente este lunes se ha superado la barrera del 10% de afectados.

El pasado verano, conocidos los resultados electorales, PNV y PSE-EE diseñaron un Gobierno de coalición. Negociaron Txus Peña por el PNV –secretario general de la Presidencia vasca, un influyente puesto como el que hasta ahora tenía Félix Bolaños en La Moncloa- y Ekain Rico por los socialistas. El PSE-EE adquirió más peso que en la anterior legislatura. En lo puramente numérico, si en el cuatrienio 2016-2020 los consejeros Iñaki Arriola, María Jesús San José y Sonia Pérez (sustituyó a Alfredo Retortillo mediada la legislatura) gestionaron aproximadamente el 4% del presupuesto, ahora es el 15%. En lo cualitativo, sigue Arriola -que es el presidente del partido- y se ha sumado Idoia Mendia, la secretaria general, con el rango de vicelehendakari. El tercero es Javier Hurtado, al frente del área de Turismo, Comercio y Consumo y que ha ganado gran protagonismo por la afección de la pandemia en el sector y por su presencia en el Labi, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria que se ha reunido 18 veces en este año. Esta semana participará incluso como invitado en la final del conocido programa de TVE Masterchef.

Sostiene el PNV que la coalición está “engrasada”. “Está funcionando. El gran valor es que, en lo nuclear, han cerrado filas”, explican desde Sabin Etxea, donde ven con especial satisfacción que los consejeros socialistas se hayan alineado con Urkullu cuando ha habido “choques” con el Gobierno central. Son dos los ejemplos. Por un lado, cuando se quiso cerrar la hostelería contra el criterio del Labi. Por otro lado, en la defensa de una transferencia “íntegra” del Ingreso Mínimo Vital. “No somos una sucursal”, llegó a clamar Mendia frente a las propuestas del ministro José Luis Escrivá. “Las elecciones de hace un año fueron la confirmación de la apuesta de Euskadi por un Gobierno plural, capaz de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía”, indica Mendia. Lo “inmediato”, la pandemia y la “recuperación económica; los retos, la emergencia climática, la digitalización o el reto demográfico. El protagonismo de la pandemia ha eclipsado los debates en los que podrían chocar nacionalistas y socialistas, como las cuestiones identitarias y el debate sobre la superación del Estatuto de Gernika, que sigue en el congelador desde hace dos años. En materia de gestión del final de ETA, la sintonía es plena.

¿Volverán esas tensiones? El PNV ve clave “ensanchar” el autogobierno para mejorar en la gestión económica o del empleo. Asumen el “parón” de la pandemia en unos trabajos que se remontan a la primera victoria de Urkullu, en 2012, pero apuestan por reuniones desde otoño con “todos” los partidos para analizar el estado de la cuestión. En 2018 el PNV pactó con EH Bildu unas bases soberanistas para un nuevo Estatuto. Pero en 2019 se buscó otro texto con PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Urkullu, que medió en Catalunya para evitar la declaración unilateral de independencia en 2017, repite habitualmente que todo paso ha de estar dentro del ordenamiento jurídico. Entretanto, Urkullu, el PNV y el PSE-EE destacan los avances en las transferencias pendientes desde 1979, cuando se refrendó el Estatuto de Gernika. Se ha firmado el traspaso de Prisiones, que será efectivo desde el 1 de octubre, y la Ertzaintza ha ganado en competencias al poder desarrollar investigaciones en Francia como la Guardia Civil o la Policía Nacional.

En el Parlamento, la oposición ha coincidido en denunciar en varios momentos de lo que va de legislatura un “rodillo” de PNV y PSE-EE ante las propuestas de la oposición. En el debate parlamentario para diseñar el marco de recepción de los fondos europeos, aceptaron 1 de 96 propuestas de la oposición. En el debate presupuestario, quedaron en el cajón 1.289 enmiendas de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox. Urkullu ha destacado que el Ejecutivo ha llevado a la Cámara “18 iniciativas legislativas”. Sin embargo, al margen de los presupuestos, solamente ha visto la luz -y en el último pleno antes de las vacaciones- la denominada ley antipandemia.

“Creo que la ley antipandemia resume y es la metáfora perfecta de lo que ha sido la gestión del Gobierno en estos primeros meses de la legislatura. Tardía, mal diseñada y cerrada de antemano a cualquier posible aportación de EH Bildu”, señala Maddalen Iriarte, jefa de la oposición y que salió reforzada hace un año de las urnas, al crecer en escaños. Y añade: “Es un Gobierno que reacciona tarde ante los problemas, que se queda corto en las respuestas, como hemos podido ver en la escasa ayuda a los sectores más afectados por la pandemia, y cuyo modelo de gobernanza excluye a quien no piensa como él a pesar de que una situación tan grave y extraordinaria como la que estamos pasando obligaría, por pura responsabilidad política, a ejercer un modelo de gobernanza compartida que habilitara espacios para la cogestión y la corresponsabilidad. Desde EH Bildu lo hemos dicho una y mil veces: la pandemia nos obliga a todas y todos a actuar con visión de país y a superar el esquema de Gobierno-oposición. Sin embargo, ha sido como clamar en el desierto porque Urkullu ha optado por dejar de lado a la oposición y hacer lo mismo que él critica de Pedro Sánchez”.

Andoni Ortuzar interpreta que la oposición de Arnaldo Otegi en Vitoria es idéntica a la de Pablo Casado en Madrid. “EH Bildu está en clave de elecciones municipales y forales de 2023. Ni siquiera en algo tan serio como la pandemia han arrimado el hombro”, aseguran en la formación ‘jeltzale’. Y siguen: “Presentan una Euskadi catastrófica cuando las instituciones han funcionado”. La coalición abertzale replica, por su parte, que el PNV ha adormecido el debate sobre el nuevo estatus político. “Han sido meses perdidos pese a que una de las lecciones de la pandemia está siendo la necesidad de nuevas herramientas para responder lo mejor posible a las necesidades que en cada momento puede tener la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La pandemia nos ha puesto ante el espejo y nos ha demostrado que las competencias que tenemos hoy no son suficientes”, opina Iriarte.

Significativamente, el PNV valora la oposición de Elkarrekin Podemos-IU. En 2020 Miren Gorrotxategi como candidata y Pilar Garrido en el partido se presentaron como enmienda de totalidad al equipo anterior, liderado por Lander Martínez y que terminó su etapa pactando los presupuestos de 2020 con Urkullu. “Tenemos diferencias legítimas pero tienen voluntad de acuerdo y de aportación”, dicen de ellos en las filas nacionalistas. Fue el partido que más lejos llegó en la negociación de las cuentas de 2021 -pero sin éxito- y sí ha pactado con PNV y PSE-EE algunos puntos de la ley antipandemia.

En cuanto a la derecha, PP+Cs busca redefinirse tras el batacazo electoral. El PP de Alfonso Alonso, en solitario, tuvo nueve escaños en 2016. La coalición con Ciudadanos de Carlos Iturgaiz bajó a seis, pese a lo cual Casado le dio todo el control de la organización frente al mandato interino de Amaya Fernández, que tomó las riendas tras la salida de Alonso. Los parlamentarios son cuatro azules y dos naranjas, Luis Gordillo y José Manuel Gil, con cada vez más peso institucional a pesar de la descomposición general de la formación a nivel general. En este año no han sido pocas las menciones al ejemplo de Isabel Díaz Ayuso por parte de los 'populares' como un posible modelo en el que fijarse. Asimismo, la ultraderecha de Vox se estrenó con un escaño de 75 hace doce meses. Todos los partidos salvo PP+Cs articularon de inicio un cordón sanitario para restarle tiempos de intervención y capacidad de presentar iniciativas. Vox lo ha denunciado e incluso judicializado, si bien de manera voluntaria renuncia a participar en numerosos e importantes debates que se dan en plenos y comisiones.