El salario y las condiciones de los 700 funcionarios de Prisiones que serán traspasados a Euskadi, en el aire

El traspaso efectivo de la gestión de las Prisiones a Euskadi se producirá el 1 de octubre, casi seis meses después de que fuera acordado entre los Gobierno central y vasco. La Administración autonómica pasará a ser titular de los centros penitenciarios de Zaballa en Álava (también del viejo penal de Nanclares de la Oca, ahora en desuso), de Basauri en Bizkaia y de Martutene en Gipuzkoa (que será devuelto al Estado cuando se inaugure Zubieta) y se ha comprometido a aplicar un nuevo modelo penitenciario más enfocado a la reinserción social de los presos. Pero la transferencia incluye también la conversión en funcionarios autonómicos de alrededor de 700 trabajadores estatales, un cambio para el que aún no hay acuerdo con los sindicatos y que arroja numerosos interrogantes. ¿Cobrarán más o menos? ¿Se tendrá que ampliar la dotación de personal si se busca un trato más humano y cercano con los reclusos? ¿Pedirán muchos trabajadores de fuera un traslado para seguir dependiendo del Estado? ¿Podrán seguir residiendo en los pisos de los complejos penitenciarios quienes lo hacen ahora? ¿Tendrán que aprender euskera?

El sindicato mayoritario entre el personal adscrito a las cárceles vascas es ACAIP-UGT. Esta central ha elaborado un informe de 35 páginas en el que alerta de que son muchas e importantes las cuestiones que resolver. En él se plantea como uno de los puntos que toca afinar el hecho de que estos funcionarios perciben, por un lado, un plus del Estado por estar destinados en Euskadi (también en Navarra y que tuvo su origen en la amenaza de ETA) y, por otro, que ingresan menos que sus equivalentes en la Administración autonómica. También hay pluses de “productividad” para quienes no tienen bajas laborales.

Desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, dirigido por Beatriz Artolazabal y que asumirá la gestión de Prisiones, explican que toca “buscar una entente”, un “término medio”. “No se pueden quedar con lo bueno de todo”, entienden. El Ejecutivo, representado por el director de Justicia, Jon Uriarte, lleva ya tres reuniones “preparatorias” del salto con ACAIP-UGT y con ELA y CCOO, ya que LAB se ha descolgado de las conversaciones. La última ha sido este mismo miércoles y la próxima será la semana que viene. No es una negociación laboral propiamente dicha porque, evidentemente, el pagador de las nóminas sigue siendo el Estado y Euskadi aún no tiene capacidad de decisión, pero las partes entienden que hay que fijar un marco común de antemano. Fuentes del área de Artolazabal insisten en que “hay muy buena sintonía” y “buen clima de conversación” y, sin adelantar la propuesta definitiva porque aún no está cerrada, entienden que “no se van a perder derechos” en ningún caso aunque haya que plantear algunos ajustes en el modelo retributivo.

El sindicato ELA no es tan optimista. Cree que el Ejecutivo busca un acuerdo “muy rápido” sin definir antes qué modelo quiere. La central asegura que “humanizar” el tratamiento penitenciario tiene como la otra cara de la moneda “dignificar” condiciones laborales y evitar que se “privatice” cualquier tipo de atención o servicio con el tercer sector, por ejemplo. “Esto no debería ser solamente una integración”, remarcan. Demandan una relación de puestos de trabajo ajustada a las necesidades reales -coincide con ACAIP-UGT en que Zaballa tiene importantes carencias de personal porque mantiene la plantilla de la mucho más pequeña prisión de Nanclares de la Oca a la que sustituyó en 2011- y convocatorias de OPE, así como actualizar salarios, horarios y turnos y un marco de carrera profesional en el nuevo sistema. “La huelga es una de las posibilidades. Ya hemos empezado con una concentración delante de Lakua [sede del Gobierno vasco]. Nuestra plataforma está socializada con la plantilla, se han hecho asambleas, y estamos dispuestos a hacer las movilizaciones que consideremos necesarias en cada momento”, indica Josu Simal, portavoz de ELA en Prisiones.

Según los datos de ACAIP-UGT, la media de edad en las cárceles es también muy alta. Los funcionarios de Basauri tienen 54 años de promedio, los de Zaballa 51 y los de Gipuzkoa 48. Los más veteranos no están en el régimen general de la Seguridad Social, sino que forman parte de las denominadas “clases pasivas” y cotizan a Muface. Por ello, tienen derecho a jubilarse a los 60 años. “Hay mucha gente en la recta final de su carrera profesional. Se podría jubilar mucha gente en cuatro, cinco o seis años”, indican desde ELA. La organización mayoritaria apunta también a que hay “derechos adquiridos” para que los trabajadores de más edad en determinados puestos no hagan turnos de noche o guardias de fines de semana.

El grueso de los funcionarios que ejercen en Euskadi no tienen su origen en Euskadi. En Martutene, por ejemplo, apenas 30 de los 180 son guipuzcoanos, según datos sindicales. Por los turnos intensivos con largas libranzas muchos viajan desde Asturias, Cantabria o Castilla y León hasta su destino profesional cada semana. También hay una parte que reside en pabellones habilitados en Basauri y Martutene, porque los de Álava, en Nanclares de la Oca, ya fueron desalojados hace unos meses. A este respecto, ACAIP-UGT ha alertado públicamente de que hasta la mitad de la plantilla podría pedir el traslado. De hecho, en los próximos días finaliza el plazo para inscribirse en una convocatoria abierta por el Gobierno central, que gestiona toda la red penitenciaria salvo los centros catalanes, también transferidos. ELA no ve ese riesgo y, de hecho, apunta también que quienes se vayan no tendrían las mismas condiciones que en Euskadi. Indica, además, que hay también funcionarios vascos que podrían aprovecharlo para regresar. Sobre las viviendas, las fuentes consultadas entienden que la transferencia implicará también el mantenimiento de las concesiones actuales, sin cambios, aunque en la actualidad la Administración autonómica no tiene ninguna prestación de este tipo para su personal.