Siete años de sueldos congelados para las trabajadoras: “Es una vergüenza la situación de la ayuda a domicilio de Bizkaia”

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Bizkaia (SAD) quieren que se les reconozca en sus salarios y condiciones laborales el hecho de que son un sector esencial en una Euskadi, con una población cada vez más envejecida y con más personas dependientes. Recuerdan que demostraron que son “absolutamente necesarias” en un momento crucial como el de la pandemia, que dejó a muchos ancianos aislados en solitario en sus casas, pero ahora “todo el mundo se ha olvidado” de ellas, claman. Esa trabajadora que ayuda a un anciano o a un dependiente a asearse en su casa, o que le prepara a comida, o limpia la casa, o le ayuda a levantarse, o le acompaña... lleva con su sueldo congelado desde 2015, año desde el que que está el convenio sin actualizar, y, de momento, parece que sin posibilidad de acuerdo con las patronales, que no quieren ni oir hablar de una subida salarial que recoja el incremento del IPC.

De momento, la oferta empresarial se reduce a un subida del 3,6% en el acumulado de tres años a partir del año que viene, y cero atrasos: Un 1% para 2023, un 1% para 2024 y un 1,6% para 2025. “Eso no lo vamos a admitir”, aseguran las trabajadoras, que han realizado este miércoles la segunda jornada de huelga de la tanda de paros convocados en diciembre y que se inició el pasado lunes, porque llevan ya varios años de movilizaciones. Volverán a parar el viernes, aunque su huelga se nota poco más allá de lo que se resienten sus sueldos y de las manifestaciones y concentraciones que se han sucedido este miércoles en las calles de Bilbao debido a unos servicios mínimos que consideran del todo “abusivos”. “Solo somos esenciales para esto”, lamentan.

Es una “vergüenza” que las trabajadoras de ayuda a domicilio de Bizkaia lleven desde 2015 con el salario “congelado”, han señalado Loli García y Raúl Arza, secretarios general de CCOO-Euskadi y de UGT- Euskadi, respectivamente. Ambos sindicatos han convocado de forma conjunta una manifestación en Bilbao para denunciar la situación de bloqueo en esta negociación que afectan a un total de 1.200 trabajadores, en su mayoría mujeres. ELA y LAB han convocado, tanto la huelga como las concentraciones de protesta, cada uno por separado.

“Estas trabajadoras se han dejado la piel durante todos estos años de la pandemia cuidando a personas dependientes incluso a costa de su propia salud cuando no había ninguna medida de prevención”, ha recordado Loli García, para denunciar después la “vergüenza” de que lleven desde 2015, con el salario “congelado”. Este servicios depende de los ayuntamientos, que han delegado la gestión en empresas a las que han adjudicado el servicio. García ha denunciado que el conjunto de ayuntamientos que prestan este servicio han incrementado de manera clara las licitaciones, pero “ese incremento se ha quedado en su totalidad, íntegramente, en los bolsillos de las patronales, sin repercutir un solo euro a las trabajadoras”. Según ha denunciado, se trata de una situación “injusta” cuando las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos, “han ido aumentando progresivamente el precio hora en los pliegos de adjudicación”.

Rául Arza, por su parte, ha resaltado que pese a lo sangrante de la situación de sueldos congelados, la reivindicación que se ha llevado este miércoles a las calles y con la huelga va mucho más allá de una “reivindicación salarial”, ya que también reclaman otras mejoras como las relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Las trabajadoras representadas por el sindicato ELA han realizado una sonora protesta ante la sede de la patronal mayoritaria del sector, Aztertu. Allí han criticado además de que llevan “siete años sin convenio”, la negativa de las patronales a atender otras de sus reivindicaciones, como la ampliación de los contratos a jornada completa e indefinida, la garantía de que todos los servicios sean de al menos una hora, la materialización y evaluación de los riesgos psicosociales, el reconocimiento de la fatiga, el estrés o la lumbalgia como enfermedad profesional o la reducción de la jornada laboral para las personas mayores sin reducción salarial, según ha señalado la representante del sindicato, Belén Baranda. ELA denuncia, además que la patronal gana 1,5 millones de euros, cuando se niega a subir el sueldo a las trabajadoras.

LAB también se ha concentrado ante la sede de la empresa Azertu en Bilbao -separada de ELA- . Begoña Núñez ha señalado allí que las trabajadoras han perdido en estos años de negociación colectiva bloqueada un 11,6% de poder adquisitivo, mientras que a las empresas por parte de los ayuntamientos se les ha ido revalorizando el precio por hora. “Estamos en la calle porque cuando se habla de renovar convenios y de mantener el poder adquisitivo, no es de recibo que no se contemple en un servicio esencial como este”. “Estamos en una situación complicada, porque los ayuntamientos no quiere saber nada de nuestro problema, porque dicen que no se sientan en la mesa de negociación, que son las empresas, y las empresas dicen que con lo que reciben de los ayuntamientos no hay margen para negociar. Estamos en tierra de nadie”, lamenta.