Vivienda rehabilitará 14 pisos que compró al Obispado de Bilbao por 1,7 millones para destinarlos al alquiler

El área de Vivienda del Gobierno vasco, liderada por el consejero socialista Iñaki Arriola, ha firmado ya ante notario -lo hizo el 29 de diciembre- la compra por algo más de 1,7 millones de euros de 14 pisos y una lonja que eran propiedad del Obispado de Bilbao. El objetivo es que, una vez reformados, sean incluidos en el catálogo de viviendas protegidas destinadas al alquiler de la agencia autonómica Alokabide. Estas viviendas son de la década de 1950 y eran un antiguo hogar sacerdotal, mientras que la lonja era la zona de servicios con lavandería y montaplatos. Vivienda garantiza que estaban “vacíos y sin ocupación”.

En un informe enviado al Parlamento a instancias del representante de Elkarrekin Podemos-IU Íñigo Martínez, Arriola alega que “dada la escasez de suelo existente” en Bilbao para construir nuevos edificios “se hace muy necesaria la compra ya sea de suelo ya sea de inmuebles vacíos”. Explica Vivienda que el Gobierno capta inmuebles de todo tipo, públicos o privados, y que esta operación se originó con un “ofrecimiento” de la Diócesis. Además, incide en la alta demanda de vivienda en Bilbao, con 16.807 unidades de convivencia esperando un piso protegido en alquiler, 13.062 oriundos de la capital vizcaína y 3.745 no empadronados allí.

Las fincas se localizan en los portales 6 y 8 de la calle Virgen de Begoña de Bilbao y se reparten en seis viviendas de primera planta, tres de segunda planta y cinco de tercera planta. A ellos se les une el local de 32,70 metros cuadrados. Según Arriola, en febrero las nuevas propiedades serán escrituradas a nombre del Gobierno vasco y “este año” se redactará el “proyecto de rehabilitación” de todo el conjunto. Según Vivienda, se prevé que el local sea aprovechado para trasteros y aparcamiento comunitario de bicicletas.

Ya en 2019 el Gobierno buscó la captación de inmuebles vacíos de la Iglesia pero con otro formato, en este caso dentro del programa Bizigune, por el cual los propietarios ceden al Ejecutivo la vivienda a cambio de un canon para que sea sacada al mercado como renta protegida. “Mejor que tengan este destino y no otro”, señalaron entonces desde Vivienda. Y es que en 2017 se conoció que el Arzobispado de Toledo, que era titular de dos viviendas en el centro de San Sebastián, se lucraba con ellos como apartamentos turísticos ilegales.