Precios justos y jornales dignos

En medio de unas movilizaciones del campo históricas que ha hecho levantarse a gran parte del campo europeo, las grandes empresas del tomate han decidido incumplir la Ley de Cadena alimentaria y pagar el tomate por debajo del precio de coste de producción. Así, sin despeinarse. Cuando tenemos a los tractores cortando autovías estas grandes empresas escenifican de la mejor manera uno de los graves problemas del campo: los bajos precios por el abuso de los intermediarios y la industria.

Estas empresas plantean que esta campaña el precio del tomate no puede estar por encima de 130 euros/tonelada cuando el precio de coste, según Cooperativas agroalimentarias y las OPFH, coinciden en que es de 140 €/Tn.

Resulta que las cooperativas de productores no sólo están cerrando contratos con sus socios a 150 €/Tn sino que, además, han repartido entre ellos beneficios por la campaña anterior. En conclusión, el tomate a nivel global está teniendo unos precios al alza y la decisión de estas empresas de pagar por debajo de coste solo obedece a la pura usura y avaricia.

En 2021 se reformó la Ley de Cadena Alimentaria incorporando medidas importantes que obligaban a las administraciones autonómicas a elaborar los índices de costes de producción para que estos tuvieran que ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar el precio. Por esa razón me resulta muy indignante escuchar a la Consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura echar balones fuera constantemente cuando se le pregunta por las medidas para aliviar la situación del campo, y sólo contesta hablando de Sánchez y de las normas ambientales de la UE (precisamente donde su partido está en mayoría). La Consejería tiene competencias claves para hacer efectiva la Ley de Cadena Alimentaria y ha perdido una oportunidad de oro para ponerse del lado de los tomateros en este caso.

Ni una palabra hemos escuchado llamando a las cosas por su nombre. Y es que CONESA, TRANSA, AGRAZ y ALSAT son empresas que pretenden saltarse la ley abusando de los agricultores extremeños. Empresas regadas de dinero público a través de los incentivos agroindustriales. Empresas que no sólo explotan a los productores, sino que también lo hacen con sus propios trabajadores obligándoles a jornadas maratonianas de 12 horas al día de lunes a domingo. Empresas que producen en Marruecos en condiciones laborales y ambientales penosas y que generan una competencia desleal que hunde los precios aquí en Europa. Empresas que, paradójicamente, reciben galardones como el de Empresa Socialmente Responsable del año por parte de la Junta de Extremadura.

La Junta de Extremadura debe de ponerse del lado de los agricultores en esta pelea porque son el eslabón más débil. La pelea no es entre iguales. De un lado están las familias agricultoras extremeñas y del otro las grandes empresas del tomate mundiales. Decir que son contratos privados y que no hay por qué entrometerse es tomar partido por aquellos que abusan de su posición de dominio en la cadena alimentaria. Una administración comprometida con la agricultura social y familiar hubiera dado un puño en la mesa y no se hubiera mostrado equidistante ante las injusticias.

La Ley de Cadena Alimentaria es una herramienta para que los productores puedan protegerse de los abusos y para que el sector tenga mayor poder de negociación ante los compradores, pero es verdad que tiene deficiencias y que podríamos haber ido más lejos si el PSOE hubiera estado dispuesto cuando en 2021 se modificó. 

Esta semana hemos conocido que la Audiencia Nacional ha confirmado dos multas impuestas a Mercadona en 2022 por comprar leche por debajo de coste a uno de sus proveedores de marca blanca, COVAP. La Ley de Cadena Alimentaria necesita aumentar las inspecciones y multiplicar las sanciones para que sea una herramienta verdaderamente útil que desincentive los abusos, pero si las comunidades autónomas no se toman esta ley en serio y elaboran los costes de producción mucho me temo que los precios seguirán asfixiando a nuestra agricultura social y familiar.

Esta semana también hemos conocido la terrible noticia de unos jornaleros de Sevilla a los que han liberado de una situación de esclavitud absoluta. Personas que trabajaban de manera extenuante sin poder comer ni beber. Esta por desgracia es una realidad también del campo. Realidad que debe ser extirpada porque nuestro modelo agroalimentario no puede estar sustentado en la explotación laboral de aquellos que son indispensables para muchas tareas agrícolas. El sector primario debe ser un sector de futuro y certezas para todos, para los que con sus manos recogen nuestra fruta y verdura y para los que apuestan por producir alimentos como forma de vida.

El campo, si quiere tener futuro, debe de pelear por unos precios justos y garantizar unos jornales dignos.