La Junta lleva a Anticorrupción cursos de formación de 2012, y el PSOE contesta que el responsable sería Monago
La Junta de Extremadura llevará a la Fiscalía Anticorrupción la documentación de la que dispone en torno a cursos de formación que se dieron durante el año 2012, aunque correspondientes a una convocatoria formulada el año anterior. La consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, ha indicado que en 2014 el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) encargó una auditoría externa de esos cursos, y a la luz de esos datos han decidido aportar la documentación obtenida ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de falseamiento de las condiciones requeridas para cobrar subvenciones por la realización de los mismos.
Según los datos de la auditoría encargada por el Gobierno extremeño, las irregularidades detectadas, que podrían constituir un delito contra la Hacienda Pública, consisten principalmente en que los gastos facturados por las citadas entidades son superiores al coste real y que este último no se ajusta a las condiciones de mercado. Acompañada por el director del Sexpe, Miguel Lozano, la consejera ha dicho que, según los datos que posee la Administración a partir de una auditoría externa, se ha detectado un presunto sistema diseñado para defraudar cantidades elevadas a la Hacienda Pública mediante la sobrefacturación de los cursos, a veces de hasta ocho veces por encima de su coste real.
Valentín García, portavoz de los diputados autonómicos del PSOE, tacha de “bajeza moral” que la Junta saque este tema a dos meses de las elecciones, y en un momento en el que el presidente de la patronal, Antonio Masa, se debate entre la vida y la muerte. Reprocha que el Gobierno regional se haya guardado el tema durante unos meses para sacarlo ahora con el objetivo de “usarlo a favor de la campaña electoral del PP”.
Por otro lado, dado que los cursos de formación presuntamente fraudulentos se gestionaron y desarrollaron en 2012, al siguiente de entrar José Antonio Monago en la Presidencia de la Junta, “si hubiera algún responsable político serían él y la consejera de Empleo, Cristina Teniente”.
“Si los cursos se desarrollaron en 2012, ¿por qué ha habido que esperar a disolver la Asamblea para ir al fiscal?, y si las pruebas son concluyentes, ¿no se va al juez directamente pero se espera dos años y medio en puertas de las elecciones? Monago es capaz de usar para la campaña política cualquier cosa, y esto forma parte de su campaña electoral”.
Mientras no haya pruebas de los presuntos fraudes, el socialista Valentín García ha proclamado su más alta consideración a las organizaciones CCOO, UGT, CREEX y CEPES, inculpadas por el Gobierno regional.
El coordinador regional de IU, Pedro Escobar, ha pedido que el asunto se clarifique pero preguntado por qué se sabe ahora en estas fechas: “El contenido creo que pierde credibilidad por el hecho de anunciarlo a dos meses de las elecciones”
La patronal extremeña Creex habría sido, según esa investigación de la Junta, la mayor beneficiaria de esos fondos y también podría haber incurrido en el fraude de mayor cuantía. Del total de unos tres millones presuntamente defraudados, la mitad, unos 1,5 millones, correspondería supuestamente a la Creex. La patronal en su conjunto recibió subvenciones por valor de 3,1 millones de euros y las investigaciones de la Junta estiman que el presunto fraude podría llegar hasta al 65% de la subvención que manejaron entre la confederación Coeba y las federaciones empresariales cacereña y placentina, todas integrantes de la Creex.
Sindicatos
La cantidad que podría haber sido defraudada por los dos sindicatos podría ascender a unos 600. 000 euros en el caso de CCOO y una cantidad similar para UGT. Ambos fueron subvencionados con 1,8 millones cada uno, de ahí que la Junta sospeche que el presunto fraude podría alcanzar el 30 por ciento de la subvención que recibieron.
Por parte de la confederación de empresas de economía social, Cepes, la estimación del presunto fraude superaría los 300 mil euros de los 700 mil recibidos.
Según el Gobierno extremeño. una vez detectadas las irregularidades de la convocatoria de 2011, el Sexpe ha puesto en marcha, al margen de la investigación que en su caso lleve a efecto la Fiscalía, las acciones necesarias para exigir la devolución a las arcas de la comunidad autónoma de las cantidades presuntamente defraudadas y que se estiman en una cifra total de unos tres millones de euros.
En algún caso, según recoge la auditoría, la cifra global facturada multiplica por ocho el coste comprobable del curso a partir de la suma de las facturas individuales existentes de cada uno de los diferentes gastos.
Un caso llamativo es el de una factura en la que figura como concepto único ‘Cursos de formación por importe de 894.359 euros’, sin más y sin explicación ninguna añadida. En otro de los casos, concretamente a través de la Federación Empresarial de Plasencia, el que subcontrata lo hace a una empresa de la que es administrador y en la que, además, se contrata a él mismo y a su hermano como profesores.
Por otra parte, se han detectado profesores que han cobrado hasta 820 euros por hora, una cifra muy superior a los precios de mercado.
