Igualdad defiende que la prestación del aborto “está garantizada” en Extremadura, aunque fuera de la sanidad pública

El proyecto de decreto por el que se regula la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en Extremadura y se crea el registro de objetores de conciencia ha obtenido un primer pronunciamiento “favorable” del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, según ha desvelado este lunes la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, en una comisión parlamentaria de la Asamblea de Extremadura en respuesta a una pregunta de la diputada de Unidas Nerea Fernández Cordero.

La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la creación de registros de objetores de conciencia. Ara Sánchez, que ha aclarado que la regulación autonómica de este asunto es competencia de la Consejería de Salud, ha informado de que el decreto pasó por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de octubre, donde tuvo un primer pronunciamiento “favorable”, y deberá volver a él para su aprobación definitiva.

Sánchez ha asegurado que la tramitación del decreto se está desarrollando con normalidad, ya que no lo están “retardando”, y ha recalcado que “hay que hacer las cosas bien” para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el del personal sanitario a la objeción de conciencia.

Al proyecto de decreto ha alegado el Colegio de Médicos de Cáceres, al que le han admitido una de sus tres propuestas, relativa al acceso al registro, y la Asociación Profesional de Matronas de Extremadura, al que le han aceptado su única sugerencia para facilitar que la prestación llegue a un mayor número de mujeres, según el informe del trámite, recogido por EFE.

La secretaria general ha recordado en su intervención que la reforma de la ley se aprobó hace 20 meses, que el anterior gobierno regional no hizo nada y que ellos llevan en el cargo 16 meses. No obstante, ha asegurado que esta prestación está ya garantizada en Extremadura con “equidad y calidad” y que su acceso es “legal, seguro y gratuito”.

Pero lo cierto es que las mujeres se derivan a una clínica privada de Badajoz y en casos puntuales a Sevilla y otras ciudades en función de la proximidad o de la técnica que se requiera, ha recordado.

Aunque la secretaria general de Igualdad no tenga competencias, la diputada de Unidas ha emplazado a Ara Sánchez a trabajar “codo con codo” con la Consejería de Salud para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública extremeña, lo que ahora no ocurre.

Las derivaciones a la sanidad pública “chocan frontalmente” con los derechos humanos, según Fernández Cordero, que ha comentado a Ara Sánchez que si no trabaja “codo con codo” con la Consejería de Salud es porque la igualdad “no es una prioridad” para el Gobierno de María Guardiola.