Vox quiere traer a Extremadura inquietud por la ocupación de viviendas pese a que baja y es residual
Vox también quiere traer a Extremadura la inquietud por las ocupaciones de viviendas pese a que en la Comunidad es algo residual y está en retroceso los últimos años al igual que en el resto de España.
Para ello su grupo parlamentario anuncia que va a pedir en la Asamblea de Extremadura la adopción de medidas para “proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de los propietarios de viviendas”.
La ultraderecha cree que es necesario adoptar medidas “tras el fracaso de las políticas públicas en España y la ausencia de instrumentos legales”.
En realidad si lo que se ocupa es una vivienda habitada por su dueño, su segunda residencia, o un piso que tiene alquilado, hay instrumentos legales suficientes, y se usan, para que la Policía por orden del juez pueda echar a los ocupantes en cuestión de horas; es el delito de allanamiento de morada, el más castigado.
Los de Vox alarman con que no conciben que un Estado de Derecho permita que “fuera de vías legales y escudados con el pretexto de necesidad de vivienda una serie de individuos o mafias puedan apropiarse de inmuebles que no les pertenecen y sin título alguno para el disfrute”.
Vox se aferra a la cifra de miles de denuncias en España, sin distinguir entre allanamiento de morada y otro delito, el de usurpación que es la entrada en viviendas deshabitadas o que ni siquiera tienen la condición legal de vivienda como son los bloque a medio construir que los bancos tienen en propiedad desde la crisis inmobiliaria de 2008.
Las cifras son pequeñas y bajan
Vox además asegura que en Extremadura se detecta una subida del 5,43 por ciento de los casos entre 2021 y 2023, lo cual no es cierto según la última memoria de la Fiscalía de la Comunidad (Tribunal Superior de Justicia) referida a 2022 y publicada recientemente.
La Fiscalía recoge en ese ejercicio 23 allanamientos de morada frente a 26 el año anterior (2021), un descenso del 11,5%, y en cuanto a usurpaciones 142 frente a 149 (-4,7%).
Tal y como se deduce de esas cifras, añade la Fiscalía extremeña, “no es un fenómeno de especial preocupación en Extremadura, teniendo en cuenta que en el apartado de usurpaciones no solo se encuentran las de inmuebles destinados a vivienda, sino también los de otros predios de diferente uso”.
Como señala la Fiscal de Cáceres y se recoge en la memoria, la provincia carece de una criminalidad significativa en estos delitos, y no hay reflejo en los consiguientes desalojos. Y en Badajoz “estos hechos se suelen referir a viviendas abandonadas propiedad de bancos o de la Sareb” [sociedad 'mala' que crearon los bancos para absorber las propiedades inmobiliarias que fueron un mal negocio].
En 2023, aún menos
Por si fuera poco, a escala nacional y durante el primer cuatrimestre 2023 se habían registrado un total de 5.266 ocupaciones en toda España incluyendo tanto delitos de allanamiento como de usurpación, es decir, bajan otro 11 por ciento (lo hace en todas las comunidades excepto Baleares y Asturias).
Y de ellas solo el 0,85% serían allanamiento de morada, ocupación de primera o segunda vivienda.
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