El 40% de los extremeños rechaza que se modifique la Ley del Suelo hasta la resolución definitiva de Valdecañas

La Junta de Extremadura ha encargado una encuesta para refrendar todas las acciones que está llevando a cabo para evitar el derribo del resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), como el pasado febrero ordenó el Tribunal Supremo tras años de litigios.

Según esta encuesta, realizada a 1.000 extremeños por la empresa Metroscopia, el 40% de los ciudadanos rechaza que se modifique la Ley del Suelo para intentar 'salvar´ el complejo al menos hasta que se resuelva judicialmente y de forma definitiva la situación de Valdecañas. La Junta ya ha presentado un recurso de nulidad de la sentencia del Supremo, al igual que han hecho los propietarios de las 185 villas de la urbanización por la presunta incompatibilidad de dos de los jueces, que ya habían participado en el proceso judicial del caso en otras instancias.

Sin embargo, el 51% de los encuestados es partidario de modificar la Ley del Suelo para que obtengan amparo situación como la de Valdecañas. Solo el 5% prefiere que se derribe ahora el resort. La Junta también ha iniciado ya acciones para que se modifique la Ley del Suelo nacional. Actualmente ultima una iniciativa legislativa en la Asamblea de Extremadura, que contará previsiblemente con el apoyo de PSOE -tiene mayoría absoluta-, PP y Cs y el rechazo de Unidas por Extremadura, para remitir al Congreso y solicitar su modificación.

Al mismo tiempo, ha conseguido el apoyo de otras 12 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla que han firmado un manifiesto en el que alertan de un incremento “exponencial” de las declaraciones de “nulidad radical” contra planes urbanísticos municipales, lo que está frenando proyectos en España. De esta forma responden a una sentencia del Tribunal Constitucional, también en relación a Valdecañas, que echó abajo la reforma de la ley del suelo extremeña que PSOE y PP habían modificado en favor de la urbanización, levantada en terrenos de la Red Natura 2000, y, como tal “tienen un alto valor ecológico que deben ser preservados de la transformación urbanística”, se recogía en la sentencia. De esta forma, las comunidades entienden que frena el desarrollo de numerosas localidades cuyo término municipal se encuentran por completo en Red Natura 2000.

Por otro lado, el 85% de los extremeños dice estar al tanto de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena el derribo, una cifra que expresa con claridad la repercusión social del caso, según ha explicado el portavoz de la Junta, Juan Antonio González. Además, el 80% de los extremeños considera que la dilación del proceso judicial, más de una década, ha provocado una situación objetiva de injusticia en la medida que el complejo de Valdecañas ya está habitado y en pleno funcionamiento.

Un 74% de todos los extremeños considera incluso que proceder ahora al derribo del resort de lujo conllevaría más daños que beneficios medioambientales. Esta idea es ampliamente mayoritaria en todos los electorados (excepto en el de Unidas Podemos, en las opiniones en este punto se dividen). Este es el mantra defendido por la Junta de Extremadura tras conocer la sentencia del Supremo, aunque no se han detallado cuáles serían esos daños medioambientales y de qué forman afectarían a ese ecosistema.

Por último, el 14% de las personas encuestadas considera que la sentencia que ordena la demolición había que aplicarla ya, mientras que un 80% de la ciudadanía extremeña es partidaria de recurrir esta sentencia en todas las instancias en que sea posible hacerlo. Esta opinión es mayoritaria en todos los electorados.

No obstante, Metroscopia aclara que estos datos requieren una interpretación cautelosa. Por un lado, del posicionamiento ciudadano contra la sentencia no cabe deducir, sin más, una falta de identificación ciudadana con la causa ecologista y con quienes la propugnan, que es “un valor fuertemente arraigado ya en la cultura de nuestro país”. Ahora bien, la empresa asegura que en situaciones de precariedad económica y social, “como es ahora el caso, la tendencia ciudadana es priorizar la más inmediata mejora del bienestar de las personas aun a costa de demorar temporalmente el mejor cuidado de su entorno”