Investigan a conductor de autobús escolar por falsificar documentos y circular sin permiso
La Guardia Civil investiga a un conductor de autobús escolar de 35 años por un supuesto delito continuado de falsedad documental, que ya había sido denunciado por infringir la normativa de seguridad vial al conducir vehículos para los que no poseía el permiso requerido. A través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de Cáceres, la Guardia Civil detectó al investigado conduciendo hasta en dos ocasiones, sin el permiso requerido, “en poco más de un mes”. Además, se le investiga por obtener contratos como conductor en empresas de transporte aportando documentación provisional falsificada.
La primera denuncia la interpuso la Guardia Civil en octubre, por conducir un autobús escolar que transportaba menores sin contar con el permiso correspondiente para ese tipo de vehículos. Y el 25 de noviembre fue denunciado de nuevo “mientras realizaba otra ruta de transporte colectivo cerca de la ciudad de Cáceres”.
En concreto, carecía del permiso de la clase 'D', obligatorio para conducir autobuses; únicamente disponía de un permiso de la clase 'B'. En consecuencia, fue denunciado ante la Jefatura Provincial de Tráfico por la supuesta comisión de una infracción grave al Reglamento de Conductores, sancionada con una multa de 500 euros y la detracción de 4 puntos de su permiso de conducción.
Pero durante la investigación se descubrió que el individuo obtenía contratos como conductor presentando documentación provisional falsificada. Dichos documentos hacían referencia a permisos de las clases “C” o “D”, necesarios para conducir camiones y autobuses. Y en otra ocasión “incluso a la posesión del permiso ADR para el transporte de mercancías peligrosas, el cual consiguió llevar a cabo”, según ha informa la Guardia Civil en un comunicado.
Con este modus operandi, el investigado logró trabajar como conductor en al menos cuatro empresas de transporte y obtener contratos en otras cinco, aunque en estas últimas no llegó a ejercer la actividad.
Las empresas afectadas, que desconocían la falsedad de los documentos, se encuentran en la provincia de Cáceres -tres en la capital cacereña y dos en Plasencia-. Y en otras provincias, como Madrid, Ávila, Sevilla y Toledo, “en las que consiguió contratos, pero sin llegar finalmente a trabajar en ellas”.
Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de Cáceres en funciones de Guardia para la continuación del procedimiento judicial.
0