El año en que Feijóo abandonó Galicia: un sustituto por asentarse y la oposición que busca el hueco a seis meses de las locales

Alberto Núñez Feijóo no miró atrás. Trece años como presidente de la Xunta -dos más en el último gabinete de Fraga- y la Galicia, Galicia, Galicia de sus lemas electorales han sido relegados al cuarto de los trastos viejos. Ahora senador, no ha registrado una sola iniciativa relacionada con la comunidad de la que procede y cuyo parlamento autónomico lo designó para la Cámara Baja. Las referencias a Galicia desaperecieron hace ya tiempo de su cuenta de Twitter. Y en la que fue su silla de presidente del Gobierno gallego se sienta, desde el pasado mayo y sin elecciones de por medio, Alfonso Rueda, quien busca asentar su figura con una acción continuista y desdibujada. En frente, la oposición de BNG y PSdeG no hizo sangre del relevo y se maneja entre cierta inercia y, en el caso de los socialistas, la interinidad de sus liderazgos. El primer examen de la nueva situación será en mayo: elecciones municipales, un escenario que domina la izquierda y el nacionalismo.

Rueda apenas introdujo cambios en el ejecutivo respecto de los últimos años de Feijóo. Solo la entrada de Diego Calvo -que en su día dejó entrever alguna reticencia a la sucesión- como vicepresidente segundo alteró los equilibrios internos. Pero no el trabajo -ritmo legislativo demorado, desinterés por aumentar el autogobierno más allá de conflictos puntuales con Madrid- ni su manera de enfocar la política autonómica: comentario crítico constante a Sánchez, pocas decisiones propias de relieve, campaña constante de los medios públicos y allegados. El perfil del ahora presidente es de momento tan discreto que incluso el propio Partido Popular ha bromeado con él en un vídeo navideño.

La realidad, sin embargo, ha seguido discurriendo más allá de tácticas partidarias. Trece años de políticas neoliberales, conciertos y recortes en la sanidad pública, agudizados por el estrés pandémico, han llevado a los trabajadores al límite. Sindicatos y organizaciones colegiales lo han denunciado una y otra vez y el Tribunal Superior les ha dado recientemente la razón. La atención primaria, fundamental para la salud pública de un país según todos los expertos, constituye ahora el epicentro de la crisis. Pese a que Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia, y a que los años Feijóo vieron como se congelaba el número de facultativos, Rueda se ha especializado en eludir responsablidades hasta llegar a la resignación. Pese a que esta actitud parecería indicar lo contrario, las competencias en la materia son de la comunidad.

Los datos económicos tampoco acabaron de compadecerse este 2022 con la imagen de gestores en la que se complace el PP gallego. Indicadores como el empleo, la inflación o el índice de producción industrial suelen arrojar resultados por debajo de la media estatal. Y el turismo, centrado en las cifras y en el estiramiento del fenómeno Xacobeo, ha dado este verano muestras evidentes de sus limitaciones: el malestar por su gestión ha provocado malestar en amplios sectores de los vecinos de Santiago de Compostela. Pero Alfonso Rueda, que presume una y otra vez de haber aprobado “en tiempo y forma los presupuestos para 2023” -el PP cuenta con mayoría absoluta, lo que facilita las cosas-, se agarra a prediciones optimistas. Y, contra viento y marea, se aferra a un dogma, el de la bajada generalizada de impuestos, que su familia política ha aparcado tras el fiasco de Liz Truss en Reino Unido. En Galicia no: la Xunta ha reducido las aportaciones a las arcas públicas de 7.700 contribuyentes con un patrimonio medio de seis millones de euros. Además, anuncia batalla jurídica contra la tasa a las grandes fortunas del Gobierno central.

La oposición contra la política fiscal “para ricos”

Enfrente, la concepción de los ingresos y su redistribución es la opuesta. BNG y Partido Socialista criticaron con dureza lo que considera no sin argumentos “regalo fiscal a los ricos”. Pero la oposición en el Parlamento se ha alejado del volumen de otras épocas. Los nacionalistas, con Ana Pontón como portavoz al frente del mayor grupo parlamentario de su historia -19 escaños-, encabezan la confrontación con Rueda, más intensa en las sesiones de control de cada pleno parlamentario. La organización parece confiar en los datos demoscópicos -las pocas encuestas conocidas de ámbito autonómico les auguran ligeras subidas, eso sí, con mayoría absoluta del PP- y fía su táctica a cierta inercia. Para las municipales de 2023, los candidatos y candidatas en las siete ciudades repiten y Pontón asegura que serán “la fuerza política que más suba” en esos comicios. Confía en aprovechar el declive de los experimentos de confluencia de izquierdas y nacionalistas que fueron las mareas y que pronostican los sondeos.

El Partido Socialista defiende en el ámbito municipal su mayor fortaleza. Suyos son los alcaldes de 111 de los 313 ayuntamientos gallegos, entre ellos los de cinco de las siete mayores poblaciones. También tres de las cuatro diputaciones, en coalición con el Bloque. Pero la interinidad se ha instalado en su dirección gallega. Hace poco más de un año, Valentín González Formoso derrotó en primarias a Gonzalo Caballero y se hizo, con 60% del voto de la militancia, con la secretaría general del partido. El proceso dejó heridas que no llegaron a cicatrizar y un grupo parlamentario sin liderzago claro -su portavoz es Luis Álvarez- y con una fuerte división interna. Esta estalló con el expediente abierto al diputado Martín Seco, fiel a Caballero. Con todo, ha sido el propio González Formoso el que ha reforzado la sensación de temporalidad en la cúpula de la organización, al anunciar este martes que si Xosé Ramón Gómez Besteiro decidiese ser candidato a la Xunta de Galicia, él lo apoyaría “por justicia y por lealtad personal”. Este, exonerado de todas las causas en las que lo imputó la juez Pilar de Lara y que lo llevaron a la dimisión en 2016, guarda silencio.

Es, en cualquier caso, el Partido Popular el que más revoluciona el motor de cara a mayo de 2023. Y para ello no repara en utilizar la Xunta de Galicia: en Vigo ha colocado como delegada del Gobierno autonómico a su candidata a la alcaldía y no duda en enfrentarla al ayuntamiento. Se trata de la ciudad más poblada de Galicia y en ella los conservadores cuentan con cuatro de los 27 ediles, frente a 20 de los socialistas, dos de la Marea de Vigo y uno del BNG. Los resultados del PP en 2019 fueron pésimos -en ese año también perdieron, frente al PSdeG, el primer puesto en unas generales- y la localidad más grande que gobiernan es Arteixo (A Coruña), con 32.000 habitentes.