El conflicto en los medios públicos se enquista con una segunda huelga en un mes y la pasividad de la Xunta

La Xunta de Galicia no se da por aludida. Todavía la semana pasada su presidente, Alfonso Rueda, se desentendía del polvorín laboral y deontológico en el que se han convertido los medios públicos gallegos tras 14 años de gobiernos del Partido Popular y se refugiaba en una sola excusa: “El aumento de audiencia se produce sistemáticamente”. La Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) se enfrenta este viernes y sábado a su segunda y tercera jornada de huelga en menos de un mes. Los trabajadores protestan contra el “clima laboral asfixiante” y la manipulación a favor de la derecha. “Hay mucha indignación, mucha tensión acumulada y ganas de dar una respuesta contundente”, asegura Tiago Alvite, presidente del comité intercentros del ente.

El pasado 6 de marzo, el primer paro de la serie de movilizaciones anunciada por la representación del personal apagó algunos de los principales espacios de la parrilla de TVG y la Radio Galega. La respuesta de la dirección no se hizo esperar. Dos días después, el departamento de recursos humanos comunicaba a los sindicatos la prohibición de organizar asambleas en las dependencias de la empresa hasta que pasasen dos meses. Se apoyaba en un artículo del Estatuto de los Trabajadores, el 78, en el que nunca, hasta ahora, se había apoyado: “El empresario deberá facilitar el centro de trabajo para la celebración de la asamblea salvo (…) si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la última reunión celebrada”. No importó. Los empleados se reunieron en el exterior y decidieron convocar un nuevo parón, esta vez de 48 horas el 24 y 25 de marzo. El Diario Oficial de Galicia ha publicado este jueves los servicios mínimos, que centra en los espacios informativos de televisión y radio debido a su contenido de “carácter esencial”

“Desde el día 6, apenas hubo movimientos por parte de la cúpula”, explica Alvite, “nos llamó a una reunión formal para discutir las reivindicaciones de la huelga pero sin ninguna actitud de llegar a acuerdos”. El despotismo en las relaciones laborales que denuncian los sindicatos se ha sustanciado en numerosos traslados de trabajadores entre medios. El más polémico, del de Mayte Cabezas, veterana presentadora de la televisión que unos días antes había sido muy crítica en los micrófonos de la Cadena Ser y en sus propias redes sociales con el trato de Feijóo como presidente del Gobierno gallego a las víctimas del terrorismo. El padre de Cabezas, guardia civil, fue asesinado en 1989 por los Grapo. La compañía asegura que estos movimientos de empleados son su “potestad organizativa”. “Eso no está en cuestión”, replica Alvite, “pero no es una potestad absoluta. También existen los derechos de los trabajadores”.

El comité intercentros ha emitido de hecho varios comunicados en los que vincula estos cambios de puesto de trabajo a represalias contra periodistas y técnicos que “no son dóciles” a obedecer órdenes de manipulación. “Antes estos traslados eran voluntarios. Ahora los usan como castigo”, puntualiza Alvite. El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia también se ha pronunciado con dureza sobre la situación de la CRTVG tras el 6 de marzo: “Su personal tiene derecho a la progresión en la carrera profesional y al reconocimiento de la experiencia y de los conocimientos adquiridos”, lo que ponen en cuestión “los traslados forzosos”. El órgano advierte además contra la falta de independencia, libertad y sentido de la responsabilidad que la dirección impone a los profesionales.

Todo esto sucede mientras el Gobierno gallego incumple su propia ley de medios públicos. El director general de la corporación, Alfonso Sánchez Izquierdo, ejerce su labor en funciones desde 2015, toda vez que el Partido Popular se niega a iniciar la renovación por no contar con dos tercios de los escaños necesarios en el Parlamento de Galicia para hacerlo en solitario. El comité intercentros, al igual que los profesionales que llevan 252 viernes consecutivos protestando contra la tergiversación informativa, denuncia que tampoco se hacen efectivos otros importantes apartados de la norma, como la constitución de un consejo de informativos y la aprobación de un estatuto profesional. Ni el PP ni la cúpula actual quieren ceder control, según los sindicatos.

La indiferencia del Gobierno gallego

La Xunta de Alfonso Rueda sabe lo que hay pero hace cómo que no. El presidente se escuda en que “las audiencias son potentes” y no comenta ni las convocatorias de protesta más allá de “están en su derecho” ni las represalias. Cuando Alberto Núñez Feijóo, el artífice principal del actual modelo de relación entre ejecutivo y medios públicos, carga ahora en Madrid contra Radio Televisión Española, a la que acusa de estar al servicio del Gobierno, Rueda se atreve a decir que la CRTVG “no está politizada”. Su vicepresidente Diego Calvo repitió táctica este miércoles en la Cámara gallega: “Somos respetuosos con la independencia de los medios de comunicación”. Acto seguido, lamentó haber tenido que responder a seis preguntas sobre la cuestión en los diez meses que lleva en el cargo. El BNG le respondió exigiendo su dimisión por “la situación grave de manipulación y acoso” que vive el ente. “La CRTVG se ha convertido en noticia por la nefasta gestión de su personal y sus recursos”, aseguró la diputada nacionalista María González Albert.

La propia cúpula corporación ha remitido, a petición de elDiario.es, una valoración de las movilizaciones laborales. “Respetamos el derecho de los representantes de los trabajadores a convocar una huelga”, explica vía correo electrónico. Sobre las reiteradas acusaciones por el clima laboral asfixiante, remite a los comentarios de Sánchez Izquierdo en su comparecencia ante la comisión parlamentaria: “Desde 2019 hasta hoy, sobre un plantilla de cerca de mil trabajadores, Recursos Humanos ha abierto 48 expedientes, de los cuales 47 fueron leves y uno grave. Esas son las cifras reales del presunto clima de represión”. Uno de ellos acabó en los juzgados y la compañía condenada a indemnizar con 6.251 euros a un trabajador por haber vulnerado su libertad de expresión. Ese no lo mencionó.

“Nos asiste la razón y la justicia para defender nuestros derechos como trabajadores”, resume el presidente del comité, “y en defender unos medios públicos no para manipular, sino para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a una información plural y veraz”.