La Eurocámara consuma un “informe farsa” sobre las rías gallegas

Más de medio año más tarde de lo previsto y varios retrasos después, la UE acaba de aprobar el informe sobre las rías gallegas después de que la Comisión de Peticiones haya votado este lunes las recomendaciones para subsanar los graves problemas de contaminación de las rías de Vigo, Ferrol y O Burgo. Finalmente salió adelante un dictamen poco consistente, tibio y benévolo con las administraciones públicas implicadas. Todo ello, a pesar de la radical falta de acuerdo entre el jefe de la misión comunitaria que visitó Galicia, el conservador Philippe Boulland, y las otras dos eurodiputadas de la delegación, la liberal austríaca Angelika Werthmann y la diputada verde letona Tatjana Zdanoka, que volvieron a protestar por un documento que no creen que refleje la verdadera gravedad de la polución y de los problemas que pudieron comprobar en su viaje a Galicia. Tanto es así que pidieron que sus nombres y firmas no figuraran en el texto.

En senñal de desacuerdo, también decidieron no participar en la votación, al no aplazarse y al no incluirse un documento anexo que completara la parte descriptiva del jefe de la misión europea y que, advierten, “es una opinión minoritaria”. “Pedimos que se introduzca nuestra opinión, que es contraria, porque la que consta no es una descripción exacta de la situación por parte de esta Comisión, por lo que no es adecuado que participemos”, advirtieron Zdanoka y Werthmann. Ambas recibieron el apoyo de otros eurodiputados, que dijeron estar “asombrados” por el procedimiento seguido, por “desatender las normas” y que llegó a ser calificado por Iñaki Irazabalbeitia, parlamentario de Aralar que presentó las enmiendas en nombre del BNG, como una “farsa”, tras asegurar que votaría “por responsabilidad” pero no porque se lo pidiera “el corazón”.

“La opinión mayoritaria de este informe acaba siendo la de la minoría de los europarlamentarios que viajaron a Galicia después de que se ningunease a dos diputadas, con las que muestro mi solidaridad”, aseguró Irazabalbeitia, que acusó alos dos grandes partidos de “pasar el rodillo, y estas son las consecuencias”. Ana Miranda (BNG), por su parte, acusa a PP y PSOE de un acuerdo entre ellos para rechazar sus propuestas y “lavarle la cara” tanto a la Xunta como al Ayuntamiento de Vigo.

Las consecuencias fueron las esperables. El informe fue aprobado con 20 votos a favor –populares y socialistas incluidos– y 7 en contra. Además, tan solo las enmiendas del PP, así como alguna menor y principalmente de forma, fueron aprobadas en una votación que consumó la aprobación de un informe que asume la contaminación y los problemas en las rías, pero que “reconoce el esfuerzo” de las administraciones y no deja un futuro claro para el saneamiento de las costas de Vigo, Ferrol y O Burgo.

Miranda calificó el informe final de “devaluado” y de “farsa que no cumple las expectativas de los peticionarios, miles de gallegos que llevan años luchando para que el saneamiento integral de la rías sea una realidad”. El objetivo de las enmiendas del Bloque era conseguir un informe “que sirviera para aportar propuestas que resuelvan un problema que lastra el desarrollo de nuestro litoral”, tras años de incumplimiento por parte del Gobierno central y de la Xunta de la normativa comunitaria en materia de calidad de aguas. Sí se aprobó la enmienda número 72 del BNG, en la que se insta a las Adminitraciones públicas a proceder a la retirada de los lodos de la Ría de O Burgo.

Pero se rechazó la inclusión de una petición expresa al Estado español para que use los fondos europeos que recibirá con cargo al paquete financiero 2014-2020 de cara a garantizar la financiación de las infraestructuras necesarias para completar el saneamiento integral de las rías, algo “imprescindible toda vez que en el presupuesto estatal de 2014 no hay prevista ninguna partida para la Ría de O Burgo, pese a ser de las más afectadas”.

Las enmiendas del Bloque también demandaban un programa específico para completar la limpieza del litoral gallego con el correspondiente apoyo presupuestario. Y un reconocimiento expreso al trabajo realizado por los colectivos sociales, cofradías y personas a título individual “que llevan años luchando, muchas veces sin ningún apoyo de las Administraciones”, alega Miranda, que también cree prioritario que el Estado lleve a cabo medidas para “recuperar la actividad extractiva”.

Fue el resultado de una votación polémica, en la que incluso la presidenta Mazzoni llegó a advertir de la posibilidad de que el PP hubiera introducido un eurodiputado más de los correspondientes para la votación, una acusación que fue retirada tras las quejas del popular Carlos Iturgaitz. Ana Miranda advirtió también de la presencia de parlamentarios que no tenían relación con el tema tratado. Pero fueron las acusaciones de “farsa” y “conspiración” las que volvieron a brotar antes del aval definitivo a un informe que solo parecen aprobar el PP y el PSOE.

Las eurodiputadas Zdanoka y Werthmann ya habían acusado a Boulland de querer imponer “su visión, sin respetar la mayoritaria” en una actitud que calificaron de “no democrática” y que tanto ellas como varios eurodiputados atribuyen a las continuas presiones del PP para “lavarle la cara” a las administraciones central y gallega. Por eso presentaron una enmienda a la totalidad de las conclusiones y recomendaciones del informe, tras advertir también de la “conspiración de los grandes partidos políticos para aceptar este borrador sin tener en cuenta la posición de dos de los tres miembros de la delegación”. Porque también el PSOE había tragado ya con un borrador “descafeinado”.

Pero ni siquiera fue votada esa enmienda que pedía la anulación de todo el informe, el cual siguió adelante y que centra sus conclusiones en “reconocer los esfuerzos realizados por las autoridades públicas en materia de depuración, que han dado lugar a la mejora de varias zonas”, tras recordar que desde la década de los 80 se han construído 150 plantas de tratamiento de aguas. A pesar de que se señala que las sentencias de los tribunales europeos contra España suponen “una primera medición del nivel de gravedad de las infracciones y de los retrasos en la aplicación de las directivas europeas medioambientales”, el documento evita incluir las graves denuncias de los peticionarios que sí se incluían en una versión anterior del informe.

Sobre la planta de Reganosa, el informe señala que “recibió todas las autorizaciones necesarias para sus actividades”, aunque “algunos eurodiputados observaron cierta cercanía con algunas casas”. Además, recomienda a los críticos que se apunten a las visitas guiadas que la empresa ofrece por las instalaciones. En cuanto a la ría de O Burgo, destaca que varios parlamentarios quedaron “sorprendidos ante el espeso lodo acumulado, que afectaba negativamente a las actividades cotidianas de la población y al empleo local”.