El PP recupera para el Senado a un exalcalde al que la Xunta creó un puesto a medida en una oficina de empleo
El PP ha recuperado para la primera línea política, con un puesto en la candidatura al Senado por Pontevedra que los populares suelen ganar, a Salvador González Solla, que fue alcalde de Ponteareas desde 2004, tras una moción de censura, hasta 2015. Previamente había sido gerente de una de las 34 fundaciones comarcales que la Xunta de Manuel Fraga había creado por toda Galicia y que Feijóo suprimió despidiendo a sus trabajadores temporales pero creando para sus exdirectivos, al menos seis de ellos cargos del PP, como González Solla, puestos a medida en oficinas de empleo. Ahora el popular entra en la candidatura al Senado por Pontevedra, de la que sale el hasta ahora senador y exregidor de Lalín Xosé Crespo, que vuelve a aspirar a la alcaldía de ese municipio.
Cuando Feijóo llegó a la Xunta y decidió suprimir las 34 fundaciones comarcales que había creado Fraga en los años noventa, sus trabajadores temporales fueron despedidos y los indefinidos fueron trasladados a otros chiringuitos autonómicos, incluidos la mayoría de los exgerentes de esas entidades. Pero estos últimos, entre los que había al menos media docena de cargos del PP, no se quedaron en la administración paralela sino que fueron integrados como personal laboral fijo en la propia administración general, en puestos creados para ellos en oficinas de empleo de toda Galicia. Unos puestos que la Xunta creó en abril de 2014 pero que, en plena crisis y con las cifras de desempleo disparadas, mantuvo vacíos durante cerca de dos años, incluso vetando que otros trabajadores pudiesen ocuparlos de manera temporal a pesar de reconocer que era necesario cubrirlos. En el caso de González Solla, la decisión de la Xunta de cubrir al fin esos puestos de nueva creación con los exgerentes comarcales llegó pocos meses después de su salida de la alcaldía de Ponteareas.
En el listado de exgerentes comarcales a los que la Xunta creó una plaza a medida figuran nombres de cargos del PP como González Solla; Manuel Valín, portavoz popular en Ribadeo; Azucena González Loredo, edil también en Ribadeo; o Inés Monteagudo, portavoz del PP en Muros. El caso de González Solla fue llevado en 2015 por Compromiso por Galicia ante la Fiscalía, pero ésta rechazó investigarlo argumentando que sólo podía hacerlo si se lo pedía alguien perjudicado de manera directa. Si esa formación política quería denunciarlo tendría que hacerlo directamente ante un juzgado, lo que le supondría un coste económico.
Además, la Xunta habilitó un mecanismo para que los exgerentes comarcales que viesen rebajado su sueldo en esas nuevas plazas respecto del que percibían antes siguiesen recibiendo durante seis años un complemento hasta su equiparación definitiva. En 2008 los sueldos de esos gerentes al frente de las fundaciones comarcales oscilaban entre los 32.400 y los 51.700 euros brutos anuales.
Una selección dudosa en tiempos de Fraga
La integración como personal laboral fijo de la propia Xunta de los exgerentes comarcales se produjo a pesar de las dudas que existen sobre los procesos de selección que tuvieron que pasar en tiempos de Fraga para ser contratados inicialmente por cada fundación comarcal. En la primera convocatoria, de enero de 1998, del total de 22 puntos que podía recibir cada candidato, siete puntos se destinaban a la “valoración del curriculum” y otros cinco al resultado de una “entrevista personal”, mientras que sólo los restantes siete puntos se decidían por una “prueba tipo test de conocimientos específicos”. En cuanto al trabajo realizado después y su relación con la Xunta, en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) hay sentencias que otorgaron a algunos de los exgerentes la condición de personal laboral fijo mientras que otras sentencias se la denegaron a otros.
