La Xunta no logra cerrar los conflictos del 061 y vuelve a atascarse en la renovación de sus helicópteros iniciada hace un año
El 22 de diciembre de 2017, hace casi un año, el patronato de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061, dependiente de la Xunta, aprobó que su director-gerente, José Antonio Iglesias, que dejó el cargo hace un mes, iniciase el proceso para renovar el contrato de gestión de su servicio de emergencias aéreas en helicópteros, que se presta a través de dos aparatos con bases en Santiago y Ourense. Un año después el 061, en el que está viviéndose una crisis interna con el relevo por parte de la Xunta de su cúpula directiva tras sucesivas polémicas alrededor de su gestión, aún no ha sido capaz de finalizar ese proceso. El tribunal administrativo de contratos viene detectando en ese nuevo concurso diversas irregularidades que están siendo aprovechadas por la anterior empresa adjudicataria para, mediante recursos, seguir prestando y cobrando el servicio a través de prórrogas del mismo.
Este lunes el nuevo director-gerente del 061, José Flores, anterior director asistencial de la fundación y que sucedió hace un mes a José Antonio Iglesias a su frente, firmó una resolución con la que vuelve a paralizar el proceso de adjudicación del nuevo contrato de sus helicópteros atendiendo a un requerimiento del tribunal administrativo de contratos. Éste le da nuevamente la razón a la anterior concesionaria frente a la empresa a la que ahora se iba a entregar el servicio, que tiene que justificar mejor que dispone del personal preciso para operar los aparatos.
El servicio de los helicópteros del 061 venía siendo prestado, como la mayoría del resto de helicópteros de la Xunta (como los polémicos de Salvamento Marítimo o lucha contra los incendios) por la empresa Inaer, adquirida en 2017 por la multinacional Babcock. Sin embargo, al concurso abierto por el 061 hace un año para renovar su servicio por otros cuatro años prorrogables dos más, y por 2,5 millones de euros al año, se presentó también otra firma, Habock, presidida por Luis Miñano, empresario que en su momento había impulsado el crecimiento de Inaer antes de su adquisición por Babcock.
La Xunta descalificó del proceso a la anterior adjudicataria, Inaer-Babcok, por considerar que la oferta que presentó para volver a hacerse con el servicio del 061 no cumplía los requisitos establecidos, lo que dejó el concurso en manos de la nueva aspirante, Habock. Sin embargo Babcock recurrió diversos trámites de la adjudicación a Habock y ha forzado sucesivas paralizaciones del proceso que le vienen facilitando seguir prestando el servicio.
El último recurso de Babcock, ahora hecho público por la Xunta, data del pasado 5 de noviembre y fue atendido por el tribunal administrativo de contratos el 30 de noviembre. En su resolución, el tribunal obliga al 061 a retrotraer el proceso de adjudicación para que Habock, que en este tiempo ya cambió de nombre al de Eliance Helicopter Global Services SL, “presente correctamente la documentación acreditativa de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato”. La empresa que quiere hacerse con el servicio tiene ahora tres días para entregar esa documentación al 061 y que éste valore a continuación si el personal cumple los criterios exigidos antes de adjudicarle el servicio. Mientras, un año después de iniciarse el proceso para renovar el contrato, la empresa actual, la recurrente Babcock, seguirá prestando el servicio.
Las sucesivas resoluciones del tribunal de contratos obligando al 061 a rehacer correctamente unos trámites considerados incorrectos, y que están permitiendo que el servicio de helicópteros siga sin renovarse y en manos de la anterior adjudicataria, se añaden a las sospechas que pesan, en este caso en el ámbito penal, sobre la manera en que la misma fundación adjudicó en 2015 sus ambulancias de emergencias en un concurso de 120 millones de euros. Un técnico de la fundación está imputado junto con varios empresarios que supuestamente tuvieron acceso previo a las condiciones del concurso. En el marco de esa investigación, un informe pericial de la policía constató diversos defectos de seguridad en las ambulancias del 061, que circularon durante meses con sobrepeso pero que la Xunta asegura que ya cumplen con la normativa.
En el ámbito laboral, vienen siendo recurrentes las protestas tanto del personal propio del 061 como del de las empresas de ambulancias que prestan servicio para la fundación. Los sindicatos critican que el Gobierno gallego no tiene en cuenta que las rebajas que esas firmas ofrecieron para hacerse con los contratos son inasumibles económicamente para una correcta prestación del servicio y acaban suponiendo o recortes a sus trabajadores o incrementos posteriores de los costes para la Xunta. A esas protestas se han sumaron en los últimos meses las derivadas del traslado de las sedes centrales de los dispositivos de emergencias de la Xunta Xunta desde Santiago a unas nuevas instalaciones en A Estrada (Pontevedra) a las que fueron obligados a desplazarse sus trabajadores.
La última polémica laboral alrededor del funcionamiento del 061 tiene fecha de hace dos semanas. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia divulgó una sentencia en la que anuló, como viene haciendo en otros muchos ámbitos, los servicios mínimos del 100% que la Xunta impuso al personal de atención telefónica del 061, externalizado a través de una empresa, durante la huelga que desarrollaron el pasado verano.
En este contexto el pasado 13 de noviembre la Consellería de Sanidad anunció el “relevo” de quien venía siendo director-gerente del 061 desde la llegada de Feijóo a la presidencia de la Xunta en 2009, José Antonio Iglesias. Y unos días después, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), desveló que la crisis en la cúpula de la fundación sería más amplia y afectará también a dos de las tres direcciones de área inferiores del 061.
