Una empresa de la trama de radares esperaba ingresar 6,3 millones con un contrato del senador de confianza de Feijóo en Ourense
El Ayuntamiento de Verín (Ourense) adjudicó en noviembre de 2014, cuando a su frente estaba el también senador popular Juan Manuel Jiménez Morán, hombre de confianza de Feijóo en Ourense, un contrato para la gestión de varios radares a la Unión Temporal de Empresas Bilbomática / Veicar Verín, la primera de ellas matriz entonces de Aplicaciones Gespol, investigada en la operación Enredadera contra una presunta trama de amaño de contratos de gestión de multas, radares y semáforos en toda España. La segunda firma, Veicar, es la concesionaria de varios parques de bomberos privatizados en toda Galicia, entre ellos el de Verín. El contrato de los radares fue paralizado por el sucesor de Jiménez Morán, el socialista Gerardo Seoane, que el pasado marzo, como avanzó La Región, recibió una demanda en la que la UTE reclama al Ayuntamiento 850.000 euros por gastos y lucro cesante.
La demanda, a la que ha tenido acceso este diario, señala que la empresa esperaba gestionar en cuatro años multas por 18 millones de euros (de los que ella ingresaría 6,3 millones), lo que supondría un promedio de 12.000 euros de sanciones cada día en un municipio de sólo 14.000 habitantes. Ahora el Ayuntamiento contraataca y anuncia que se personará como acusación particular en el caso Enredadera.
El contrato para la colocación de dos radares en cuatro posibles emplazamientos en travesías de acceso a Verín y la gestión de sus multas fue gestionado durante el último mandato de Jiménez Morán, alcalde de Verín de 1995 a 2004 y de 2011 a 2015, y senador por designación autonómica desde 2011. El popular fue también el hombre de confianza al que Feijóo encomendó, sin éxito, intentar arrebatar en 2010 el control del PP de Ourense a los Baltar. Y en 2012 otorgó una licencia ilegal a una compañera de partido, entonces directora general de Turismo de la Xunta, Carmen Pardo, para edificar un chalé en suelo rústico.
Tras la adjudicación del contrato en noviembre de 2014, un recurso de la otra empresa que había competido por el concurso público demoró la ejecución del mismo. Después de las elecciones municipales de 2015, el gobierno local fue asumido por PSdeG y BNG, con el socialista Gerardo Seoane al frente, que consideró que el contrato era perjudicial para las arcas municipales y decidió bloquear su ejecución. Tras varias negociaciones infructuosas con la adjudicataria, esta presentó el pasado marzo una demanda contra el Ayuntamiento en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense en la que expone sus reclamaciones económicas y las expectativas de negocio que tenía con el contrato.
Según la demanda de la empresa, que se ampara en un informe pericial, “la cantidad a percibir por las sanciones tramitadas y efectivamente cobradas por el Ayuntamiento ascendería a 18.034.042 euros en los cuatro años objeto del contrato, de lo que resultaría el 35,01% que constituiría el pago a la adjudicataria una cantidad de 6.313.844,14 euros”. En esa cifra se basa la empresa para reclamar un 10%, 631.000 euros, como “beneficio dejado de obtener”, así como otros 225.000 euros por “costes ya asumidos”, lo que suma una petición de indemnización al Ayuntamiento de unos 850.000 euros. Por otra parte, esos 18 millones en multas gestionadas durante 4 años supondrían la imposición de un promedio de 12.000 euros en multas cada día durante ese período en un municipio de 14.000 habitantes. Como comparación, los presupuestos municipales totales del Ayuntamiento de Verín vienen rondando en los últimos años los 10 millones de euros.
El actual regidor, el socialista Gerardo Seoane, considera que esas cifras son reveladoras del “negocio” contrario a los intereses económicos del Ayuntamiento y de la ciudadanía de Verín que pretendía crear su antecesor, el popular Jiménez Morán. Y, a manera de contraataque contra la demanda formulada por la adjudicataria contra el Ayuntamiento, este miércoles el Ayuntamiento anunció que se personará como acusación particular en el caso Enredadera y que “ponen a disposición de la Fiscalía toda la documentación relativa al contrato adjudicado por este Ayuntamiento a la empresa Bilbomática para la colocación de radares en el término municipal, investigada a nivel nacional en la llamada Operación Enredadera”.
